Este lunes empezó la aplicación del Reglamento de la Asamblea Legislativa tal y como fue reformado un mes atrás por los diputados, en los cambios más sustanciales que se le han hecho a su cuerpo normativo en décadas.
La reducción en los tiempos de tramitación, que promete una ley votada en 400 días naturales en lugar de 800 fue aprovechada por el Poder Ejecutivo para presentar tres proyectos de ley que darán mucho de qué hablar en los próximos meses: reforma al empleo público, reforma a RECOPE y el cierre definitivo del Fondo Nacional de Becas (FONABE).
Las iniciativas fueron presentadas por la ministra de Planificación, Pilar Garrido al Congreso y se resumen en lo siguiente:
Ley de Empleo Público
- Postulados y normas generales para todo el sector público, para unificar, simplificar y tener coherencia del empleo en los diferentes sub-sistemas del Gobierno.
- Único régimen de empleo público con ocho sub-regímenes, cuya rectoría recae en el MIDEPLAN.
- Competencias como base para determinar la idoneidad para ocupar un cargo público.
- Alta dirección pública regida por principios de excelencia y méritos
- Salario global competitivo
- Incentivos no monetarios para aumentar la productividad institucional.
- Reclutamiento y selección mediante procesos rigurosos, abiertos, democráticos y transparentes, donde todas las personas puedan participar libremente.
Ley para transformar RECOPE
- Se le cambia su nombre de Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE S.A.) a Empresa Costarricense de Combustibles y Energías Alternativas Sociedad Anónima (ECOENA S.A.)
- Nuevas funciones relacionadas con energías químicas alternativas.
- Exoneración de algunos controles para que pueda responder a desafíos actuales y futuros.
- Impulso para investigar, producir, importar y exportar, industrializar, almacenar, comercializar y transportar energías químicas alternativas.
- Autonomía e independencia administrativa, de recursos humanos, presupuestarios y financieros.
Cierre de FONABE
- Otorga al IMAS la potestad de liderar los programas de transferencias monetarias denominadas "Crecemos" para población de primera infancia y "Avancemos" para población de secundaria.
- Se deroga la ley de creación del Fondo Nacional de Becas (FONABE) y se establecen los transitorios para que sus bases de datos sean absorbidas por el IMAS.
- Recurso humano y físico será absorbido por el Ministerio de Educación Pública.
Aprobado segundo presupuesto extraordinario
El Plenario aprobó en segundo debate el segundo presupuesto extraordinario del Gobierno Central para este 2019, el cual fue previamente dictaminado afirmativamente por la Comisión de Asuntos Hacendarios el 26 de marzo anterior.
El proyecto fue votado afirmativamente por 39 diputados y únicamente votaron en contra el legislador del PIN, Wálter Muñoz y el republicano-socialcristiano, Dragos Dolanescu.
La modificación al plan de gastos del Ejecutivo consiste, en primera instancia, en una desincorporación o rebajo de ingresos extraordinarios externos por un total de ¢6.588 millones de colones y de la incorporación del mismo tipo de ingresos por ¢7.494 millones, lo cual genera un incremento neto del plan de gastos por más de ¢906 millones.
