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Los datos macroeconómicos en la Costa Rica antes de la pandemia del Coronavirus —a febrero del 2020— mostraban indicios de una satisfactoria recuperación económica. El Banco Central de Costa Rica (BCCR) pronosticaba un 2,7% de crecimiento interanual en el IMAE, con un desempeño fuerte en la industria (4,6%) y en servicios del 3.7%, dentro de un marco de inflación controlada (1,8%). Las variables del sector externo también daban cuenta de una posición de reservas monetarias internacionales sólidas y un tipo de cambio con una leve tendencia a la baja. Los datos de utilización de la mano de obra, no obstante, no eran tan optimistas para finales del 2019. Datos emanados del Instituto Nacional de Estadísticas (INEC) reflejaban una tasa desempleo abierto del 12.9% y una tasa de desempleo ampliado del 14,2%, cifras poco compatibles con las de producción (IMAE). Por el lado de la pobreza, el Instituto de Investigaciones Económicas de la UCR reportaba que, producto de la pandemia, ésta podría afectar al 29% de la población, o sea, uno de cada tres costarricenses no podría cubrir sus necesidades básicas. La misma fuente la estimó en 21% en 2019.

No obstante, con la súbita aparición y propagación de la enfermedad COVID-19, el entonces optimista escenario económico nacional, así como el mundial, se tornaron oscuros y amenazantes. Aquí cabe señalar que la globalización económica ha tendido a aumentar el vínculo entre todas las economías del planeta, de modo que lo que ocurra en un país grande —sobre todo si es un socio comercial de importancia— incidirá de manera directa en el nuestro. Es de todos conocido que socios comerciales como China, los Estados Unidos y la Unión Europea como un todo, son los más fuertemente afectados por esta pandemia y, por consiguiente, ello tendrá efectos colaterales sobre nuestra endeble economía. El impacto negativo en las economías industrializadas se está dando en mayor medida por la disrupción en la cadena de suministros (China), o por impacto directo sobre la demanda, como en nuestro país. En este sentido, el Informe de coyuntura del BCCR estimaba que el producto mundial se reducirá en 2020 en un -3%, en las economías avanzadas en un -6.1% y en los Estados Unidos en un -5-9%. La Comisión Europea prevé una caída record del PIB en un 7.7%.

En Costa Rica, el BCCR señala que todos los sectores se verán afectados negativamente por la pandemia, en especial los hoteles y restaurantes con un decrecimiento del 27.6%, y el sector construcción que baja en un 8,7%. Ambos sectores son de especial importancia para el país, el primero por su incidencia en el empleo en zonas rurales (Puntarenas, Guanacaste, Limón) y el segundo por la absorción de trabajo de baja capacitación.

El desempeño fiscal de un país es por regla general el factor que incide más negativamente en el crecimiento. Sin ser la excepción de la regla, Costa Rica viene batallando desde hace décadas con este problema. La singularidad del país es que en cada administración se proponían programas fiscales que al final terminaban en reformas parciales que nunca atacaron los problemas de fondo como la progresividad o regresividad del sistema tributario o la escasez de información sobre tributantes ante la inexistencia de controles cruzados eficientes.

Con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas el país aprueba una ley mucho más comprensiva y profunda que los parches de administraciones anteriores siendo lo más significativo el establecimiento del Impuesto al Valor Agregado que transforma el antiguo Impuesto de Ventas y la posibilidad de aplicar reglas fiscales que son un instrumento poderoso para la contención del gasto público, toda vez que su aplicación se extiende a todo el sector público, con las salvedades del caso[1]. El techo de aumento de gasto para el año 2020 se estableció en un 4,67% según Decreto ejecutivo firmado en febrero de 2020.

La estimación más reciente del déficit financiero del gobierno central para 2020 es del 8.6% respecto del PIB, en tanto que la deuda pública podría llegar a fin de año al 67% del PIB[2]. El ministro de hacienda enfatiza que, si no se aprueban más impuestos y los recortes de gasto sugeridos, el déficit podría llegar al 10% del PIB.

