La decisión de la Sala Constitucional sobre los recursos de inconstitucionalidad contra los artículos del Código de Familia que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo es un triunfo. Sí, un triunfo. Es de gran trascendencia que la Sala no haya revertido su jurisprudencia sobre la obligatoriedad de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Costa Rica no será parte de la cadena reaccionaria y del discurso nacionalista surgiendo en estos momentos en nuestro continente. No debemos olvidar esto.
Claro que algunos hubieran deseado una declaración de inconstitucionalidad inmediatamente aplicable y consideran que la decisión de la Sala es de “aguas tibias”. Es claro que muchos de nosotros hubiéramos querido las reformas lo más rápido posible. Pero, ¿no será que en vez de “palangana”, la decisión de la Sala IV sea salomónica? No debemos tampoco ignorar que el que mucho abarca, poco aprieta. Los movimientos progresistas a veces queremos demasiado, demasiado rápido. Y la situación política actual de Costa Rica, así como de muchos países del mundo occidental, nos muestran que impulsar ciertos cambios con demasiado brío puede tener el resultado opuesto: el latigazo. El retroceso.
No es sólo cuestión de avanzar despacio, tácticamente. La decisión de la Sala también tiene elementos de análisis constitucionales y convencionales importantes. Los principios de seguridad jurídica y soberanía unos de ellos. Es vital tener claridad y certeza en relación a las nuevas normas. El Estado, también, tiene obligaciones positivas para tomar medidas dirigidas a asegurar los derechos de sus habitantes. Debemos recordar que la misma Convención Americana de Derechos Humanos contiene, en su artículo 2, la obligación de los Estados de adoptar "todas aquellas medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades“.
Tendremos que esperar 18 meses. Si tuviéramos una Asamblea Legislativa funcional, consciente de sus obligaciones y responsabilidades, y compuesta por diputados y diputadas respetuosos todos de los derechos humanos, pues la espera sería corta. El Poder Legislativo cumpliría con la obligación de legislar el tema – como se le ha pedido desde hace años. El cobarde y reaccionario ha sido el Poder Legislativo. Es por eso que hemos puesto todas nuestras esperanzas en el Poder Judicial. Probablemente al final, luego de 18 meses de inacción e inutilidad por parte de la Asamblea, entrará a regir la declaratoria de inconstitucionalidad de la Sala IV. Muchos lo pronosticamos y por eso algunos también consideran que hubiera sido mejor definirlo “de una vez”. Pero la vida —y menos la vida en democracia— no es todo blanco o negro. Siempre hay matices de gris. Por lo menos queda la tranquilidad de que la Sala Constitucional no destruyó años de jurisprudencia constitucional a favor de los derechos humanos y el sistema interamericano de derechos humanos.
Este artículo representa el criterio de quien lo firma. Los artículos de opinión publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de este medio. Delfino.CR es un medio independiente, abierto a la opinión de sus lectores. Si desea publicar en Teclado Abierto, consulte nuestra guía para averiguar cómo hacerlo.
