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— ¿Cuánto no les hemos informado sobre la crisis de la Caja Costarricense del Seguro Social? El año pasado les contamos, para poner un par de ejemplos, que el Estado le debe más de 1 billón de colones a la Caja y que se consignaron manejos “desafortunados” de cerca de $320 millones en la compra de equipamiento, entre otras amargas noticias que llevamos años oyendo y que quizá, hasta ayer, no dimensionamos correctamente.

— Hasta ayer, sí, cuando trascendió que la Fiscalía Anticorrupción ya tiene listas las acusaciones contra 18 funcionarios de la Caja, entre altos funcionarios, exgerentes y exmiembros de la Junta Directiva, acusándolos de haber sido responsables de la crisis de la institución y de poner en riesgo los fondos del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

— La cosa está así: la Junta Directiva y las gerencias de la institución aprobaron el aumento de salarios y cesantías a altos funcionarios que fueron dados entre el periodo del 2006 y 2010 con fondos que habrían salido, presuntamente ¡de nuestro fondo de pensiones! Pónganle atención a las declaraciones a la prensa del Fiscal Adjunto, Glen Calvo, que no hacen más que dejarlo a uno frío cuando señala que hubo

(...) traslados de dinero de un fondo al otro, traslados de dinero que la ley no permitía con los que trataban de llenar los huecos financieros que existían en el fondo del IVM, que eran provocados por subidas en cesantías y salarios de los altos funcionarios a los que ahora se investiga.

— El economista de la Caja, Daniel Muñoz, quien denunció estos temas desde 2012, aseguró en un vídeo compartido en redes sociales, que la cosa sucedió así:

El origen de la crisis financiera del seguro de salud dataría desde el año 2008, cuando la Junta Directiva aprobó la elaboración de un proyecto de política salarial; proyecto cuyos resultados lamentablemente fueron falseados por altos funcionarios de la jerarquía de la Caja, haciendo que la Junta Directiva aprobara una política salarial alejada de los resultados negativos que estarían desequilibrando el régimen, toda vez que tenían pretensiones para aumentar beneficios a cierto conjunto de trabajadores de la Caja. Al falsearse los resultados verdaderos que nos daban viabilidad a estos incrementos, en el 2009 se aprobaron estos beneficios y eso se hizo al margen de la valoración actuarial de este seguro, al 2025.

— Pues bien ¿qué fue lo que motivó esta situación? Según una entrevista que tuvimos desde Delfino.cr ayer con la experta en políticas sociales y ex integrante de la Comisión de Notables que analizó la crisis de la CCSS, Juliana Martínez, aquí hubo decisiones políticas que no se pueden perder de vista (lean la entrevista completa aquí).

El tema es por qué las personas que tomaron esta decisión estaban tan interesadas en una política salarial expansiva ¿A quién le servía eso? Veníamos de la crisis que recibió don Óscar Arias cuando arrancó su Gobierno y veníamos de financiar con el Estado el referéndum, o sea, solo así podés explicar que en todo el sector público el aumento de salarios fue muy importante, el aumento de pensiones también... es decir que entre 2006 y 2010 hubo un esfuerzo muy importante para ampliar gasto público y fue una decisión de la administración, bien, mal o más o menos, pero lo cierto es que en el caso de la Caja fue mal porque no era sostenible todo lo que se decidió hacer y el tema central es que las personas que tomaron la decisión sabían que no lo era y había gente desde ese momento dando la voz de alarma, no solo 7 años después con el periódico del lunes. Esos son elementos que nos dicen que hubo dolo y que hubo una construcción de esa crisis que se pudo haber evitado y que ahora nos tiene a donde nos tiene tratando de ver qué hacemos con los fondos de IVM y con toda la crisis del sistema de salud porque aunque no se origina toda aquí, claramente es un momento de inflexión.

— Entre los nombres que acusará la Fiscalía figuran la actual directora del Hospital San Juan de Dios, Ileana Balmaceda, quien además fue la presidenta ejecutiva de la entidad; Eduardo Doryan, el jerarca de la institución en el gobierno de Oscar Arias; y Gustavo Picado, el actual gerente financiero de la Caja, además de jerarcas de la Dirección de Inversiones, de la Tesorería General, de la Dirección Actuarial, Financiera, Logística, de Cobros, de Colocación de Valores, de Recursos Humanos, de Inversiones, de Presupuesto... ¡o sea todo el mundo!

— Calvo señaló en declaraciones a la prensa que la causa tiene 18 personas acusadas por los delitos de influencia contra la hacienda pública, de fraude de ley y de administración fraudulenta. Y aunque el Fiscal aseguró que no puede dar montos específicos de cuánto es de lo que estamos hablando, sí señaló que es de "un monto bastante alto" de recursos ¡de nuestras pensiones! mal manejados.

— Pero suave, que esto no se queda aquí: la causa inició en el año 2012 pero hasta ahora está en proceso de entrar formalmente a juicio ¿por qué? Adivinen. Según la fiscala general, Emilia Navas, cuando fue consultada sobre el tema:

Es uno de esos casos que estaban sin resolver en la Fiscalía de la gestión pasada y habría que preguntarle a los que eran responsables del caso.

— Otra vez Jorge Chavarría... Navas agregó:

Se hicieron diligencias que tenía que haberse hecho hace mucho tiempo y este año, cuando hicimos el análisis de la prueba, se determinó que la misma podía arribar a la posibilidad de que el hecho aconteció y por eso se formuló una acusación en contra de 18 personas, muchos de ellos de la exjunta directiva de la Caja.

— Calvo adicionó que este es un tema complejo que involucra muchos aspectos que, unidos a la gestión anterior de la Fiscalía, son los que ahora generan que el proceso avance hasta 7 años después de iniciada la investigación y 9 años después de ejecutados los hechos, a la vía judicial:

Los casos de corrupción son casos sumamente complejos que no involucran solamente a testigos formales, sino también elementos financieros, a peritos especializados, auditores y subauditores... y la prueba que usted puede esclarecer que es bastante compleja. En el caso específico de un fraude de ley, tenemos que realizar todos y cada uno de los análisis directos de los actos administrativos, de quién los llevó a cabo y cómo y algo que nos permita a nosotros encontrar en el fondo del acto, que a todas luces es legal, donde se encuentra la ilegalidad.

— Según Calvo, la causa ya está redactada y lista para ser presentada y comunicada a las partes. Luego habrá que esperar a que la Procuraduría General (abogada del Estado en estos casos) indique si va a presentar querella y acción civil y de ahí el siguiente paso es el juzgado penal. Según el fiscal, el tema ya se está notificando a la Procuraduría y por ello ya se puede comunicar a la ciudadanía.

— Cerramos pidiéndoles a ustedes, ciudadanía comunicada y ya informada, que no le pierdan el ojo al tema. La crisis de la Caja, institución pilar de este país no es jugando, es "una bomba de tiempo", como señaló el defensor adjunto, Juan Manuel Cordero, ante la Asamblea Legislativa el año pasado.

Bonus Track: Lean el HOY de la entrevista con Juliana Martínez: "Lo que pasa con la Caja depende de lo que la ciudadanía pueda hacer para defenderla".

Esta nota es parte del Reporte: Estalla la crisis en la Caja: peces gordos en problemas (y los costarricenses también)