1.
Vientos fríos, muy fríos, soplan en el Poder Judicial
— El día de hoy la Corte Plena celebrará una sesión extraordinaria que promete ser todavía más intensa que la del lunes, cuando se acordó suspender a la fiscal Berenice Smith por... 2 meses.
¡No deje de leer! Berenice y la casa de cartas de la Sala Tercera. Publicación del año pasado que le ayudará a entender mejor por qué este caso se las trae.
— Recordemos que Smith, actuando como Fiscal General de la República (Jorge Chavarría estaba convenientemente fuera del país), pidió a la Sala III desestimar la causa por tráfico de influencias abierta contra los entonces diputados Otto Guevara y Víctor Morales Zapata, alegando que no se pudo demostrar la relación delictiva que se había denunciado (entre ellos y Juan Carlos Bolaños).
— Hoy sabemos que solicitar la desestimación era un disparate visto que existía un informe del OIJ que probaba cientos de contactos entre los investigados. Precisamente por esa desestimación se investigó a Smith y precisamente por eso se le castigó con... 2 meses. Papelón y medio de los magistrados.
— Nótese, por favor, que en su solicitud de desestimar el caso Smith firmó lo siguiente: “no existe referencia probatoria alguna que se derive de la investigación que refleje un vínculo directo entre las personas que están siendo investigadas”.
— Es decir: mintió de forma descarada para solicitar que no se investigara algo que a todas luces le correspondía investigar. Resultado: “Falta grave”. Menos mal.
— Hay que decir, eso sí, que la sanción se resolvió con 12 votos a favor y 10 en contra... y que, según Costa Rica Noticias “al menos 7 miembros de la Corte Suprema de justicia pretendían una sanción mayor como la posible revocatoria del nombramiento, ya que votaron a favor de una falta gravísima, pero no lograron obtener la mayoría de votos”. Spoiler: por supuesto que era una falta gravísima.
Dato D+: Héctor Blanco, quien fungió como magistrado instructor del caso de Berenice Smith, sí consideró que la falta era gravísima y que por lo tanto procedía revocar el nombramiento.
— Ahora bien... hoy día la Corte está con el rancho ardiendo pues se acerca el final del procedimiento administrativo que investiga a cinco magistrados de la Sala Tercera. Como recordarán, Carlos Chinchilla (presidente del Poder Judicial), Jesús Ramírez, Celso Gamboa, Doris Arias y María Elena Gómez (suplente) decidieron aceptar la solicitud de Berenice Smith y desestimar la denuncia contra Guevara y Morales.
Dato D+: Aunque Celso Gamboa ya no es magistrado todas las causas administrativas que se le abrieron continúan su curso en la Corte.
— La Corte Plena (los 22 magistrados, obviamente en representación de la Sala Tercera participan suplentes) estudiará hoy el informe preparado por el magistrado instructor del caso, Román Solís y, tras conocer los respectivos descargos de sus compañeros, debe determinar si procede o no una sanción así como qué tipo de sanción aplicar en caso de que corresponda...
— Recordemos que fue la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (Anic) la que denunció a los magistrados (tanto en vía administrativa como penal). Aquí un extracto de nuestro reporte del 31 de octubre del 2017, cuando dimos cuenta de la denuncia:
La verdaderamente “fuerte” del día llegó vía la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística y Afines (ANIC) que denunció al Presidente de la Corte (Carlos Chinchilla) y a sus compañeros magistrados de la Sala III por presunto delito de prevaricato, pidiendo paralelamente la suspensión de sus cargos. Esto en cuanto estiman que las diligencias de los jueces a la hora de desestimar la causa por tráfico de influencias (Bolaños-Zapata-Guevara) fueron superficiales e impropias de “una investigación seria”.
— Como indicamos, el tema MEDULAR que sustenta la denuncia es que los magistrados de la Sala III ignoraron el informe del OIJ. El documento revelaba, entre otros datos, 608 contactos telefónicos entre Guevara y Bolaños (en 14 meses entre el 2014 y el 2015).
— Evidentemente, cuando estalló en medio #Cementazo que Wálter Espinoza (director del OIJ) le hizo ver a Jorge Chavarria la existencia de las llamadas entre JCB y los diputados, el Fiscal General salió corriendo a pedirle a la Sala Tercera reabrir el caso. Posteriormente (ya con Chavarría suspendido) la fiscala general Emilia Navas allanó las oficinas de ambos diputados como parte de su investigación.
