Proyectos aprobados
Durante su primer semana de trabajo del 2019 los diputados aprobaron tres proyectos de ley en segundo debate y dos más en primer debate.
- Expediente 21.007: Eliminación del inciso r del artículo 57, Título III, Capítulo VIII Reformas y Derogaciones a Disposiciones Legales de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas e interpretación auténtica del Transitorio XLII de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (ver registro de votación en primer debate)
- Propósito: Proteger el incentivo de "recargo" de los funcionarios del Ministerio de Educación.
- Expediente 19.469: Cambio de nomenclatura del Cantón XII de la provincia de Alajuela, para que en adelante se denomine Sarchí (ver registro de votación en primer debate y segundo debate)
- Propósito: Cambiar el nombre de Valverde Vega por Sarchí.
- Expediente 19.453: Aprobación del memorándum de entendimiento en cooperación en ecoturismo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la Mancomunidad de Dominica (ver registro de votación en segundo debate)
- Expediente 20.449: Aprobación de la adhesión a los estatutos del Centro Internacional para el Estudio de la Conservación y Restauración de los Bienes Culturales ICCROM (ver registro de votación en segundo debate)
- Expediente 19.548: Ley de Movilidad y Seguridad Ciclística (ver registro de votación en primer debate)
- Propósito: Incentivar la bicicleta como medio de transporte en el país.
Reconocimiento a Banda de Acosta
El Plenario aprobó realizar un reconocimiento a la Banda Municipal de Acosta tras su notable participación en el Desfile del Torneo de las Rosas que se realizó en Pasadena, California a inicios de año.
Dada la gran cantidad de personas que pusieron el nombre del país en alto, el reconocimiento se entregará de forma presencial al alcalde de Acosta, Norman Hidalgo y a los directores de la banda José Manual Mora y Julio César López.
Polémica por Crucitas
La situación en Crucitas continúa complicándose y las tensiones se trasladaron al Congreso.
El ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, debió pedir disculpas al PLN luego de tildar de mentirosos, manipuladores y otros calificativos a los diputados de la bancada verdiblanca, quienes revelaron al público un estudio que da cuenta de una creciente contaminación por mercurio en Crucitas y que, en sus conclusiones, recomienda derogar la moratoria a la minería metálica a cielo abierto.
Los ataques fueron lanzados durante una entrevista realizada al ministro en la revista televisiva de Costa Rica Noticias, la cual se grabó desde el Congreso. Naturalmente que un ministro de Estado llegue al Primer Poder de la República a insultar diputados no es la mejor forma de iniciar las relaciones Ejecutivo-Legislativo en el 2019...
Rodríguez también debió reconocer a los legisladores, un día después, que sus cálculos sobre el monto que ha sido robado al Estado por extracción ilegal de oro asciende ya casi a los 100 millones de dólares, muy lejos de los 2 millones que él inicialmente afirmaba en prensa.
Inhabilitación para empresas que incumplan contratos viales
La Comisión de Asuntos Económicos le dio visto bueno unánime a un proyecto de ley que permitirá inhabilitar a una empresa que incumpla, sin justificación, los términos o condiciones de un contrato de infraestructura vial.
El proyecto de ley caería como anillo al dedo para el Estado, ya que en los últimos cinco años se han registrado más de 500 incumplimientos en contratos de obra pública vial, pero solo tres han resultado en una inhabilitación para la empresa responsable.
Desconocimiento a Nicolás Maduro
El Plenario aprobó una moción para respaldar la decisión del Gobierno de Costa Rica de suscribir la declaración del Grupo de Lima, en la cual se desconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela a partir del 10 de enero, día en que asumió un segundo mandato tras las pasadas elecciones presidenciales.
El único que se opuso a la moción, propuesta por el Partido Liberación Nacional, fue José María Villalta del Frente Amplio, quien en Facebook alegó que lo hizo porque la moción solicita al Gobierno romper relaciones diplomáticas con Venezuela y que eso, a su parecer, afectaría a funcionarios de la empresa ALUNASA, una de las principales fuentes de trabajo de Esparza.
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