El Plenario de la Asamblea aprobó este lunes tres proyectos de ley en segundo debate, dos de ellos de relevancia nacional.
El primer proyecto en recibir el visto positivo final fue la Ley sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, un proyecto ideado por la Contraloría General de la República y que fue acogido por los diputados del periodo 2014-2018, bajo el expediente 20.202.
Aunque inicialmente el proyecto establecía que las instituciones del Estado serían las responsables de realizar el refrendo, mediante una guía preparada por la Contraloría (pasando esta última a ejercer un control a posteriori), la Sala Constitucional determinó que la medida era contraria a la Carta Fundamental, pues allí se le asigna a la Contraloría —y no a otras instituciones— la función del refrendo.
Tras subsanar la redacción para eliminar las normas inconstitucionales, el Plenario votó el proyecto nuevamente en primer debate y este lunes concluyó el segundo, con una votación unánime por los 47 diputados presentes.
La Ley permitirá a los jerarcas de instituciones públicas dar la orden de ejecutar un contrato sin refrendo de la Contraloría, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: a) El contrato se encuentra vigente, b) Se acredita que la ejecución sin refrendo permite la debida satisfacción del interés general o evita daños o lesiones a los intereses públicos y c) Se determina que lo ejecutado de previo al refrendo no compromete el cumplimiento del objeto contractual.
El segundo proyecto en recibir votación afirmativa fue la ampliación del plazo fijado en el Transitorio I de la Ley que declaró a Costa Rica libre de minería metálica a cielo abierto, tramitado en el expediente 21.242.
Con este proyecto, que deberá publicarse "a la carrera" en La Gaceta en los próximos días, se le otorga cuatro años más a los coligalleros de Abangares para que migren a técnicas de minería más amigables con el ambiente. Mientras ello ocurre, podrán continuar usando cianuro en sus actividades.
Finalmente, el Plenario aprobó una autorización a la Municipalidad de San José para que un terreno inscrito como parque, en el cual se ubican varias casas en la Urbanización Umará de San Sebastián, pase a ser terreno habitable y con ello, los actuales pobladores se puedan mantener allí.
El Departamento de Servicios Técnicos advirtió al Congreso que este proyecto —tramitado en el expediente 20.898— violenta la independencia de poderes, pues la Sala Constitucional le había ordenado a la Municipalidad de San José desalojar a esos habitantes en un plazo de 18 meses, sin embargo, con este proyecto, el desalojo no tendrá lugar.
Otro expediente aprobado fue el permiso de atraque, permanencia en puerto y desembarque de la tripulación del buque de la Marina Real Holandesa "HNLMS Neeland", el cual llegará a Puerto Limón el 8 de marzo y se mantendrá hasta el 11 del mismo mes.
Contraloría lanza advertencias sobre presupuesto de 'U' públicas
La contralora general de la República, Marta Acosta, compareció ante la Comisión Especial encargada de investigar el financiamiento de las Universidades Públicas de Costa Rica y lanzó una serie de advertencias sobre los planes de gasto de esos centros de enseñanza superior.
Específicamente, Acosta señaló que el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), la Universidad Técnica Nacional (UTN) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED) se quedarán sin fondos suficientes para cubrir sus gastos antes de la llegada del año 2025, si continúa la actual tendencia de un crecimiento de los gastos muy por encima de sus ingresos.
Acosta recordó que el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) solo cubre cerca del 75% de los gastos de las universidades estatales, por lo que el otro 25% debe ser cubierto por las universidades mediante matrícula, venta de bienes y servicios, renta de activos, etc.
El inconveniente para el TEC, la UTN y la UNED es que según la Contraloría, esos rubros solo le generan 9% de los ingresos, por lo que dentro de unos años no tendrán plata suficiente para cubrir sus necesidades ordinarias. Ello las hace dependientes de las transferencias de un Gobierno Central, cuyas limitaciones presupuestarias son considerables.
Acosta además criticó que las universidades tengan superávits que ascienden a los 175 mil millones de colones, al tiempo que hizo un llamado a que esos centros de estudios sean más transparentes a la hora de presentar su información financiera.
De igual forma, la Contralora recomendó que la UTN sea de una vez por todas incluida dentro del FEES. Según ella, si eso se hubiese hecho, desde el año 2010 se habría alcanzado la inversión en educación pública superior de 1,5% del PIB, el cual se encuentra dentro del 8% del PIB destinado a toda la educación pública estatal.
Desechada moción para que diputados no modifiquen proyectos del Ejecutivo
La Comisión Especial encargada de dictaminar la Reforma General al Reglamento de la Asamblea Legislativa rechazó la moción impulsada desde la Comisión de Reforma del Estado (popularmente conocida como Comisión de Notables), que pretendía eliminar el derecho de enmienda de los diputados sobre proyectos presentados por el Poder Ejecutivo, dándole a este último la posibilidad de escoger si su iniciativa podía recibir o no mociones de fondo e inclusive, seleccionar cuáles serían admitidas o no.
La iniciativa nació como una copia del modelo implementado en la Constitución Política de Francia, sin embargo, causó malestar en la oposición, desde donde consideraron la propuesta como antidemocrática y totalitaria.
El proyecto de reforma reglamentaria quedó dictaminado afirmativamente por la Comisión Especial este lunes, por lo que ahora pasa al Plenario para el trámite de mociones, previo a poder ser aprobado con una sola votación.