El monto desincorporado corresponde a recursos de proyectos financiados con préstamos externos, los cuales finalizaron su ejecución. A raíz de ello, los saldos restantes deben ser desincorporados del presupuesto, de la siguiente forma:
- Programa de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Sixaola: ¢206.128.544.88
- Programa de Turismo en Áreas Silvestres Protegidas: ¢2.935,87
- Primer Programa Red Vial Cantonal: ¢1.639.688.032,93
- Programa de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural II: ¢287.045.976,54
- Proyecto Bajos de Chilamate-Vuelta Kooper. ¢4.455.431.757,40
En contraparte, las incorporaciones que se realizan son las siguientes:
- Crédito BID-Nº4433/OC-CR Programa de Emergencias en Respuesta a la Tormenta Tropical Nate: ¢828.200.000,00
- Crédito BIRF Nº8194-CR Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior Ley Nº9144: ¢988.831.998,44
- Préstamo CR-P4 Ley 8559 Proyecto de Mejoramiento del Medio Ambiente del Área Metropolitana de San José. Banco Japonés de Cooperación Internacional (JBIC): ¢5.677.441.044,95
Finalmente, se realizan las siguientes modificaciones presupuestarias por ¢482.897.426,31 correspondientes a recursos para la atención de gastos comprometidos pero no devengados al 31 de diciembre de 2018, que corresponden a compromisos adquiridos con terceros producto de la adquisición de bienes y servicios autorizados en el presupuesto 2018:
- Contraloría General de la República: ¢5.243.086,57
- Ministerio de Seguridad Pública: ¢2.514.758,40
- Ministerio de Agricultura y Ganadería: ¢1.219.060,00
- Ministerio de Obras Públicas y Transportes: ¢6.071.136,6
- Ministerio de Educación Pública: ¢467.849.384,74
Primer debate a proyecto para agilizar procedimientos del Tribunal Ambiental Administrativo
Los diputados dieron primer debate al expediente 20596 denominado Ley para agilizar los procedimientos en el Tribunal Ambiental Administrativo, con el cual se eliminará el requisito de que las resoluciones en los procedimientos en fase de investigación sean firmados por un juez, y en su lugar lo sean por los abogados tramitadores de ese Tribunal.
Ello, a criterio de los defensores de la iniciativa, permitirá reducir el tiempo de tramitación de las denuncias por conductas que infrinjen el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pues actualmente el mayor porcentaje de las resoluciones que emite el Tribunal corresponde, precisamente, a resoluciones de trámite del proceso de investigación.
También el proyecto agrega y delinea de mejor forma los requisitos de contenido de la denuncia del artículo 107 de la LOA, y elimina la obligación de asesorarse de la Setena, ampliándose el apoyo asesor en otros órganos públicos y privados, ello en afectación al artículo 109 también de la Ley N° 7554.
Villalta denuncia intentos de debilitar plataforma para comprar bonos del Gobierno sin pagar comisiones a puestos de bolsas
El diputado José María Villalta denunció ante el Plenario legislativo que presiones internas están poniendo en riesgo la plataforma conocida como Tesoro Directo, con la cual el Gobierno puede hacer colocaciones directas de deuda pública sin tener que pasar por la Bolsa Nacional de Valores, así como la plataforma SINPE para que el gobierno pueda hacer subastas de bonos sin la intermediación de esa bolsa, con el consecuente ahorro de las comisiones que hoy se pagan.
Villalta reseñó que obtuvo información de "fuertes presiones" a lo interno del Ministerio de Hacienda para restarle capacidades tanto a Tesoro Directo como a la posibilidad de subastas a través de SINPE. Dichas presiones, según él, se presentan en el "Comité de Seguimiento de Asistencias Técnicas para la Mejora en la Gestión de la Deuda Pública", conformada por la Superintendencia General de Valores, el Banco Central de Costa Rica, Tesorería Nacional y.... la propia Bolsa Nacional de Valores.
Así como lo leen: la entidad que se vería afectada si el Gobierno decide emplear a total capacidad Tesoro Directo y las subastas a través de SINPE, participa del comité que discute si esas dos herramientas se utilizan a su plena capacidad...
El diputado señaló que sus sospechas aumentaron luego que todas las instituciones que integran ese comité reconocieran su existencia, excepto el Ministerio de Hacienda.
"Estamos ante otro caso de las élites económicas presionando al poder político para proteger sus propios bolsillos, perjudicando las finanzas públicas. No existe ningún criterio técnico que justifique atrasar más la implementación de la plataforma Sinpe ni debilitar la participación de Tesoro Directo. La única explicación es que existan fuertes presiones a lo interno del gobierno para evitar –a toda costa– que se vean perjudicados los negocios de la Bolsa Nacional de Valores", denunció Villalta.
El congresista dijo que le envió un oficio a la ministra de Hacienda informándole que era inapropiado e ilegal que la Bolsa Nacional de Valores participara de ese comité.
"El Gobierno tiene posibilidades de colocar la deuda sin pasar por la Bolsa, generando ahorros para las finanzas públicas. Y claro, ese ahorro implica que el negocio privado de la Bolsa deje de percibir esos ingresos. Entonces ¿alguien tiene dudas que la Bolsa va a presionar, desde adentro de un Comité institucional, para evitar que la deuda se coloque por las plataformas públicas?", agregó.
