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Como es bien sabido, el sector pesquero nacional ha venido enfrentado una larga y duradera crisis económica y social en los últimos años que ha sido agravada sustancialmente en los últimos tres meses por la pandemia de COVID-19.

A lo largo de este largo periodo de casi dos años, hemos intentado proponer soluciones y encontrar espacios de diálogo con las autoridades nacionales para juntos encontrar el camino hacia la recuperación de nuestra actividad.

Lamentablemente, hemos ido de desilusión en desilusión, y estamos hoy convencidos de que el Gobierno no tiene interés de trabajar junto al sector pesquero palangrero nacional, ni mucho menos impulsar la reactivación de nuestra actividad.

En este camino, hemos confirmado lo que hemos venido señalando sobre el afán de esta administración por desaparecer nuestra actividad productiva e invisibizar a nuestros pescadores, las autoridades nacionales rectoras del tema pesquero están tomando decisiones improvisadas, sin criterios técnicos ni legales adecuados. Cansados por lo vivido es por lo que hemos tomado la decisión de llevar nuestra lucha a instancias judiciales.

Nuestro primer paso ha sido plantear un recurso de amparo para obligar a las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería a compartir con nuestro sector, como es su deber, información sobre el sustento técnico que los llevó a modificar la metodología para el cobro de licencias para pesca de atún. En segundo lugar, hemos planteado una denuncia penal contra las máximas autoridades del país, para que sea el Ministerio Público quien confirme mediante una investigación si nuestros principales jerarcas han incurrido en un posible delito prevaricato que esté llevando al Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (Incopesca) a tener pérdidas millonarias por no haber logrado vender ni una sola licencia de pesca de atún bajo la metodología de subasta pública.

Tras casi dos semanas de análisis, la Sala Constitucional declaró con lugar el recurso de amparo que presentamos desde la Cámara Nacional de la Industria Palangrera (CNIP) y ordenaron al ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado Rivera, a entregar en un plazo de tres días información clave que habían solicitado los pescadores sobre el cambio en la metodología para la venta de licencias para pesca de atún con cerco, hecho que ha generado pérdidas importantes al Estado.

Esta resolución de la Sala nos confirma que el Gobierno no ha sido transparente en sus actuaciones con temas de pesca. Negarnos información clave para entender las razones de los cambios en la política pesquera es evidencia de un rechazo al sector y de no querer considerar nuestro conocimiento y experiencia. Por eso, nosotros, amparados en la ley estamos pidiendo transparencia y claridad en estos temas.

Es necesario saber cuáles eran las responsabilidades de la funcionaria Ana María Conejo en el seno de la comisión técnica seleccionada por Casa Presidencial para la investigación del tema de licencias de atún, así como tener copia de todas las actas de dicha comisión coordinada por la señora Conejo y que el Ministerio de Agricultura aclare el grado de participación del señor Moisés Mug en el seno de dicha comisión. Como se recordará, Moisés Mug dejó su cargo como director del Incopesca en el 2019. Estos son temas clave de transparencia en la gestión pesquera y determinantes en un estado de derecho.

La CNIP, junto a otras cámaras de pescadores presentamos también una denuncia penal por este hecho por el posible delito de prevaricato contra el presidente de la República, Carlos Alvarado, el ministro de Agricultura, Renato Alvarado, la asesora de ese ministerio, Ana María Conejo y el expresidente Ejecutivo de Incopesca, Moisés Mug.

En la denuncia penal estamos solicitando al Ministerio Público investigar los hechos denunciados y procesar a estos jerarcas por el delito en que habrían incurrido en marzo de 2019 al publicar un decreto ejecutivo sin fundamento jurídico ni técnico para establecer la subasta pública como la nueva metodología de venta de las licencias para la pesca de atún por parte de las embarcaciones cerqueras de bandera extranjera.

Este decreto fue promulgado sin antes ser consultado ante la Junta Directiva de Incopesca, siendo esta instancia el ente rector en materia de pesca. Adicionalmente, durante la vigencia de la nueva metodología, es decir, todo el año 2019, Incopesca no generó absolutamente ningún ingreso por este concepto, puesto que no logró vender ninguna licencia, en un claro perjuicio para la estabilidad financiera de la institución.

En el año 2018, anterior a la modificación de la metodología, Incopesca entregó a flotas internacionales 12 licencias de pesca. Cuatro fueron pagadas y ocho por prorroga gratuita, pero esto generó ingresos por más de 153 mil dólares, los mismos que la institución dejó de percibir en 2019 por no haber logrado vender ni una sola licencia en subasta pública.

Las pérdidas incurridas por Incopesca son sumamente preocupantes para el sector pesquero nacional, cuyo desarrollo está vinculado al buen funcionamiento de esta institución. Nos preguntamos qué pasó en un año, qué criterios utilizó la comisión técnica para tomar estas decisiones y quiénes exactamente son los responsables de tomar este tipo de medidas que han ocasionado pérdidas al Estado y afectación a nuestro sector.

Los pescadores del sector palangre seguiremos luchando por reactivar nuestra economía y lograr la transparencia en la toma de decisiones. Ya sea en instancia judiciales o administrativas, continuaremos defendiendo esta actividad que genera empleo directo y seguridad alimentaria a más de 1500 familias en nuestras costas.