Supongamos que alguien está a punto de cumplir su sueño de tener una casa propia, una construcción de unos 150 metros cuadrados en bloque de cemento. Decidido a ejercer su libertad individual, opta por construirla por sí mismo. Al revisar noticias sobre casas derrumbadas en Costa Rica debido a desastres naturales, se alegra al ver que la probabilidad de que algo así ocurra es baja. Sin embargo, no percibe que esta baja probabilidad se debe a las estrictas normas de construcción en Costa Rica. Por ende, decide que la cantidad de varillas de hierro requerida por el código sísmico es excesiva y, para ahorrar dinero, calcula una nueva cantidad de varillas para su casa. Pero rápidamente se da cuenta de que el sistema establecido limita su libertad y se enfrenta a la necesidad de recurrir a profesionales e instituciones para lograr su objetivo. ¿Está siendo víctima de una injusticia? Bueno, aunque algunos podrían argumentar que sí, la mayoría estaría de acuerdo en que las casas deben construirse según estándares técnicos y de seguridad, no según criterios personales.

Ahora consideremos un ejemplo más polémico: la elección de vacunas para sus hijos. Aquí la línea se vuelve más difusa, y muchas personas podrían argumentar que se tiene derecho a elegir. Nuestro personaje ficticio ahora se forma su opinión como padre, investiga en Internet, ve videos en YouTube y sigue grupos antivacunas en Facebook para "informarse". Nuevamente, se enfrenta a la restricción del sistema, que le indica que debe seguir un esquema de vacunación establecido por las ciencias de la salud. ¿Está siendo víctima de una injusticia? ¿Es su opinión igualmente válida que la de los profesionales basada en evidencia científica? Cada vez más personas responden afirmativamente a esta pregunta. Argumentan que, debido a la falta de casos registrados de ciertas enfermedades, la vacunación obligatoria ya no es necesaria, sin darse cuenta de que es precisamente gracias a ella que no hay nuevos casos.

Un último caso de nuestro personaje en busca del ejercicio de sus libertades: examinemos la forma en que se educa a sus hijos. Las ciencias del comportamiento han demostrado que el castigo físico y el maltrato son perjudiciales para el desarrollo infantil. Sin embargo, nuestro personaje decide, en ejercicio de su libertad, aplicar castigos físicos porque cree que funcionan y además “a sus hijos los educa él”. Una vez más, se encuentra con el sistema, que le prohíbe el castigo físico y les exige proteger los derechos de sus hijos a una vida sin violencia. De nuevo la pregunta: ¿está siendo víctima de una injusticia y de una restricción injustificada de su libertad de elección? ¿Se justifica que su libertad se limite a la luz de la evidencia científica de la que disponemos?

Estos ejemplos hipotéticos tienen en común que son cuestiones centrales en la vida social, que se entrelazan con lo privado y familiar. Además, en todos ellos existen instrumentos jurídicos que obligan a actuar en contra de las preferencias individuales (el Código Sísmico, la Ley Nacional de Vacunación y la Ley sobre Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes a una Disciplina sin Castigo Físico ni Trato Humillante, respectivamente).

Si bien es legítimo buscar ejercer nuestras libertades, especialmente en asuntos personales y familiares, esta libertad encuentra límites cuando entra en conflicto con el bienestar colectivo, la seguridad pública y los derechos fundamentales. En estos casos hipotéticos, las opiniones individuales pueden ser respetadas hasta cierto punto, pero cuando chocan con el conocimiento científico, las regulaciones legales y el consenso social sobre lo que es ético y beneficioso para la sociedad, es necesario priorizar el interés común sobre las preferencias individuales.

Actuar de manera contraria a estas normativas puede no solo constituir una violación de la ley, sino también poner en grave peligro el bienestar general de la comunidad. Por lo tanto, la igualdad de todas las opiniones no siempre es aplicable cuando estas entran en conflicto con principios fundamentales de seguridad, salud y derechos humanos.

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