Los desastres no son naturales. Sin los seres humanos los desastres sólo serían procesos que modelarían naturalmente el relieve en distintas escalas de intensidad, tiempo y espacio. Costa Rica está ubicada en la interacción de intensas dinámicas tectónicas, volcánicas y climáticas. Dadas estas características, su población convive con inundaciones, deslizamientos, fenómenos costeros, así como con la actividad volcánica y sísmica. Diferentes estudios han indicado que anualmente se pierde el equivalente a un 1% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional solamente en términos de recuperación por desastres. No obstante, hay eventos particulares como terremotos o ciclones tropicales que pueden superar estas cifras. Sus impactos económicos son predominantemente en la infraestructura vial (puentes y carreteras) donde el país tiene un claro retraso. Este dinero no se utiliza para el desarrollo, sino para reconstruir los efectos de una gestión territorial ineficiente.
Dinámica cambiante. Son reconocidas las consecuencias socioeconómicas de eventos como las erupciones de los volcanes Irazú (1963-1965) o Arenal (1968), así como los terremotos de Limón (1991), Cinchona (2009) o Nicoya (2012). Estos eventos son ejemplos claros de la creciente vulnerabilidad y creación de escenarios de riesgo. Por ejemplo, el costo de recuperación del Huracán Otto (2016) representó el equivalente al 0.4% del PIB, mientras que la Tormenta Tropical Nate (2017) sumó un 1.2%. Asimismo, los escenarios de cambio climático para las próximas décadas predicen mayores sequías en el Pacífico Norte, pero más lluvia en el Valle Central, así como la costa Caribe. El aumento de los desastres hidrometeorológicos junto con las proyecciones climáticas obliga a considerar sus posibles impactos económicos, a su vez diferenciados, para las distintas regiones climáticas del territorio nacional.
¿Cómo mejorar? No obstante, sí existen soluciones para mitigar y adaptarse a los desastres. Entre ellas, se debe mejorar la información de referencia (insumos cartográficos, LiDAR, imágenes de alta resolución) para generar mapas de mayor calidad y detalle de las amenazas naturales. Además, el número de investigaciones sobre vulnerabilidad y riesgo tiene que aumentar para entender mejor y disminuir la probabilidad de desastres, porque los desastres no se pueden evitar, pero si mitigar. Estos estudios deben ser avalados por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) y ser generados del vínculo con las universidades públicas y expertos en la temática, aprovechando al máximo su potencial técnico-científico.
Coordinación estatal y municipal. Es fundamental la creación de una Ley de Ordenamiento Territorial que integre todos los elementos de planificación de los municipios, desde una escala nacional, regional y local contemplando las cuencas hidrográficas y la Zona Marítimo Terrestre. A su vez, esta ley debe integrar las instituciones encargadas del ordenamiento territorial, con el claro conocimiento de la variable de gestión del riesgo en todas sus escalas a la hora de realizar zonificaciones. Por último, es clave mejorar la asesoría municipal desde la academia e instituciones públicas que investigan y velan por el ordenamiento territorial, así como la gestión del riesgo de desastres, ya que finalmente son las municipalidades quienes deciden como ordenan y gestionan sus territorios a través de los planes reguladores.
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