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Pensar en la reactivación económica, debe responder a la aspiración por un crecimiento inclusivo, no sólo en términos de incorporar a los distintos sectores productivos, sino también a los distintos territorios y sus comunidades, en las distintas regiones del país.

Las posibilidades que el país posee para impulsar un proceso de transformación productiva con carácter territorial son muy positivas, si tomamos en cuenta la dotación de factores y capacidades competitivas de las distintas regiones para generar economías de aglomeración (clúster) en torno a actividades económicas con gran potencial.  Algunas de estas actividades han demostrado una gran capacidad de reacción en el contexto de la pandemia.  Sin embargo, hay otra serie de actividades, tan importantes para nuestra economía, como las relacionadas con el sector turismo, en las que habrá que definir políticas y programas de recuperación y reactivación en el corto plazo.

El crecimiento experimentado por el sector turismo en las últimas décadas ha sido muy significativo, convirtiéndose en uno de los pilares sobre los que se sustenta la economía costarricense.  El éxito ha respondido a políticas estratégicas de fomento y diversificación de la oferta turística, tanto para turistas nacionales como internacionales. Las ventajas de localización del país, aunado a la riqueza de su biodiversidad y variados ecosistemas naturales y humanos, así como la estabilidad social y política; lo han posicionado como uno de los destinos turísticos preferidos, a nivel mundial. En la era post-COVID-19, el escenario para el país en esta materia puede ser muy prometedor, pero hay que ir preparando una estrategia del sector turismo para adaptarse a las nuevas condiciones de la sociedad post-pandemia.

El desarrollo del turismo en Costa Rica demuestra la importancia de la innovación institucional para promover y consolidar un sector dinámico y generador de múltiples encadenamientos productivos con la economía nacional e internacional.  La Ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico de 1985, ampliada en 1994, con los esfuerzos de promoción y gestión turística, desarrollados por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), ha posibilitado que nuestro país se haya ubicado en los primeros lugares como destino turístico (Arias y Murillo, 2005).  Así mismo, y en concordancia con lo anterior, el ICT, con el respaldo de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), creó en 1999 el Certificado para la Sostenibilidad Turística (CST) con el propósito de avanzar hacia un esquema de sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales y del entorno cultural y social. El CST procura incentivar a diversas empresas o actividades turísticas para que asuman un compromiso de largo plazo con las fuentes de su desarrollo (Arias y Murillo, 2005).

Este enfoque ha contado con el respaldo institucional de entes públicos y privados, así como con la participación de una serie de organizaciones no gubernamentales (ONG) y actores locales, interesados en la conservación y preservación de los recursos biológicos y el bienestar de las comunidades locales.

Por un lado, el Minae-Sinac ha definido una política general para facilitar el desarrollo de un turismo sostenible basado en la gestión, planificación y manejo de los recursos que garanticen la preservación y transferencia de la herencia natural y cultural para el disfrute de las futuras generaciones.

A lo anterior, hay que agregar la capacidad de evolución y adaptación del sector a la demanda nacional e internacional, ofreciendo una oferta turística más diversificada, que, además de contar con condiciones extraordinarias para el turismo de sol y playa, ha tenido la visión de promover otras dimensiones, como el turismo sostenible y ecológico, el turismo rural comunitario, el turismo de aventura, y, más recientemente, el turismo de salud y bienestar (turismo médico), el turismo residencial (pensionados y visitantes extranjeros) y el turismo de investigación de los ecosistemas naturales.

Por otra parte, la labor de las ONG, gobiernos y organizaciones regionales y locales (cámaras de turismo locales, cooperativas y asociaciones para el desarrollo turístico y gobiernos locales) ha estado orientada a promover un turismo que potencie el desarrollo regional más balanceado y sostenible, reduciendo su impacto sobre la biodiversidad. En cuanto a esta aspiración hay mucho por hacer para aumentar el bienestar de las comunidades locales, en materia de infraestructura para el desarrollo, así como en la generación de empleo formal.  Las comunidades costeras y las que habitan en torno a los parques nacionales y áreas protegidas, son las que presentan mayores problemas de pobreza, acceso a bienes y servicios públicos de calidad (salud y educación y conectividad) y a empleo formal y calificado.

