1. 

El año que conocimos (más) a la Tremenda Corte

— Superado el 2018 podemos decir con tooooda certeza que fue un año complicado para todo el país. Ehm, muy complicado.

— Si bien no cabe duda de que el Ejecutivo pasó de congoja en congoja la verdad es que salvo un par de bajas menores se podría decir que salió bien librado de su primer semestre al mando. La Corte, en cambio, inició el 2018 arrastrando la resaca de El Cementazo y, aunque para su suerte las aguas de la opinión pública ya se relajaron (lamentablemente), lo cierto es que primero tuvo que pagar un precio muy alto.

— El personaje principal de la trama siguió siendo Celso Gamboa, quien mientras seguía suspendido trató de salvar su pellejo poniendo las dudas y los reflectores sobre los demás magistrados de la Sala III en la desestimación del caso de las llamadas entre Juan Carlos Bolaños y los entonces diputados Otto Guevara Gutt y Víctor Morales Zapata.

— Al final y a pesar de tratarlo por todos los medios, Gamboa no logró evitar que el Congreso lo destituyera el 10 de abril pasado en una MUY agitada sesión.

— Pero el caso no terminó ahí ya que la Corte Plena mantenía una investigación disciplinaria contra los otros 4 magistrados por su actuar en el caso. Y, en su jornada más oscura, la Corte Plena voto por sancionar a los cuatro magistrados con una amonestación escrita. ¡Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley! decía Gamboa.

— El accionar de la corte no pasó desapercibido, y los magistrados no tardaron —con una polémica movida— en revertir su decisión para aplicar una sanción de dos meses sin goce de salario a los 4 imputados. Un desorden absoluto.

— Sin embargo, Carlos Chinchilla se adelantó con jugada magistral a la movida de la Corte y dejó su puesto como magistrado y presidente de la Corte por la puerta de atrás, acogiéndose a su pensión antes de que la Corte aprobara en firme la suspensión.

— El Cementazo cobró así su tercera víctima de alto perfil. Primero cayó el fiscal general Jorge Chavarría. Luego el magistrado Gamboa. Y luego el magistrado Chinchilla. La corte quedaba entonces sin cabeza.

Dato D+: Los 421 días al frente del Poder Judicial de Carlos Chinchilla representan el periodo más corto de un presidente en la historia de la Corte Suprema de Justicia, y el único legado histórico que dejó Chinchilla en la Corte.

— Pero las cosas no se quedaron ahí... Doris Arias —una de las magistradas sancionadas— aplico una medida cautelar en horas de la madrugada para detener la suspensión. Y aquello fue otro drama.

— La acción de Arias no pasó sin cuestionamientos y hasta la Fiscalía General abrió una investigación por supuesto tráfico de influencias, que terminó involucrando a la también magistrada Rocio Rojas... ¿En qué parará la causa? Ya veremos.

— La magistrada Arias prefirió entonces aplicar un #Chinchillazo y acogerse a su pensión antes de tener que pasar dos meses sin goce de salario por la suspensión recibida.

— El caso dejó entonces a la Sala III durante los dos meses que estuvo suspendido el magistrado Jesús Ramírez en las manos de los seis magistrados suplente que seguían nombrados para ese momento. No. Había. Un. Solo. Magistrado. Titular. Un escándalo sin precedentes.

— El final del año no traería mejores momento para el Poder Judicial que —tras superar el trance del fallo histórico sobre el matrimonio igualitario— vivió otro lapso oscuro en medio de la discusión fiscal que tenía dividido —una vez más— al país.

— En una esperada sesión de Corte Plena, el 16 de octubre, 11 magistrados —liderados por Fernando Cruz— resolvieron que el Plan Fiscal afectaba la independencia judicial.

— La discusión de la Corte inicio con un histórico y polémico discurso del nuevo presidente Cruz, quien con tal de decir lo que quería decir renunció a su lugar en la Sala Constitucional para cuando se discutiera la constitucionalidad del plan fiscal.