Las medidas tomadas por el Gobierno para mitigar el impacto negativo de la pandemia han sido alabadas no solo en el país sino fuera de nuestras fronteras. En el área de la salud se han basado en el distanciamiento y el confinamiento de las personas, así como restricciones vehiculares y prohibiciones de circulación horaria, según número de placa del auto.

En el económico las medidas están dotadas de un alto componente redistributivo (pagan los que más pueden y reciben los que menos tienen y son más afectados). Por otro lado, son presuntamente temporales por lo que debieran expirar con el fin del confinamiento. La mecánica de la transferencia de recursos se da a través de un bono denominado Proteger, el cual es “una ayuda temporal de 3 meses que el Gobierno brinda a las personas que perdieron el empleo, se les redujo la jornada, se les suspendió el contrato de trabajo…su fin es dar alivio para cubrir necesidades básicas”.

A mayo de este año, se procesaron 400.000 solicitudes y se aprobaron 33.000. De ellas 250.000 personas reportan ingresos nulos. El monto de las ayudan oscilan entre ₡62.500 y ₡125.000 que obviamente no cubre ni la mitad de los gastos de los hogares más pobres.

El costo de estas medidas es enorme y en mayor medida recaerá en los hombros de los asalariados y pensionados. Los cuestionamientos básicos que vienen a la mente son: ¿Cuánto más habrá que aportar y por cuánto tiempo? ¿Resolverá este mecanismo de transferencia los problemas de pobreza, o es solo regalar pescado y no enseñar a pescar? Es decir, ¿aumentará la dependencia de las ayudas estatales?

Medidas de largo plazo

Si bien estas ayudas podrán reducir de modo temporal los problemas apremiantes de algunas familias, habrá que tomar medidas que atiendan simultáneamente la reactivación y la pandemia del coronavirus.

  1. Retomar la concesión privada de obra pública: No se debe satanizar la concesión privada de obra, en tiempos de crisis esta figura adquiere mayor preponderancia como lo recomienda Ernesto Hip. Por ello no hay que descartar el proyecto del tren eléctrico que utilizaría esta modalidad de financiamiento.
  2. Aplicar las reglas fiscales de modo riguroso, dándosele cierta flexibilidad en tiempos de crisis como el actual. Así lo ha hecho la Unión Europea.
  3. Abrirse más al mundo y mejorar el ambiente a la inversión: Es poco lo que se puede hacer con política fiscal (altos déficit y endeudamiento, alta prima de riesgo), tampoco con lo monetario (tasas de interés pasiva casi en un 1% y divorciada de la tasa activa que anda por las nubes). Habrá que ver si se atrae más inversión extranjera directa y hacemos más transparente y simple al estado costarricense.
  4. Aumentar la credibilidad en el Gobierno: No se vale que se engañe a la gente. Habrá que ver si al abrirse la economía se eliminan las sobretasas temporales a los salarios y pensiones.
  5. Contribuir en el proceso de reactivación de manera equitativa: todos debemos aportar, hasta las cooperativas, municipalidades, etc. No se vale que algunos no colaboren en el esfuerzo y que este recaiga en los hombros de solamente un sector de la población
  6. En tiempo de crisis hay que deponer en mayor medida la ideología y nos concentramos en crecer y generar empleo, comercio y oportunidades de negocios. Hay que emular lo que hizo en China el reformador Deng Xiaoping, fomentar la competitividad a través de una gradual- despolitización de los negocios. Y como él dijo “No importa el color del gato, lo importante es que cace ratones”.
[1] Las salvedades son 1. RECOPE en las compras de combustible, 2. Empresas públicas que compiten en el mercado, y 3. La CCSS en lo referente a sus dos regímenes (IVM y el no contributivo). No obstante, entes descentralizados como universidades estatales, municipalidades, entre otros han dado la lucha por ser excluidos de la regla. Otro aspecto polémico se refirió a si su aplicación es sobre el gasto ejecutado o sobre el gasto presupuestado. Lo incide en montos menores al haber sub-ejecuciones presupuestarias.
[2] Para dar una idea de la magnitud de estos datos, la Unión Europea estableció en el Tratado de Maastricht como condición para ingresar a la Eurozona metas del 3% de déficit y 60% de deuda pública respecto del PIB.