La Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa dictaminó, este miércoles, el proyecto de Ley PAGAR propuesto por el ahora exministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles.
La iniciativa inicialmente pretendía destinar 226.145 millones de colones en superávit de varias instituciones públicas al pago de deuda pública, sin embargo, varias de las entidades afectadas solicitaron ser excluidas o sus aportes reducidos.
De este modo, el texto dictaminado rebaja el monto que se destinará al pago de la deuda hasta los 85.554 millones de colones (-62.16%), equivalente al 0,25% del Producto Interno Bruto.
Se eliminaron de aportar al proyecto el Instituto Nacional de Aprendizaje (33 mil millones), el Instituto Costarricense de Turismo (25.804 millones), el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (536 millones) y el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (40 mil millones).
Por otro lado, los aportes de otras instituciones fueron reducidos respecto a la propuesta inicial: la Junta de Protección Social (JPS) pasará de aportar 34 mil millones a solo 15 mil millones; la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional daría 18.636 millones pero el monto se redujo a 18.598 millones;
Se dejaron intactos los aportes que hará el Instituto de Desarrollo Rural (Inder, 17 mil millones), la Junta Administrativa del Registro Nacional (24 mil millones) y la Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (956 millones).
Otro cambio aprobado por la Comisión es que la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) deberá trasladar al
Ministerio de Hacienda la suma total del dinero resultante de la liquidación definitiva de la Sociedad Reconstructora Chino Costarricense (Soresco), aunque la propuesta original era que le traspasara 9500 millones de colones de lo que se obtuviera de esa liquidación.
También se eliminó la norma que establecía que, por una única vez, el Fondo del Consejo de Salud Ocupacional debía trasladar al Ministerio de Hacienda el 80% de los recursos percibidos de la transferencia realizada por el Instituto Nacional de Seguros por concepto del seguro riesgos del trabajo correspondiente al año 2020.
El proyecto pasa ahora al Plenario legislativo para el trámite de mociones, su discusión por el fondo y votación final.
Breves
— La Comisión Especial sobre las finanzas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) rechazó investigar las inversiones que la institución hizo en Grupo Nación, y también declinó abrir un expediente para investigar el uso de particulares privados del Expediente Digital Único en Salud (EDUS). La mayoría se inclinó por votar en contra, pues la creación de la comisión responde únicamente a rendir un informe sobre las finanzas de la Caja, y proponer proyectos de ley para darle sostenibilidad a sus regímenes.
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— El director general de Servicio Civil, Alfredo Hasbum Camacho, afirmó a la Comisión de Gobierno y Administración tener dudas sobre la constitucionalidad del rol rector que se le pretende dar al Ministerio de Planificación (Mideplan) en la nueva Ley de Empleo Público.
Por su parte, Olman Jiménez, miembro del cuerpo de Directores del Servicio Civil, señaló que el proyecto cercena las competencias de Recursos Humanos del Servicio Civil y pidió apoyo de los diputados para no aniquilar a la institución sino más bien trabajar por fortalecerla tecnológicamente en digitalización, al ser la institución con más de 67 años de ser el encargado del reclutamiento de los servidores públicos.
