Polémica por sustituciones
El diputado Wálter Muñoz se quejó ante el Plenario de la Asamblea porque la presidenta en funciones, María Inés Solís, no autorizó que la diputada Zoila Volio fuera sustituida en la Comisión Especial que estudia la Reforma Integral al Reglamento del Congreso, pues ella se encuentra fuera del país.
Muñoz afirmó que como Volio no estaba, cualquier otro diputado del PIN, FA o PRSC tenía derecho a ocupar el campo en la comisión que les está asignado como fracciones minoritarias.
Sin embargo, la diputada María Inés Solís debió recordarle al jefe del PIN que el Reglamento Interno le otorga a la Presidencia la potestad de autorizar, o no, una sustitución para comisiones en caso de ausencia de un diputado miembro.
Solís señaló, además, que la diputada Volio envió un correo electrónico en la que solicitaba no ser sustituida por ningún otro legislador en esa comisión ¿Revancha?
Zoila Volio fue excluida de las negociaciones entre el PIN, el FA y el PRSC para definir cuál diputado asumiría la representación de las bancadas minoritarias en la Comisión de Reforma al Reglamento. Fue la diputada Carolina Hidalgo quien haciendo uso de sus atribuciones la seleccionó como integrante de ese órgano legislativo.
Horas antes del reclamo de Muñoz en el Plenario, la Comisión Especial que estudia la reforma desechó todas las 202 mociones presentadas por José María Villalta. El trámite veloz se dio gracias a que la moción 208 bis que se aprobó para este proyecto dispensaba de lectura las proposiciones de los diputados y además, Villalta rechazó defenderlas.
Venezuela
El Plenario de la Asamblea aprobó una nueva moción sobre la situación en Venezuela, expresando su solidaridad con la ciudadanía de ese país y condenando el arresto que hiciera el Servicio Secreto de Nicolás Maduro del presidente de la Asamblea Nacional de ese país, Juan Guaidó.
Guaidó fue detenido en plena vía pública por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional que, según el régimen de Maduro, actuaron unilateralmente y fueron despedidos.
La moción fue aprobada con 42 votos a favor y ninguno en contra.
'Me abstengo'
El alcalde de Paraíso, Marvin Solano Zúñiga compareció nuevamente ante la Comisión de Cartago por las irregularidades denunciadas sobre el manejo del municipio y el otorgamiento de permisos para proyectos urbanísticos.
Solano se abstuvo --nuevamente-- de referirse a los temas bajo los cuales se encuentra en investigación y se limitó a decirle a los diputados que su carta de renuncia a la alcaldía se hará efectiva a partir del próximo 8 de febrero.
Dada la falta de colaboración del alcalde, los diputados centrarán sus pesquisas ahora hacia la auditoría del gobierno local, así como del exdiputado y exalcalde Jorge Rodríguez; el ingeniero Víctor Carvajal Solano y el asesor jurídico e hijo del exdiputado, Erick Rodríguez.
Magistrados y sindicatos se refieren a proyectos sobre huelgas
La Comisión Especial que estudia el Derecho a Huelga y la Comisión de Asuntos Sociales recibieron a sindicatos y magistrados de la Sala Segunda, respectivamente, para referirse a los proyectos de ley relacionados a huelgas que se encuentran en dichos órganos legislativos.
APSE, SEC y ANDE advirtieron que si se aprueba el proyecto de Carlos Ricardo Benavides, que agiliza los tiempos en los tribunales para definir si una huelga es legal o ilegal, denunciarán a Costa Rica ante organismos internacionales.
Gilbert Cascante, presidente de ANDE señaló que el contenido del proyecto es inaceptable y violatorio de la libertad sindical, mientras que Mélida Cedeño, presidenta de APSE dijo que la iniciativa "es un retroceso a la democracia de este país".
Por su parte, Gilbert Díaz del sindicato SEC le dijo a los diputados que serán los que queden en la historia si violentaron o no los convenios internacionales y la Constitución. "Es una afrenta. Se presenta este proyecto cuando la paz social no la están promoviendo. Se busca criminal la protesta social y limitar el derecho a huelga".
En contraparte, los magistrados de la Sala Segunda recomendaron que el proyecto de la diputada Yorleni León, respecto a los servicios esenciales, tenga mayor claridad sobre cuáles servicios entran dentro de esa categoría.
Los altos jueces indicaron a los congresistas que no es conveniente delegar en el Poder Ejecutivo la definición de cuáles otros servicios pueden ser considerados esenciales, sino que más bien debería agregarse un enunciado que permita a los tribunales considerar otros servicios donde la huelga podría violentar otros derechos fundamentales.
La magistrada Roxana Chacón advirtió que el sector educativo nunca había sido considerado como un servicio esencial (cosa que el proyecto en estudio pretende).
"Uno quisiera abarcar el mayor numero de asuntos para que la huelga sea limitada, pero por exigencia de la OIT y la misma Constitución, existe un derecho a la sindicalización", dijo.