¡No deje de leer! Crónica de una desestimación anunciada. Una autopsia muy completa de qué fue lo que pasó.
— Pero volvamos al presente: ¿qué resolverá la Corte Plena? Si se juegan la carta de que Berenice Smith “indujo a error” a la Sala Tercera y evitan entonces sancionar a los magistrados arderá Roma y cometerán un suicidio político de nivel histórico.
— Hay que recordar que ese cuento no es de recibo a pesar de que desde el inicio Carlos Chinchilla (magistrado instructor del caso) intentó vendérselo a la ciudadanía: “Podría decirse que se ocultó información. De alguna forma, esto ha hecho incurrir en un error a instancias judiciales”. Ninguna información se ocultó. El informe venía adjunto. Lo dijimos en Delfino.CR desde entonces y sabemos muy bien lo que eso causó a lo interno de la Corte.
— A pesar de que la evidencia apuntaba a la importancia de seguir investigando Carlos Chinchilla decidió desestimar el caso y, aludiendo a la investigación del Ministerio Público (que incluyen el informe del OIJ), escribió: “a lo sumo arrojaron como resultado un tráfico de llamadas entre los diputados Otto Guevara Güth y Víctor Morales Zapata, descartando cualquier contacto por este medio con el señor Juan Carlos Bolaños Rojas dueño de la empresa SINOCEM S.A.”.
— Sí, eso escribió y sí, ¡eso firmaron sus compañeros magistrados!
— “Es una desestimación redactada por nuestro Presidente de la Sala y precisamente por el principio de confianza que existe se firma, se atienden las razones de la Fiscalía y se pasa a formar”. Eso dijo Celso. Y esa excusa es inadmisible.
— La obligación del tribunal es participar e intervenir activamente en la deliberación y en la decisión, no pueden simplemente lavarse las manos y venir a decirle a la ciudadanía que solo firmaron lo que les propuso Chinchilla...
— Bonus track: Recuerden, además, que según dijo el propio Celso Gamboa, Carlos Chinchilla debió inhibirse de conocer el caso pues es cercano amigo de Otto Guevara. Ver: Celso Gamboa arremete contra dos magistrados en su defensa ante proceso de despido.
— Hidden track: No se queden sin leer el Barbas en Remojo de hoy, que no intente la Corte meternos teatro por liebre.
2.
La Corte Interamericana le da un respiro al Poder Judicial (y al país)
— Una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificada ayer libró a Costa Rica de tener que reabrir más de 100 mil casos penales, debido a una demanda interpuesta por 17 personas que alegaban que cuando fueron sentenciadas, no existía en el país un recurso de apelación para que la resolución fuera revisada ampliamente.
— El caso Amrhein y otros vs. Costa Rica llegó al tribunal internacional luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinara que nuestro país había violentado múltiples derechos protegidos por la Convención Americana, incluyendo el de recurrir una sentencia judicial, tener un juez imparcial, integridad y libertad personal.
— La situación empezó porque años atrás no existía el recurso de apelación de sentencia. De este modo, los condenados únicamente podían interponer un recurso de casación, el cual se limitaba a cuestiones de derecho, excluyendo la posibilidad de revisar aspectos de hecho y prueba.
— Luego de que en el caso Mauricio Herrera Ulloa vs. Costa Rica (2004) nos condenaran precisamente por esa falencia, el país emitió dos reformas legales que permitieron a todos aquellos condenados antes de la entrada en vigencia de las modificaciones, interponer un recurso extraordinario para que sus sentencias fueran revisadas nuevamente.
— Pese a ello, los demandantes y la Comisión Interamericana afirmaron que las modificaciones fueron insuficientes y que no permitían reparar los supuestos daños que ellos habían sufrido al no poder recurrir las resoluciones de forma eficaz.
— La CIDH agrupó 17 casos que recibió en los Estados Unidos y los presentó el 28 de noviembre de 2014 para ser elevados a juicio. Los demandantes eran Manfred Amrhein, Ronald Fernández, Carlos González, Carlos Osborne y Arturo Fallas, sentenciados en 2001 por desvío de fondos públicos del Banco Anglo.
Dato D+:En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ninguna persona puede demandar directamente a un Estado por violación a los Derechos Humanos, sino que el caso debe ser conocido antes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanco (CIDH). Es competencia exclusiva de la CIDH presentar casos ante la Corte IDH.