— Al final, la decisión tomada por la Corte fue revertida por la Sala Constitucional, la cual de forma unánime señaló que la reforma fiscal no afectaba la independencia judicial, dejando la imagen de los 11 magistrados que afirmaron que así era —especialmente la de Fernando Cruz— seriamente golpeada.

— De este episodio cabe rescatar lo dicho por el magistrado Román Solís en medio de la discusión:

Algo anda mal en el Estado costarricense. Algo hace que estas cosas no funcionen y que el engranaje de conducción política del Estado en manos del Ejecutivo y del Legislativo esté haciendo chirridos, porque es imposible que un Estado sea conducido por 22 magistrados, como también es imposible que ese mismo Estado tenga que ser conducido por 7 magistrados. Lo digo de esta manera porque las cosas hay que decirlas claras y de manera directa.

— No podemos dejar de darle la razón al magistrado Solís. Pero, ¿a quién responsabilizar por esto? Según la Sala Constitucional, el error es de la Asamblea Legislativa, la cual — según el voto de la Sala— ni siquiera debió haber consultado a la Corte si el proyecto afectaba la independencia judicial...

— Así es, el mensaje de la Sala Constitucional fue claro, si en la Asamblea Legislativa estaban tan seguros de que lo que hicieron estaba bien ¿para qué lo consultan? Y si tenían dudas de lo que hicieron ¿para qué lo hacen?

— En fin, no podíamos hablar de las polémicas de la Corte sin mencionar a la Asamblea. Tal vez este 2019 desde Cuesta de Moras tomen nota y dejen de judicializar la política —enviando cada movimiento que hacen a consulta en la Sala o la Corte— y ... se dediquen a legislar.

— Para terminar de hacerla redonda, la Corte Plena cerró el año tomando medidas para evitar filtraciones de sus sesiones disciplinarias. La Corte aprobó un nuevo reglamento que establece que una filtración de información podría resultar en una investigación penal, por aquello de que a alguien se le ocurra dar detalles de los casos disciplinarios que se conocen... que, tratándose del olimpo, siguen siendo secretos.

— Y así es cómo estamos, con la confianza del Poder Judicial en un punto histórico bajo, la ciudadanía demandando transparencia de todas las instituciones y la Corte decidiendo seguir dando pasos en la dirección contraría...

Bonus Track: En total el 2018 dejó 5 puestos vacantes y 4 nuevos magistrados en la Corte Plena. Repase quiénes administran la justicia en Costa Rica en nuestro infográfico (Contenido D+).

Hidden Track: La magistrada Julia Varela también estuvo en medio de la polémica por su participación en un chat con jueces que tenían que conocer las declaratorias de legalidad de la huelga. Al final la magistrada salió bien librada y la Corte Plena archivo su caso.

2. 

Restauración Nacional, de las mieles del triunfo electoral al desplome de la bancada

— El Partido Restauración Nacional (PRN) fue en sí mismo, y por sí solo, una de las mayores controversias que el 2018 le dejó a Costa Rica. El primero de enero, nadie lo habría visto venir... pero en cuestión de días pasó de ser una minoría insignificante en el Congreso (un diputado) a tocar las puertas del cielo en la elección presidencial.

— Y a partir de ahí, una tras otra, llegaron las bombetas: Opolazo, helicópterazo, denuncias entre sus propios diputados, ataques, fracturas y... nueva bancada independiente. No debieron haber sido pocas las noches del 2018 en las que a Carlos Avendaño le costó conciliar el sueño.

— Tras pegar la sorpresa el 4 de febrero con el boleto comprado a segunda ronda y 14 diputados en Cuesta de Moras Restauración era una fiesta. La felicidad, sin embargo, se puso cuesta arriba a partir de ahí.

— Y como a la miseria le gusta la compañía una vez que saltaba una liebre otra pegaba el brinco por otro lado. Así, recién arrancando marzo, los restauradores se toparon de frente con las polémicas del helicóptero de la gira a Puntarenas y el memorable "Opolazo". 

— El primero de los puntos alude al famoso helicóptero en el que viajó Fabricio Alvarado para trasladarse a una gira de campaña en las islas del Golfo de Nicoya y que obra y gracia de que este país es una finca, fue el mismo helicóptero que, ajá, Juan Carlos Bolaños alquiló para llevar a medio país a conocer sus fincas en Guanacaste.

