La Asamblea Legislativa aprobó este martes, por unanimidad, una ley que incluye una serie de medidas para cerrar portillos empleados por pensionados para incrementar sus ingresos y el monto de su jubilación al optar por reingresar a trabajar al Estado.

Se trata del expediente 21.063 presentado por el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, en noviembre del 2018 y que obtuvo hoy 44 votos a favor, por lo que ahora pasa al Poder Ejecutivo para su firma y publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Esta ley será de aplicación para aquellos que gocen una pensión con cargo al Presupuesto Nacional (17 regímenes) y dispone, en primer lugar, que el disfrute de la pensión se suspenderá por el desempeño de cualquier cargo remunerado en la Administración Pública, quedando excluidos solo aquellos que reciban dietas como remuneración por el ejercicio del cargo y únicamente cuando el monto máximo mensual que puedan percibir por dietas no supere la suma resultante de tres veces el salario base más bajo pagado en la Administración Pública (861 mil colones en total).

En el caso de los diputados, para que puedan recibir la remuneración que les brinda dicho cargo, deberán renunciar temporalmente durante el período de su gestión a la pensión, si están en el disfrute de ella.

Para el caso de pensiones por viudez, solo se podrá percibir remuneración y esa pensión siempre y cuando la remuneración total pagada por el cargo que ocupen no supere la suma resultante de cinco veces el salario base más bajo pagado en la Administración Pública (1.435.000 colones en total).

Los pensionados o jubilados que ingresen a la función pública deberán notificarlo por escrito a la Dirección Nacional de Pensiones en un plazo de cinco días hábiles, bajo pena que de no hacerlo se les impondrá una multa equivalente al 25% de lo percibido, sin perjuicio de eventuales sanciones conexas y del cobro de las sumas giradas de más.

También se incluyen reformas en el tema de la revisión de los montos de las pensiones, una vez que un pensionado o jubilado haya retornado a la función pública. Así las cosas, únicamente tendrán derecho a solicitar la revisión del monto las personas que hayan cotizado para el régimen respectivo después de haberse integrado o reintegrado a la función pública.

A ello se suma que la solicitud de revisión deberá presentarla la persona interesada en el plazo de un mes a partir de la fecha en que cesó en el desempeño del cargo, y para efectos de esa revisión se tomará como base el monto de la pensión que la persona beneficiaria disfrutó antes de reingresar a laborar.

Finalmente, solo procederá incrementar dicho monto por el equivalente al aumento en el costo de vida correspondiente al período laborado, en un porcentaje igual a la variación del índice de precios al consumidor (IPC), calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), para dicho período.

Esas disposiciones también serán de aplicación a efectos de revisar el monto de su pensión para quienes pertenezcan a otros regímenes de pensiones que no faculten la revisión y que reingresen a laborar en la Administración Pública.

Esta ley entrará a regir 18 meses después de su publicación en La Gaceta.

Cierre de portillos

La diputada Yorleny León del Partido Liberación Nacional afirmó hoy que si bien este proyecto, en términos financieros representa poco, lo cierto es que contribuye con el cierre de un conjunto de portillos que por muchos años "han utilizado algunos vivillos para aumentar sus pensiones aun cuando sus cotizaciones no daban para los montos de las pensiones que gozan".

Cierra portillos que de forma sutil…, es otra forma sutil de adueñarse de pensiones de lujo, pensiones con cargo al presupuesto nacional.

Por su parte, el diputado José María Villalta del Frente Amplio afirmó que esta iniciativa que forma parte de la lucha constante por frenar prácticas abusivas que se han dado con el manejo de las pensiones con cargo al presupuesto nacional, con regímenes que en muchos casos ya no otorgan pensiones nuevas, pero que por prácticas que no son las correctas, se han ido extendiendo en el tiempo, generando una carga importante para el Estado costarricense.

El frenteamplista recordó un caso sonado de un exdiputado por Heredia, que fue electo por el Movimiento Libertario, que faltando un mes para que terminara su período, renunció y le dejó el cargo al hermano que venía en la lista de diputados. El hermano asumió el cargo por un mes y se tramitó el aumento de la pensión del Magisterio con salario de diputado.

Esos portillos generaron indignación en la ciudadanía y se han ido cerrando vía resolución administrativa, vía interpretaciones de la Dirección Nacional de Pensiones. Y con este proyecto de ley buscamos contribuir a cerrarlos definitivamente, que esas prácticas no se repitan y no se den esos abusos de revisiones de pensiones con cargo al presupuesto nacional para aumentarlas desproporcionadamente sin relación con la cotización.

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