— También se encontraba Rafael Rojas sentenciado por uso de documento falso, los colombianos Carlos Eduardo Yépez, Luis Archbold, Enrique Archbold, Fernando Saldarriaga y Miguel Antonio Valverde, condenados por narcotráfico; Jorge Martínez condenado por desvío de fondos públicos, Guillermo Rodríguez y Martín Rojas condenados por delitos sexuales; y Manuel Hernández, condenado por violación a un menor de edad.
— La lista la cerraban Miguel Mora, condenado por narcotráfico y Damas Vega por tentativa de homicidio calificado y robo agravado.
— Interpuesta la demanda, el Estado costarricense activó un equipo legal encargado de su defensa. Según consta en la resolución, el país interpuso múltiples excepciones preliminares que dieron como resultado que de los 17 demandantes, la Corte solo entrara a analizar 6 casos, pues acogió los argumentos del Estado de que los demandantes no agotaron las herramientas internas que tenían a su disposición antes de acudir al Sistema Interamericano, incluyendo los recursos creados por las leyes 8503 del 2006 --que creó la Casación Penal-- y la 8837 del 2010 --que creó los tribunales de apelación--.
Dato D+: El equipo que defendió a Costa Rica ante la Corte por este caso estuvo constituido por Gioconda Ubeda Rivera, José Manuel Arroyo Gutiérrez, Eugenia Gutiérrez Ruiz, Marianela Álvarez Blanco, Carlos Jiménez González, Mariela Romero Villalobos, María Devandas Calderón, Víctor Guzmán Rodríguez, Natalia Córdoba Ulate, y José Carlos Jiménez Alpízar.
— "¿Cómo alegar la falta de idoneidad de un procedimiento, por quien no acudió a él?", dijo en una de las audiencias de este caso la representante de Costa Rica ante la Corte, Gioconda Ubeda.
— En los casos analizados por la Corte Interamericana, los jueces llegaron a la conclusión de que los mecanismos creados por Costa Rica durante 2006 y 2010 permitieron la revisión de las sentencias, en cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo que el país no había incurrido en violaciones.
— La única disposición desfavorable fue en el caso de Jorge Martínez (condenado por desviar 459 millones de colones del Programa de Compensación Social durante la administración Figueres Olsen), pues se comprobó que un tribunal penal extendió de forma irrazonable la prisión preventiva en su contra.
— Martínez permaneció en preventiva casi 5 años (luego de estar en fuga poco más de 4 y haber sido extraditado con una orden de captura internacional). Su defensa presentó reclamos ante la Sala Constitucional, pues el tiempo en que había estado recluido excedía los 36 meses que señala nuestro Código Procesal Penal como máximo, sin embargo, los magistrados dijeron que la decisión de dar esas prórrogas era una competencia del tribunal penal que conocía del caso.
— Ese criterio, sin embargo, no fue compartido por la Corte Interamericana, que condenó al país al hallarlo responsable de violación al derecho a la libertad personal, por excederse en el tiempo en que Martinez permaneció detenido a la espera de su juicio.
Dato D+: Esta acción de la Sala IV es la segunda que se le puede achacar a ese tribunal como causante de condenas desfavorables para el país ante la Corte Interamericana. La primera fue en el caso de la Fertilización in Vitro, pues fue ese tribunal tico el que, en primer lugar, declaró que esa técnica médica era violatoria del derecho a la vida y luego intentó tirar un decreto presidencial que la regulaba.
— Pese a ese revés, el balance de la resolución es más que positivo. Costa Rica "solo" tendrá que pagar poco más de 17,5 millones de colones por costas, daños y perjuicios, frente a los 550.000 millones de colones que habría costado reabrir los 110.000 expedientes penales previos a la promulgación de las reformas que crearon los recursos de apelación.
— Otro aspecto de la victoria del Estado en este juicio es que los más de 400 condenados que ya habían presentado sus denuncias ante la Comisión Interamericana con los mismos alegatos, verán truncados los intentos para llevar el tema ante la Corte Interamericana, al haberse constituido lo que se conoce como "cosa juzgada internacional".
3.
Barra de prensa
Un diputado presentó un proyecto para declarar Benemérito de la Patria al fallecido Papa Juan Pablo II. Sepa de quién se trata y el por qué de esa iniciativa en nuestra plataforma ciudadana de fiscalización legislativa, #Asamblea: Expediente 20.885: Declaratoria de Benemeritazgo de la Patria para el Papa Juan Pablo II, Carol Wojtyla.
4.