— Luego de un pleito de dimes y diretes para determinar de quién era propiedad la aeronave, Restauración terminó ofreciendo las más endebles explicaciones sobre cómo había pagado los vuelos por lo que terminó con una investigación penal ya que al final se aseguró que el pago fue realizado gracias a una donación por parte de una personería jurídica, lo que está expresamente prohibido por el Código Electoral.

— Y luego, el Opolazo. Opolazo: dícese de aquel momento en que salió a la luz pública que las encuestas de Opol Consultores, que durante la mayor parte de la campaña electora 2017-2018 dejaron a Fabricio Alvarado como ganador de la segunda ronda electoral de abril, fueron contratadas por expresa solicitud de la cúpula de Restauración Nacional. Citando uno de nuestros reportes:

Restauración lo sabía porque estaba pagando las encuestas de Opol. Punto. Y ojo, como ya he dicho antes —cuando se podía asumir esto— el hecho, por sí solo, no tiene nada de malo. Lo que sí tiene mucho de malo es esconderlo. Eso fue precisamente lo que hicieron una y otra vez tanto Opol Consultores como Restauración Nacional y así mismo lo recordó ayer La Nación en el video que acompaña la noticia que ocupa hoy la portada del periódico.

— La cosa, ustedes recordarán, es que el pasado 27 de marzo, solo 4 días antes de que Costa Rica acudiera por segunda vez a las urnas y un día antes de que la encuestadora hiciese público su último estudio de opinión electoral se publicaron en Twitter una serie de fotografías que mostraban un vehículo registrado a nombre de la empresa Opinión Política C y C —dueña de Opol Consultores— con dos banderas de Restauración Nacional.

— Un montón de dimes y diretes vía tuits después, el entonces director de proyectos de OPol Consultores, Mauricio Muñoz, escribió en su perfil de Facebook el 25 de marzo, que un "excandidato a alcalde del PAC me siguió por cinco kilómetros tomando fotos a mí y a mis hijas porque mi hija menor llevaba una bandera amarilla y azul…" y así le reconoció al país que era él quien conducía el vehículo, trayéndose abajo la excusa de OPol en que afirmaba que el carro no les pertenecía.

— Luego trascendió que, según la base de datos pública del Ministerio de Hacienda, la directora de El Mundo, Yamileth Angulo, es también la representante legal de OPol Consultores S.A, diario que reporta en su sitio web y en Facebook operar bajo la “Sociedad Periodística El Mundo S.R.L.”, cuya representante legal es Catherina Convertino, quien a su vez, también figura como representante legal de Opinión Política CyC. Así, también nos dimos cuenta de que las tres sociedades, aunque tienen operaciones distintas, forman parte de un mismo grupo al pertenecer a la mismas personas... que no nos habían dicho, hasta el momento, ser las dueñas de todo esto y a quienes les estaba pagando Restauración Nacional.

— Recordemos que fue en mayo cuando La Nación contó al país que las encuestas de la polémica, las estaba pagando el PRN. ¿Cómo se dieron cuenta? Pues porque a Opol le dejaron amarrado el perro... y esto se filtró porque Convertino le presentó en mayo al TSE una serie de documentos que buscaban demostrar que Juan Carlos Campos (jefe de campaña del PRN) fue quien solicitó los 6 estudios de opinión realizados por Opol Consultores y que fueron publicados por El Mundo CR, con el fin de que así le pagaran los 18 millones de colones que Restauración no desembolsaba... ni desembolsó. 

— Este era el palazo al tema que hacía falta, luego de que el 3 de mayo el Semanario Universidad publicase papeles entregados al TSE, porque entre cielo y TSE no hay nada oculto, que demostraban un pago de casi ¢9 millones al grupo empresario conformado por las firmas Opinión Política C y C y la casa de encuestas OPol Consultores, de parte del PRN.

