Diecisiete días después de que los 57 diputados recibieran el informe de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) donde se desestima la denuncia interpuesta por el Plenario contra el entonces presidente, Luis Guillermo Solís, el tema acaparó nuevamente agenda noticiosa y legislativa. Cuando los diputados se quedaron sin nada más que decir, aprobaron cuatro proyectos de ley en segundo debate.
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LA PRESIDENTA ESTÁ EN PROBLEMAS
Pocos se han atrevido a señalarla como responsable de lo que ocurrió, pero la presidenta de la Asamblea Legislativa, Carolina Hidalgo es el foco de señalamientos por el manejo que se le dio al informe de la Procuraduría de la Ética sobre el expresidente Solís, relacionado con sus actuaciones en el escándalo del cementazo.
Como recordarán, el 28 de mayo trascendió que la PEP había eximido al primer presidente PAC de las acusaciones formuladas por la Comisión Especial Investigadora y luego acogidas por el Plenario, alegando falta de prueba contundente.
El tema renació a raíz de una noticia publicada en CRHoy que daba cuenta de un supuesto manejo irregular del informe, que impidió a los diputados presentar una apelación a las conclusiones de la Procuraduría dentro del plazo de 3 días hábiles siguientes a la notificación. En esa nota se señalaba como responsables al antiguo directorio, encabezado por Gonzalo Ramírez, así como a la actual presidenta, Carolina Hidalgo del PAC.
Aunado a eso, el diario sacó a colación que dos asesores de Hidalgo son Boris Ramírez (quien se desempeñó como funcionario de prensa de Luis Guillermo Solís) y Verónica Fernández (asistente del entonces Presidente), lo que aumentó las dudas sobre un supuesto complot para proteger a Solís.
La sesión del Pleno arrancó con normalidad, con el correspondiente control político. Sin embargo, después inició un "debate reglado" sobre el tema.
El primero en hablar fue Luis Fernando Chacón, quien además de diputado del PLN es primer secretario del Directorio. Él afirmó que el órgano colegiado nunca conoció el informe de la Procuraduría de la Ética Pública, ni siquiera figuró en agenda o en orden del día.
"Queremos dejarlo claro porque algunos medios manifestaron que era responsabilidad del directorio anterior y este. En ningún momento este directorio conoció en su orden del día el informe. Lo que sí tenemos informado es que este informe fue recibido a finales del mes de abril, lo que nos da absoluta sospecha de cómo la Procuraduría de la Ética emite un informe de tanta importancia en días en que el periodo constitucional de los diputados estaba venciendo", afirmó.
Por su parte, el jefe del PLN, Carlos Ricardo Benavides no se abalanzó a lanzar acusaciones, pero planteó dos hipótesis: primero, que el plazo para apelar venció el 3 de mayo, bajo el supuesto de que la PEP sí remitió el informe completo y que la pérdida de las dos páginas se dio en la Asamblea Legislativa lo cual debía ser investigado; o bien, que la Procuraduría envió el informe incompleto y ello originaba una nulidad de la notificación, por lo que el nuevo plazo para apelar corría a partir del 22 de mayo, sin embargo, no fue sino hasta el día 28 de ese mes que se los entregaron en un sobre manila sellado.
La oficialista Laura Guido recordó que la desestimación de la Procuraduría de la Ética no exime a Luis Guillermo Solís de eventuales responsabilidades penales, y señaló que las páginas extraviadas eran las que decían que se desestimaba la denuncia a favor de Solís, de modo que no calzaba la teoría de que el PAC retrasó el conocimiento de un informe favorable al mandatario, especialmente cuando el directorio anterior -presidido por Gonzalo Ramírez- no era afín al partido de gobierno.
Ivonne Acuña de Restauración Nacional pidió que la Comisión de Ingreso y Gasto Público convocar a todos los involucrados en el caso para que rindan explicaciones. Será el lunes en que ese órgano sesione y determine si hacen ellos -o delegan en otra comisión- el tema.
No deja de llamar poderosamente la atención que el escándalo estalle 17 días después de que los diputados recibieron el informe de la Procuraduría completo. Precisamente el asunto tiene raíz en que los legisladores alegan no haber tenido tiempo para apelar la conclusión que exime a Solís de responsabilidad, sin embargo, el reclamo deviene una vez transcurrido un plazo que puede considerarse excesivo, si se toma en cuenta que el Reglamento de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito establece que el plazo para impugnar es de 3 días hábiles siguientes a la notificación. El timing hace creer, con justa causa, que ningún diputado pretendía apelar el informe y sale a la luz en momentos en que la oposición es duramente cuestionada por haber pedido suspender un protocolo de prevención del suicidio en centros educativos.
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LÍNEA DE TIEMPO DEL CASO
- Lunes 23 de abril del 2018: La Procuraduría de la Ética exime a Luis Guillermo Solís de responsabilidad por el cementazo.
- Viernes 27 de abril del 2018: La PEP envía la resolución a la Asamblea Legislativa. Empieza a correr el plazo de 3 días hábiles para que se presenten apelaciones.