Barbas en remojo
¿Daña o no daña la imagen del Poder Judicial que su presidente mienta en una resolución y que mienta a la ciudadanía? ¿Daña o no daña la imagen del Poder Judicial que sus compañeros magistrados firmen un documento de semejante importancia sin estudiarlo? ¿Daña o no daña la imagen del Poder Judicial el hecho de que el caso en cuestión se haya “resuelto” en 6 días... y sin analizar la prueba?
Ustedes me dirán. Porque parece que los magistrados pretenden aprovecharse de que “el Cementazo ya pasó” para usar a Celso Gamboa y a Jorge Chavarría de chivos expiatorios y aplicar el clásico apague y vamonós, como si los cuestionamientos sobre la forma en que actuó la Fiscalía General y la Sala Tercera en este caso en particular no fueran gravísimos.
No es como que no existan precedentes: ya en el pasado la Corte ha sancionado con contundencia a sus funcionarios por dañar la imagen del Poder Judicial ¡en temas que no han tenido esta transcendencia! Faltas genéricas, que jamás pusieron en entredicho la independencia de poderes ni la probidad. Por ende, que se pretenda vender la idea de que no estudiarse un expediente como se espera de los más altos jueces es falta leve o grave solo tiene una explicación: autotutela de la cúpula.
Además es claro que a mayor el cargo que se ostenta mayor es la exigibilidad. No es admisible que los integrantes de la última instancia en materia penal -Sala Tercera- argumenten que fueron inducidos a error cuando la prueba siempre estuvo ahí.
No se trata aquí de valorar si la prueba era relevante o no, sino de que se resolvió como si no existiera y la “valoración posterior” que indicó el presidente de la Corte la hizo en medios periodísticos pero no en el expediente porque claro está, ya la opinión pública se había enterado que la prueba sí estuvo pero ni se dignaron a analizarla...
Por menos se ha despedido y sancionado severamente a funcionarios y para eso basta consultar a la Inspección Judicial ¿cuantas sanciones se han impuesto basándose en el daño al Poder Judicial? La transparencia y la probidad de la Corte Plena están hoy en entredicho. Si resuelven con manita de gato este caso, terminarán por despedirse de la ya de por sí muy alicaída imagen que han dejado frente a la ciudadanía.
¿El cuento de las reformas? Suerte con eso. Ya don Walter Antillón advirtió el peligro de que la Corte nos quiera meter “teatro por liebre” y la verdad, si por la víspera se saca el día... suenan las alarmas. Suenan muy duro.
Si la Corte se decanta por mano suave, el descrédito a nivel externo e interno será de primer orden. En el primer caso, la ciudadanía sentiría un golpe letal a cualquier atisbo de esperanza de que las intenciones de cambio y transparencia fueran ciertas. Y a lo interno, el desaliento de saber (¿comprobar?) que los yerros, dependiendo de de quién los cometa, se sancionan de forma distinta... aunque la gravedad sea superlativa.
5.
Palabras Prestadas
Tip de Manejo de Crisis: Decirle por teléfono a la gente que usted insultó al aire que es que entendieron mal nunca resuelve la situación. Elevar al cuadrado si se trata de activistas LGBTI. Que sí hacer: asuma su error, discúlpese, tome acciones para que no vuelva a suceder.
El término transgénero hace una referencia a las personas cuyas identidades de género son diferentes del sexo o el género que se les asignó al nacer. ¿Sabían entonces Choche y Yiyo de qué estaban hablando realmente? Un rojo a que no.
No esperen NADA contra los magistrados de la Sala III que desestimaron la causa del cementazo a favor de Otto Guevara y Víctor Morales ignorando informes técnicos del OIJ. Si a Berenice le acomodaron el “castigo”, a sus compañeros no les harán ni cosquillas. #ApagueyVamonos
6.
Botonetas
— La Oficina de Control de Propaganada del Ministerio de Seguridad activó un número de Whatsapp para denunciar propaganda sexista, acá los pasos para denunciar.
— En el Semanario: Movimiento feminista Mujeres en Acción exige a Carlos Alvarado la aprobación del protocolo de aborto terapéutico.
— En Teclado Abierto, Adriana Sánchez con un mensaje al presidente: "Carlos: #FirmeYA".
— FLACSO Costa Rica y @AU_CLALS estarán realizando el próximo 12 y 13 de julio mesas de diálogo sobre las consecuencias de las políticas de la Administración Trump para Centroamérica. La transmisión por Facebook Live dará inicio a partir de las 9:00 am.
