La inequidad en Costa Rica es más alta de lo que el exministro de Hacienda afirma, al igual que la efectividad de las políticas sociales y fiscales para reducirla. En sendas entrevistas y con la franca intención de reencauzar el rumbo del país en materia socioeconómica, don Rodrigo Chaves ha afirmado que la desigualdad en la distribución de los ingresos en Costa Rica, medida por el coeficiente de Gini (un número que entre más cercano a uno es muestra de mayor inequidad) es del 0,47. Sin embargo, como corresponsable de la política que incide en ese número, me siento en el deber de corregirlo, es mayor.
Según los datos del reciente Estudio Económico para Costa Rica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), medido a nivel de hogares es de 0,508, coincidente con los resultados de la última Encuesta de Hogares realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. En todo caso, aunque la diferencia sea pequeña, en lo que sí coincidimos es en el significado de este número, que nos ubica no sólo como una de las sociedades más desiguales del mundo, sino como un país que retrocedió un paso enorme en materia de equidad en las últimas décadas, y si bien a partir de alcanzar una cifra récord de 0,522 en 2013 se ha venido reduciendo, la pandemia y falta de consolidación fiscal constituyen amenazas serias para dicho avance.
La segunda aclaración importante es sobre el papel de la política social del estado costarricense en este entorno. Los análisis muestran que los programas de combate a la pobreza logran reducir la pobreza extrema a cerca de la mitad de lo que serían en caso de su ausencia, mientras que la pobreza básica también logra una reducción sensible. De hecho, la última encuesta de hogares dio cuenta de una caída en la pobreza extrema de cincuenta puntos base (de 6,3% a 5,8%) así como de una reducción sin precedentes en el índice de pobreza multidimensional, el cual logró su menor nivel desde que se tienen registros (16,6%).
Los números de don Rodrigo no son precisos, pero no es para alegrarse, Costa Rica se ha convertido en uno de los países más desiguales no sólo de la OCDE sino de Latinoamérica; y si bien la política fiscal logra reducir la inequidad en cuatro puntos base hasta llegar a 0,47 (lo cual es uno de los mayores logros en el contexto latinoamericano), en el ámbito de la OCDE es un esfuerzo que se queda muy corto, no se acerca al promedio de rebaja que obtienen los países miembro con estas políticas (que es de diez puntos base) y está muy lejos de países como Irlanda, que logran reducir la desigualdad a la mitad a través de la política fiscal.
Las causas son muchas y, como Rodrigo ciertamente afirma, el sistema tributario costarricense no contribuye en esta tarea, logra recaudar muy poco en impuestos a los que más tienen, y descansa en su gran mayoría sobre impuestos injustos, es decir, aquellos que gravan a todos por igual. Lo que recauda el Estado costarricense en impuestos por concepto de ingresos, beneficios y ganancias de capital de las personas, es seis veces menor de lo que recaudan por el mismo concepto sus pares de la OCDE, y en el caso de los impuestos sobre la propiedad, nuestro Estado recauda 4,4 veces menos.
Teniendo claro lo anterior, la pregunta más importante es ¿cómo hacemos para mejorar la equidad en Costa Rica? El mismo estudio de la OCDE arroja algunas luces, la más sorprendente, es que la mejora de la focalización de los programas sociales podría estar llegando a su límite, pues esta sólo generaría una reducción de 0,003 en el coeficiente de Gini. Por lo que la clave estaría en otros ámbitos, como el tributario y laboral, ambos temas estructurales, que no se resuelven en el corto plazo. El tributario no fue incluido en el análisis de la OCDE, mientras que, en el mercado laboral, la reducción de la informalidad podría recortar el coeficiente tanto como 0,067; y es una de las variables que más impacta el indicador.
Lo anterior no debe extrañar, considerando que la principal fuente de ingresos de la mayoría de los costarricenses es el salario. Por lo que el aumento de la formalidad y la productividad de los sectores informales, deben ser puestos como prioridad en la política pública nacional, si queremos reducir la brecha de ingresos entre los más favorecidos que logran establecerse en la economía formal, y el resto que hacen del tejido productivo una economía dual.
Esto es un imperativo ético y moral, pero para aquellos que valoran más los beneficios, también es la decisión más inteligente, está ampliamente demostrado que los países más equitativos logran tasas de crecimiento económico más altas y de manera más sostenida.
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