- Lunes 30 de abril del 2018: Gonzalo Ramírez y Carmen Quesada, presidente y secretaria del Directorio, sesionan extraordinariamente para declarar secreto el informe y ordenan a la Dirección Ejecutiva entregar copias a cada uno de los diputados.
- Lunes 30 de abril del 2018: Antonio Ayales, director del Congreso, afirma que le advierte a Gonzalo Ramírez que al informe de la PEP le faltan dos páginas. Ramírez responde (según Ayales) que él no las tiene.
- Martes 1 de mayo del 2018: Asume la nueva Asamblea Legislativa, donde se elige a Carolina Hidalgo como presidenta.
- Miércoles 2 de mayo del 2018: Sesiona el nuevo directorio del Congreso. La Dirección Ejecutiva no informa que existe el informe de la PEP y que está incompleto. Vence el plazo para presentar apelaciones a la resolución.
- Lunes 14- Miércoles 16 de mayo del 2018: La Dirección Ejecutiva notifica de forma verbal, en algún día durante ese lapso de tiempo, que al informe de la PEP le faltan dos páginas.
- Jueves 17 de mayo del 2018: La Presidenta del Congreso pide a la Procuraduría de la Ética enviar el informe completo.
- Martes 22 de mayo del 2018: La Procuraduría de la Ética envía nuevamente el informe de desestimación de la denuncia contra Solís. En caso de que hubiese enviado el informe incompleto la primera vez, se habría generado una nulidad en la notificación, por lo que corre nuevamente el plazo para presentar apelaciones.
- Miércoles 23 de mayo del 2018: Carolina Hidalgo, presidenta del Congreso solicita a la Dirección Ejecutiva remitir copias del informe de la PEP a los diputados.
- Viernes 25 de mayo del 2018: Vence el plazo potencial para impugnar la decisión de la PEP.
- Lunes 28 de mayo del 2018: El informe con la desestimación trasciende a la prensa. La Dirección Ejecutiva entrega el informe a los diputados en un sobre sellado con la leyenda de confidencial y hace que los diputados firmen un documento de recibido fechado el 25 de mayo.
- Jueves 14 de junio del 2018: El diario CRHoy publica en la madrugada un supuesto manejo irregular del informe que impidió a los diputados presentar una apelación.
- Jueves 14 de junio del 2018: Los diputados, 17 días después de haber recibido el informe, piden abrir una investigación sobre los hechos.
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CUATRO NUEVAS LEYES
El Plenario aprobó en segundo debate cuatro proyectos de ley, los cuales pasan al Poder Ejecutivo para su firma o veto.
El primer proyecto aprobado es del tipo "chayote", es decir, legislación poco sustantiva o de nulo impacto nacional. Se trata generalmente de autorizaciones de donaciones, segregaciones o cambio de uso de una municipalidad o institución gubernamental a favor de un tercero.
El expediente 20.489 autoriza a la Municipalidad de Turrialba a donar un terreno de su propiedad a la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado de El Mora, para que sea destinado a una planta de tratamiento de aguas residuales.
El proyecto fue aprobado por 55 diputados. No hubo objeciones y las ausencias corresponden a Ana Lucía Delgado del PLN y Erwen Masís Castro del PUSC.
El segundo votado es el expediente 20.458, que consiste en una autorización general a las Municipalidades de todo el país para que condonen deudas tributarias de sus contribuyentes por multas e intereses, a modo de recuperar los montos base. Generalmente la Asamblea aprueba propuestas por cada gobierno local que lo solicite, pero con esta todas podrán hacerlo, por una única vez sin una legislación específica para su localidad.
El proyecto fue aprobado por 55 diputados. No hubo objeciones y las ausencias corresponden a Ana Lucía Delgado del PLN y Erwen Masís Castro del PUSC.
La tercer votación recayó al proyecto 19.047, relacionado con la ley de patentes de la Municipalidad de Tilarán, con la que se espera recaudar más de 100 millones anuales.
El proyecto fue aprobado por 54 diputados. No hubo objeciones y las ausencias corresponden a Ana Lucía Delgado del PLN, Erwen Masís Castro del PUSC y Franggi Nicolás Solano de PLN.
Finalmente, el Plenario votó una autorización para que el Instituto Mixto de Ayuda Social done una parte de una finca de su propiedad en Limón a favor del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, tramitada en el expediente 20.691.
El proyecto fue aprobado por 54 diputados. No hubo objeciones y las ausencias corresponden a Ana Lucía Delgado del PLN, Erwen Masís Castro del PUSC y Jonathan Prendas de RN.
Cabe rescatar que el proyecto 19.932 que pretende obligar a las operadoras de telefonía a bloquear la señal celular en centros penitenciarios estaba listo para votarse, sin embargo, se aprobó una moción para hacer varias consultas a otras instituciones y entes expertos, debido a dudas sobre la tecnología a usar para concretar el propósito de la Ley.