— Apenas llevábamos un par de meses después de las elecciones y luego la cosa siguió y siguió... y siguió, siempre con temas relacionados a los gastos de campaña porque esta  vez fue el propio Juan Carlos Campos quien le cayó con demandas al PRN exigiendo el pago de 174 millones de colones, cobrados a nombre de su empresa One Sports Costa Rica y otros 115 millones que facturó con Crescendo Mercadeo y Publicidad. ¡Hasta el primo de Fabricio denunció al partido!

— Alvarado (excandidato) y Avendaño (presidente y fundador del partido, diputado, jefe de bancada) armaron tremendo drama digno de Netflix cuando el segundo denunció en conferencia de prensa una supuesta estructura de financiamiento paralela en la pasada campaña electoral… ¡dentro de su propio partido!

— Así, con el "ellos aprobaron, no yo" se pretendió sacudir de los cobros de las polémicas facturas que se fueron sin su firma, como las de 300 millones de colones que a Campos se le ocurrió cobrar por sus trabajos ¿"ad honorem"? en campaña.

— Entonces, cuando ya uno empezaba a oler la división en Restauración, se vino aquella memorable denuncia seguida de full video de abrazos, entre Floria Alvarado y Melvin Núñez, luego de que el segundo amenazaba a la primera con "cobrarle" su falta de apoyo en las elecciones de las Comisiones del Congreso (amenazas similares a las que Núñez le mandaría también a la presidente legislativa, Carolina Hidalgo).

— Pero no sería si no hasta finales de octubre, cuando la fractura restauradora dejó al partido... partido en dos (no así a su deuda política...)

— El 23 de octubre, la serie de eventos desafortunados que cayeron sobre Restauración llegó a su cúspide con la renuncia a la agrupación de su líder Fabricio Alvarado, por rencillas internas con su presidente, Carlos Avendaño (¿cómo va uno a olvidar aquel “Un día si quieren les digo dónde estuvo el fraude”?). A la renuncia se sumaron 7 de los 14 diputados restauradores, presentándose como diputados independientes afines al todavía inexistente partido, "Nueva República".

— Así, “con las manos limpias” ¿y vacías? el partido que nos marcó a todos el año, finalizó su 2018: con polémica tras polémica y con 14 diputados electos que no se logran poner de acuerdo ni para elegir a la defensora de los Habitantes. Misteriosos son los caminos de los señores Alvarado y Avendaño. A prestar ojo a lo que les depara el 2019.

3. 

El Medallazo desnudó nuestra ineficiencia estatal

— Depende de a quién usted le pregunte Jonathan Mauri es un destacado atleta que dejó en alto el nombre del país y recibió un merecido reconocimiento o... un vivazo.

— El nombre del hasta entonces desconocido nadador saltó a la fama nacional en 2018 luego de que un largo proceso judicial determinara que tenía derecho —y así era— a el Premio Nacional Claudia Poll, que reconocía a deportistas costarricenses que hubiesen ganado títulos o medallas en juegos olímpicos, torneos o campeonatos mundiales reconocidos por el Consejo Nacional de Deportes.

— La clave está en “reconocidos por el Consejo Nacional de Deportes” y, por supuesto, en una ley estúpida, absurda y propia de la mentalidad precaria que ha impulsado desordenes administrativos y financieros como el que legó este caso.

— El premio (ideado al calor de las gestas olímpicas de Claudia) otorga 100 salarios mínimos a quien cumpla con los requisitos (arbitrarios) planteados en una ley sin pies ni cabeza. Pues bien, Mauri ganó una medalla de oro en el XIII FINA World Masters Championships y reclamó, a derecho, su reconocimiento.

— El Tribunal determinó que el nadador tenía razón, criticó que los diputados hubiesen aprobado una ley deficiente y condenó al Estado a pagarle costas, daños y perjuicios a Mauri. Sumando todos los elementos Mauri se convirtió en el feliz acreedor 219,7 millones de colones...

— Para explicar mejor los alcances del caso y por qué retrata nuestra impericia para legislar publicamos un extenso editorial y un infográfico que les invitamos a revisar. Y bueno, como si toda aquella novela no hubiese sido suficiente a finales de año nos enteramos de que, en un caso todavía más absurdo, ya viene en camino el Medallazo 2.0... #EsencialCostaRica