El Plenario tuvo una calma sesión este martes luego de la agitada, polémica y desafortunada jornada del día previo.
Tras el espacio de control político y una conferencia de prensa, se votó en segundo debate la Ley de Movilidad y Seguridad Ciclística, tramitada en el expediente 19.548. Cuarenta y un congresistas votaron a favor, ninguno en contra.
El propósito de esta nueva legislación es promover y regular el uso de la bicicleta como medio de transporte, trabajo y recreación, con el propósito de lograr un beneficio para la salud humana y desarrollar una alternativa a los medios de transporte de personas en zonas urbanas y rurales, complemento para la disminución del uso de combustibles fósiles en transporte, reduciendo el colapso vial ocasionado por la flota vehicular nacional.
Para lograr lo anterior, se establece como incentivo fiscal que las empresas y los patronos puedan deducir de la declaración tributaria de renta bruta anual, por única vez, los siguientes gastos:
- Adquisición, construcción o remodelación de muebles o inmuebles de:
- Estacionamiento y/o almacenamiento de bicicletas.
- Servicios sanitarios con duchas y espacio de vestuario y/o cambiador.
- Adquisición de bicicletas y equipos de reparación de bicicletas para el uso de empleados y funcionarios, en el lugar de trabajo.
Asimismo, la ley declara como "obligatoria" la educación vial. Se deberá impartir como una materia más en el sistema educativo costarricense, costeada por el Estado e impartido en la Educación Preescolar, General Básica, Media, Diversificada y técnico profesional y vocacional.
Dato D+: El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa duda de la constitucionalidad de la medida anteriormente mencionada, por ser competencia exclusiva del Consejo Superior de Educación.
Gobierno presenta proyecto para regular Uber
El Poder Ejecutivo presentó este martes a la Asamblea el proyecto de ley para regular plataformas de transporte como Uber, último día habilitado por los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos para recibir la propuesta gubernamental, pues de lo contrario serían ellos quienes redactarían la iniciativa.
El proyecto se tramitará en el expediente 21.228 y se denomina "Reforma al sistema de transporte remunerado de personas y regulación de las empresas de plataformas tecnológicas de transporte".
Dentro de los puntos que destacan de la iniciativa se encuentran que el servicio estará sujeto al impuesto al valor agregado del 13% y al impuesto sobre remesas al exterior de 8,5%.
Las empresas como Uber que hayan operado en Costa Rica de previo a la aprobación de la ley, deberán pagar por su registro un monto equivalente a 18.600 salarios base (¢8.299 millones).
Esos recursos se usarán para crear el Fondo Nacional de Movilidad administrado por el Consejo de Transporte Público, que también se financiará con un aporte del 3% sobre el precio final cobrado en cada servicio de un conductor de plataformas como Uber.
El fondo deberá usarse para modernizar el transporte público y durante los primeros ocho años de vigencia de la ley, se usará para mejorar la modernización de la flota de taxis.
En el caso de los taxis rojos, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) establecerá una tarifa máxima que contemple el primer kilómetro más el recorrido adicional, quedando autorizados los conductores a transar un precio menor con el usuario. Éste deberá ser indicado si hay acuerdo entre el conductor y el usuario, antes de iniciar el servicio.
