La frase con la que se titula este reporte de Barra de Prensa es una cita textual de lo dicho por el diputado josefino, Harllan Hoepelman Páez del Partido Restauración Nacional, durante la sesión del Plenario legislativo del lunes.
Con esa sesión se suponía llegaríamos al fin al último de los días habilitados para analizar el mensaje que el presidente saliente, Luis Guillermo Solís Rivera, pronunció ante el Congreso el pasado 2 de mayo. Sin embargo, los discursos continuarán el miércoles hasta las 7:00 p.m., tras una moción que fue aprobada por todos los diputados, dado que aún no se han conformado los "mini-plenarios" que trabajan durante los miércoles.
¿De dónde salió la frase de Hoepelman? La empleó para criticar la situación de inseguridad en el país, así como los escándalos de corrupción que afrontó la administración de Solís.
"Recordamos un porcentaje alto de todos los robos y actos de corrupción denunciados, los cuales con pruebas sólidas ante la opinión pública son la comidilla de todos. Obviar eso, en especial el cementazo, es una burla para la ciudadanía. Yo pensé que solo robaban en los Barrios del Sur, pero no es así. La inseguridad y el robo se desató en el Gobierno de una forma atroz, a manos llenas, en millones de dólares. En Alajuelita se quedan cortos los robos y la corrupción comparados con los denunciados el día jueves por nuestros compañeros", dijo.
¿Clasismo o comparación válida? Se lo dejamos a ustedes para que juzguen:
https://youtu.be/m0PJu8pGy-I
Esa no fue la única de las intervenciones que más llamaron la atención de hoy, pues Nidia Céspedes Cisneros, también de Restauración, criticó al MEP por sus nuevos programas de educación donde se priorizan los alimentos saludables por sobre los cargados en azúcar y grasas.
"Nuestro niños no quieren un vaso con agua ni un plato de fruta, ellos necesitan comida (...) Un grupo de restauradores (sic.) está trabajando en devolverles la comida", dijo. Ajá.
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Con el cambio de mando presidencial, las solicitudes a Zapote pasan de estar dirigidas a Luis Guillermo Solís a Carlos Alvarado.
La diputada del PLN, Aida María Montiel Héctor envió una misiva al nuevo mandatario para solicitarle impulse varios proyectos de importancia para la provincia de Guanacaste, entre ellos, finalizar la construcción del Mercado Agropecuario de Chorotega y Upala; resolver la problemática del agua que sufre la provincia y realizar la ampliación a cuatro carriles de la carretera Liberia – Aeropuerto Daniel Oduber.
También le pidió poner en ejecución y agilizar la ampliación de la carretera Cañas – Limonal a 4 carriles y crear el Mercado de Artesanías, ya que se debe aprovechar la visita de casi un millón de turistas que ingresan por medio del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, así como el fortalecimiento del Museo de Guanacaste.
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Con la llegada de los nuevos diputados, según el Sistema Integrado Legislativo (SIL) se han presentado 12 nuevos proyectos de Ley, los cuales están pendientes de que se les asigne una comisión encargada de estudiarlos, así como está pendiente (valga recordar) el conformar esas comisiones.
Se espera que sea el jueves de la próxima semana que la presidenta legislativa, Carolina Hidalgo, anuncie la conformación de los primeros órganos parlamentarios.
Mientras esto se resuelve ya hay 723 proyectos de ley que fueron "puestos a despacho" de los diputados. A esa técnica se le denomina el "sacar del estado de levitación" un proyecto que fue presentado por periodos constitucionales anteriores, de modo que puedan seguir su trámite legislativo...
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La Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, una vez sea conformada, se avocaría a la investigación de las circunstancias que mediaron para que el nadador Jonathan Mauri Carabaguíaz ganara un millonario caso al Estado costarricense, luego de que le fuera negado el Premio Claudia Poll 2010.
Esa intención ya había sido externada por el diputado de Restauración Nacional, Jonathan Prendas y fue reafirmada este lunes por la liberacionista María José Corrales, quien dijo que propondrán llamar a comparecer al Procurador General de la República, Julio Jurado, con el propósito de indagar si el abogado del Estado recibió o no apoyo de las autoridades del Poder Ejecutivo en la administración Solís Rivera, para la tramitación y defensa judicial del caso.





