Proyectos aprobados
Durante esta semana se aprobaron cuatro proyectos de Ley en primer debate y otros cuatro en segundo debate:
- Expediente 21302: Segundo Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2019 y Segunda Modificación Legislativa de la Ley N.° 9632, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2019 y sus reformas (segundo debate: 39 a favor, 2 en contra)
- Consiste, en primera instancia, en una desincorporación o rebajo de ingresos extraordinarios externos por un total de ¢6.588 millones de colones y de la incorporación del mismo tipo de ingresos por ¢7.494 millones, lo cual genera un incremento neto del plan de gastos por más de ¢906 millones.
- Expediente 20.098: Ley para la promoción del desarrollo sostenible de la cuenca del Río Naranjo y la protección del Parque Nacional Manuel Antonio (PNMA) (segundo debate: 45 a favor, 0 en contra)
- Impone una moratoria de 25 años para proyectos hidroeléctricos en la cuenca del río Naranjo, así como la extracción de materiales mineros.
- Expediente 19.578: Ley para Ratificar Enmienda III/A Convenio de Basilea (segundo debate: 39 a favor, o en contra)
- Los países desarrollados tendrán prohibido enviar desechos tóxicos a países no desarrollados.
- Expediente 20.508: Reforma parcial de Ley de Armas y Explosivos N° 7530 y sus reformas, del 10 de julio de 1995, artículos 3, 25, 34, 88 y 89 y adición de los artículos 88 bis, 88 ter y de un nuevo transitorio (segundo debate: 39 a favor, 0 en contra)
- Endurece los castigos por portación ilegal de armas y prohíbe adquirir municiones distintas a la del arma legalmente inscrita.
- Expediente 20.509: Reforma parcial a la Ley de Armas y Explosivos y sus reformas Ley N°7530 del 23 de agosto de 1995, artículos 7, 20, 23 y 51 (primer debate: 36 a favor, 5 en contra)
- Contiene la disposición de dos armas por persona, cuando la intención del Ejecutivo era reducirla a una por persona.
- Expediente 21.261: Ley de Derecho al Tiempo: reforma de artículo 31 del Código Procesal Penal, Ley N° 7594, de 10 de abril de 1996, para ampliar el plazo de prescripción de la acción penal en casos de delitos sexuales contra personas menores de edad o sin capacidad volitiva o cognoscitiva (primer debate: 42 a favor, 0 en contra)
- Se amplía a 25 años el plazo de prescripción para los delitos sexuales cometidos contra personas menores de edad o sin capacidad volitiva o cognoscitiva, de modo que su plazo para denunciar abusos de ese tipo será de hasta cuando cumplan 43 años de edad.
- Expediente 20.642: Aprobación del Convenio de Reconocimiento de Diplomas y Certificados de Estudios de Educación General Básica y Educación Diversificada o Educación Media y sus denominaciones equivalentes entre la República de Costa Rica y la República de Chile (primer debate: 42 a favor, 0 en contra)
- Compromiso de Costa Rica y Chile de reconocer los estudios completos cursados en los establecimientos de cada país, de Educación General Básica, y de educación diversificada o educación media o sus denominaciones equivalentes, así como el reconocimiento de estudios incompletos.
- Expediente 20.596: Ley para agilizar los procedimientos en el Tribunal Ambiental Administrativo (primer debate: 40 a favor, 0 en contra)
- Se eliminará el requisito de que las resoluciones en los procedimientos en fase de investigación sean firmados por un juez, y en su lugar lo sean por los abogados tramitadores de ese Tribunal.
Ley de Empleo Público, cierre de FONABE y transformación de RECOPE
Aprovechando que ya entró en vigencia la reforma integral al Reglamento de la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo presentó a la Asamblea tres proyectos que darán mucho de qué hablar en las próximas semanas:
Ley de Empleo Público
- Postulados y normas generales para todo el sector público, para unificar, simplificar y tener coherencia del empleo en los diferentes sub-sistemas del Gobierno.
- Único régimen de empleo público con ocho sub-regímenes, cuya rectoría recae en el MIDEPLAN.
- Competencias como base para determinar la idoneidad para ocupar un cargo público.
- Alta dirección pública regida por principios de excelencia y méritos
- Salario global competitivo
- Incentivos no monetarios para aumentar la productividad institucional.
