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Estamos ante la crisis mas grande de nuestras vidas. Así de simple y sin tapujos. Es una crisis que abarca múltiples aspectos de nuestra sociedad. Es primeramente una crisis de salud. El virus enferma, mata y es capaz de saturar hasta los mejores sistemas de salud en cuestión de semanas si se lo permitimos. Es también una crisis económica, en pocas palabras porque paraliza la actividad productiva y comercial, ya sea por medidas necesarias de confinamiento o por el miedo de la población hacia el virus. Es una crisis social porque desnuda y agrava las desigualdades existentes en nuestro país y es una crisis política, porque pone a prueba al máximo a los diferentes poderes del estado, que hoy mas que nunca están llamados a responder oportuna, ágil y eficazmente para paliar la avalancha de problemáticas que trae consigo una enfermedad como la COVID-19.

Es a esta última a la que me quiero referir. El ejecutivo definió sus prioridades el viernes (10/07), aplicó el martillo, buscando así recuperar el rastro del virus, con el objetivo de  salvar vidas. Es el momento de que la Asamblea Legislativa, después de su semana de vacaciones, se alinee y este a la altura de la situación país.

Puntualmente, tenemos que exigirle al Congreso que su accionar se enfoque en:

  1. Aprobar presupuestos y préstamos que faciliten dinero a las familias y negocios.
  2. Un ambiente favorable para aprobar mecanismos que doten de recursos al gobierno para seguir ayudando, aún después de la pandemia, sin comprometer la sostenibilidad financiera del país a largo plazo.

Para la primera, es vital que se aprueben los presupuestos extraordinarios pertinentes, que incluyen fondos frescos para el Bono Proteger, y que se aprueben los empréstitos que ya están listos y solo necesitan el visto bueno de los diputados. Esto pues es extremadamente importante que las medidas de confinamiento vengan acompañadas de ayudas por parte del gobierno para que estas sean lo mas efectivas posibles y para mitigar, en lo posible, la disminución de ingresos de las familias y negocios. Y digo mitigar porque va a ser imposible contrarrestar completamente las pérdidas económicas, principalmente porque las finanzas públicas están sumamente comprometidas y las ayudas no van a ser tan significativas. Y aquí hago un paréntesis porque sé que es importante seguir presionando por una disminución del aparato estatal y una disminución del gasto no esencial, pero para que las nuevas medidas de confinamiento surtan el mayor efecto posible, es necesario que los que mas necesitan, que a su vez son los que no se pueden dar el lujo de quedarse en casa, tengan recursos para que tengan la menor exposición posible al virus. Por lo tanto, es inaceptable otro rechazo del presupuesto extraordinario, o no priorizar la aprobación del Instrumento de Financiamiento Rápido con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Para la segunda, y en linea con lo anterior, es preponderante que se aprueben los demás empréstitos disponibles, eventualmente el Acuerdo con Derecho de Giro (SBA, por sus siglas en inglés) con el FMI y los consecuentes Eurobonos cuando lo sea factible. Poder conseguir la mayor cantidad de recursos en condiciones favorables nos va a permitir:

  1. Transmitir estos recursos directamente por medio de políticas públicas para levantar a nuestra economía, ya sea por medio de extensiones en el Bono Proteger, lineas de créditos para PYMES, inyecciones de capital a la CCSS, entre otros.
  2. Reestructurar la deuda pública, reducir los gastos por intereses (que es a su vez una de las partida mas altas del gasto público), y encaminar al país hacia la sostenibilidad fiscal (lo que a su vez se transmite en más recursos para ayudas económicas y/o inversión pública). Y c) Comprometer al estado a implementar política fiscal restrictiva, por medio del SBA, es decir, obliga al estado a disminuir su gasto público, elemento que tanto abogan los señores/as diputados/as.

Consecuentemente, ser diligente en la aprobación de estos mecanismos no solo nos va a permitir ayudar, en lo posible a familias y negocios, sino que nos va a permitir disminuir gasto por intereses y exigir en el camino un uso más eficiente de los recursos públicos. Cualquier traba en este sentido, ya sea por cálculo político o ignorancia en el tema, es inaceptable e imperdonable, y lo seguirá siendo en vísperas de las elecciones presidenciales en 2022. Por lo tanto, a trabajar por el país, ¡el tiempo apremia!