Es necesario diseñar e implementar políticas e instrumentos para una mayor y mejor justicia redistributiva en las comunidades donde las actividades turísticas tienen lugar; así como en aquellos territorios donde se concentra la conservación de nuestra biodiversidad (muchos de los cantones donde estos recursos se ubican son los más rezagados, de acuerdo con los índices de desarrollo humano y desarrollo social).  Es importante pensar en el diseño de instrumentos redistributivos que compensen y premien a los territorios y comunidades que son determinantes para que todo el país reciba los beneficios que de la conservación y preservación de la biodiversidad se derivan.

Dentro de las actividades con potencial para el desarrollo del clúster, se encuentran las siguientes:

  1. Clúster de sol, playa, y rutas de avistamiento de especies marinas y actividades deportivas y de recreación asociadas.
  2. Clúster turismo sostenible y ecológico
  3. Clúster turismo rural comunitario
  4. Clúster turismo cultural y gastronómico
  5. Clúster turismo de salud y bienestar
  6. Clúster turismo residencial de personas extranjeras
  7. Clúster turismo de investigación

Estos clústeres estarían acompañados por una serie de encadenamientos institucionales, públicos y privados, de apoyo al desarrollo de estos.  De tal forma, se establecen sinergias entre instituciones que pueden contribuir con sus recursos y capacidades para el desarrollo y consolidación de estas actividades, a nivel nacional, regional y local. Estos se pueden plasmar en aspectos tales como:

  1. Planes de inversión y esquemas de financiamiento e incentivos del gobierno nacional, local y organizaciones de desarrollo regional, que contribuyan con el bienestar de las comunidades, el manejo sostenible de los recursos, la demanda de bienes y servicios locales y la generación de empleo local y regional.
  2. Atracción y fomento de la inversión privada, nacional y extranjera, con carácter estratégico para la sostenibilidad ambiental, transferencia tecnológica y articulación con las actividades productivas locales.
  3. Centros de valor agregado y bolsas de empleo turístico, para los residentes locales.
  4. Centros de capacitación, investigación, desarrollo e innovación, asociados con la gestión y conservación de los parques nacionales, áreas protegidas y los gobiernos locales en las distintas regiones.
  5. Aceleradoras de emprendimientos y consolidación de PYMES locales, en alianza público-privada, con las universidades y los gobiernos locales.
  6. Diseño y gestión de políticas públicas nacionales, regionales y locales, en función de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (certificaciones de buenas prácticas, sostenibilidad de los recursos, generación de empleo y reducción de la pobreza).

Paralelamente a la definición de los clústeres con potencial, se identifican los territorios con capacidades y dotación de recursos endógenos para el desarrollo del estos. Dentro de los cuales podríamos mencionar, las zonas marítimo-costeras, parques nacionales y áreas de conservación, territorios con potencial para el desarrollo de rutas culturales y gastronómicas, rutas de artesanías, rutas de aventura, rutas arqueológicas y antropológicas, rutas agroecológicas y rutas de avistamiento y actividades marítimas.

Finalmente, para efectos de promover un desarrollo productivo con mayor equidad social, se debe promover un sector, competitivo y dinámico, de pequeñas y medianas empresas, capaz de abastecer y suministrar bienes y servicios de primera calidad en cada uno de los clústeres.  De preferencia, este sector de Pymes se organizaría en forma de cooperativas u otro esquema de organización asociativa, para participar, con mayores ventajas de escala y capital social. Lo cual contribuiría con la creación de empleos formales y el desarrollo del capital social, en múltiples territorios en el país.