- Reclutamiento y selección mediante procesos rigurosos, abiertos, democráticos y transparentes, donde todas las personas puedan participar libremente.
Ley para transformar RECOPE
- Se le cambia su nombre de Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE S.A.) a Empresa Costarricense de Combustibles y Energías Alternativas Sociedad Anónima (ECOENA S.A.)
- Nuevas funciones relacionadas con energías químicas alternativas.
- Exoneración de algunos controles para que pueda responder a desafíos actuales y futuros.
- Impulso para investigar, producir, importar y exportar, industrializar, almacenar, comercializar y transportar energías químicas alternativas.
- Autonomía e independencia administrativa, de recursos humanos, presupuestarios y financieros.
Cierre de FONABE
- Otorga al IMAS la potestad de liderar los programas de transferencias monetarias denominadas “Crecemos” para población de primera infancia y “Avancemos” para población de secundaria.
- Se deroga la ley de creación del Fondo Nacional de Becas (FONABE) y se establecen los transitorios para que sus bases de datos sean absorbidas por el IMAS.
- Recurso humano y físico será absorbido por el Ministerio de Educación Pública.
Admisión a reforma constitucional
El Plenario admitió para estudio la reforma constitucional impulsada por 12 diputados con la que se pretende modificar el artículo 116 de la Carta Fundamental para cambiar los plazos de los periodos de sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea Legislativa.
Se trata de la iniciativa tramitada en el expediente 21.145, el cual dispone que cada periodo ordinario y extraordinario dure seis meses, divididos en bloques de tres meses e intercalados entre sí.
De este modo, las sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa se realizarían del 1 de febrero al 30 de abril y del 1 de agosto al 31 de octubre, mientras que las extraordinarias irían del 1.° de mayo al 31 de julio y del 1 de noviembre al 31 de enero.
Con el cambio se pretende que el Poder Ejecutivo pueda impulsar su agenda en el Congreso durante sus primeros 100 días de gobierno, ya que actualmente el Presidente asume el cargo mientras la Asamblea Legislativa se encuentra en sesiones ordinarias y por ende, no puede influir en la agenda de proyectos que se conocen.
El paso que sigue para la reforma es la conformación de una comisión especial de diputados encargados de estudiarla y recomendarla al Plenario y, de seguido, un engorroso y repetitivo trámite de discusión y votación en cinco debates por el fondo, de los cuales dos deben darse en una legislatura y los otros tres en otra, entre los cuales debe además incluirse una consulta obligatoria a la Sala Constitucional y la voluntad del Presidente de la República de recomendar la reforma en su mensaje al Congreso del 2 de mayo.
11 diputados cuestionan reforma a Ley de Armas en la Sala Constitucional
Los diputados Pablo Heriberto Abarca, María Inés Solís, Pedro Muñoz, Aracelly Salas, Oscar Cascante, Shirley Díaz, Patricia Villegas, Walter Muñoz, Zoila Volio, Dragos Dolanescu y Mélvin Nuñez presentaron ante la Sala Constitucional una consulta para que los magistrados declaren que la reforma a la Ley de Armas y Explosivos tramitada en el expediente 20.509 tiene roces con la Constitución Política, al disponer la reducción de armas permitidas por persona de tres a dos, entre otras medidas.
Los diputados esbozaron varios argumentos de inconstitucionalidad para impugnar el proyecto:
- La reducción de 3 a 2 armas permitidas por persona es inconstitucional por “clara” violación al derecho de propiedad privada.
- La ley no dispone qué pasará con las personas que ya tuviesen tres armas o en los casos donde se adquirieron armas que ahora pasarán a estar prohibidas
- Violación al principio de proporcionalidad pues dispone que una vez otorgada la matricula de un arma esta debe ser renovada cada 6 años.
- Violación al principio constitucional de presunción de inocencia pues impide el acceso a armas a personas que hayan sido elevadas a juicio por delitos contra la libertad, delitos sexuales e infracción a la Ley de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado y Actividades Conexas, Crimen Organizado y cualquier otro delito donde medie la violencia.
La Sala ya admitió la consulta para estudio, por lo que ahora la Asamblea debe enviar copia del expediente a los magistrados y a partir de ese momento se tendrá un mes para que se emita pronunciamiento.
