Escuche la versión en audio de este Reporte (para suscriptores D+)
— El diputado José María Villalta (FA) denunció ayer que “obligar al ICE a comprar energía de generadores privados está desangrando sus finanzas”.
— Según su exposición el ICE pudo haberse ahorrado 146.663 millones de colones “si no estuviera obligado a comprar energía que no necesita y a un precio mayor que la que puede producir”.
— Villalta asegura que las leyes 7200 y 7508 crearon un “negocio redondo” para enriquecer empresas privadas a costas de la finanzas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), obligando a la institución a comprar energía más cara sin que exista la necesidad de hacerlo.
— La información es producto del primer informe de la investigación que desarrolla el despacho de la fracción del Frente Amplio sobre el impacto financiero del modelo de cogeneración eléctrica. Así encontraron que entre los años 2010 y 2018 se obligó al ICE a pagar una suma cercana a los $1.333 millones a generadores privados por energía innecesaria y más cara de la que el propio ICE puede producir.
— ¿Cuánto cuesta esta generación privada a las finanzas del ICE? Los números del Frente Amplio indican que se trata de un 37% dentro de la estructura de costos del sistema de generación del ICE para el año 2018.
— — Villalta hace especial énfasis en que no solo le sale al ICE más caro comprarla (obligado por ley) que producirla, sino que además no lo necesita según los datos que la propia Irene Cañas (presidenta ejecutiva) ha compartido y que demuestran que el instituto tiene la infraestructura necesaria para abastecer al país por los próximos 8-10 años.
— Además, “encima de que tiene que comprar una energía que no necesita para cubrir la demanda que tiene cubierta, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos no le reconoce esos gastos”, indica Villalta.
— La propia Cañas así se lo dijo a los diputados en su comparecencia: “…Una de las observaciones que le hago a la ARESEP, es que esta nueva metodología es un poco perversa porque en realidad no estoy pidiendo un aumento tarifario, lo que estoy pidiendo es que me reconozca lo que realmente tengo que pagar por contratos de generación privada”.
— El Frente Amplio presentará una moción ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público para ampliar la investigación aprobada e incluir este tema... Como les hemos venido diciendo hace rato: el tema ICE se va a complicar mucho en 2019. Y bueno, por hoy no hemos terminado..
— Resulta que la diputada Ana Lucía Delgado Orozco (PLN) denunció ayer miércoles que la ministra de Cultura, Sylvie Durán Salvatierra y el gerente de Electricidad del ICE, Luis Pacheco Morgan, firmaron un convenio ilegal por un monto de casi $4.5 millones para que la institución construyera el Centro Cultural de Bandas en Santa Lucía, en Barva de Heredia.
— Delgado llamó la atención sobre el hecho de que el convenio N° 030-17 fue suscrito el 22 de diciembre del 2017, tanto solo cuatro días después de que el Departamento Jurídico de Cultura emitiera un criterio negativo mediante el oficio A.J. 530-2017, el cual señala “… No le es factible jurídicamente a ninguna institución estatal la realización de alianzas, convenios o cualquier otra forma de vínculo con el ICE…”.
— La diputada indicó que el viceministro de Cultura de ese entonces, Max Valverde, solicitó un nuevo criterio a Presidencia (Sergio Alfaro) y dos días después recibió la autorización por parte de la Dirección Jurídica de Presidencia. Al respecto, dijo Delgado:
El proyecto es importante y necesario para la provincia, el problema es que no existe un marco legal que permita al ICE construir este tipo de obras, a mi criterio disfraza una contratación, la cual, la misma Contraloría General de la República había señalado en el oficio DCA-1767 del 3 de julio del 2014, pues existe una contraprestación y un objeto claro de contratación. Lo preocupante es observar incluso anticipos del 95% del valor de la obra de forma inmediata.
— Además, agregó: “Hoy cumplimos más de un año de ese traslado y aunque existe una garantía colateral- propia de contratación administrativa- la obra aún no existe, por lo que estamos ante posibles delitos contra los deberes de la función pública”.
— Delgado aseguró que la información y prueba documental recopilada en esta investigación será trasladada a la Contraloría General de la República. Estaremos pendientes.
Esta nota es parte del Reporte: Restauración en la picota y el ICE en problemas.
