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COVID-19 en Costa Rica

Autoridades del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) y activistas de la sociedad civil están solicitando al Poder Judicial la suspensión de las visitas supervisadas de personas menores de edad que son dictadas por la jurisdicción de familia, en el marco de la emergencia nacional por la COVID-19.

El Régimen de visitas supervisado es un proceso en el que profesionales como trabajadores sociales y psicólogos, intervienen cuando existe una dificultad en la interacción que se da entre las personas de una familia para mediar y solucionar conflictos. Estas intervenciones se presentan especialmente en familias con menores de edad, personas con discapacidad y adultos mayores.

Sin embargo, y debido a que dichas visitas requieren movilización de las familias, muchas de ellas con personas con factores de riesgo, el temor a la continuidad de este régimen se ha acrecentado.

Por ello, la Ministra de la Condición de la Mujer y Presidenta Ejecutiva del INAMU, Patricia Mora Castellanos, envió una carta a los magistrados de Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia, en la que les solicitó "considerar la suspensión de dichas visitas durante la emergencia provocada por el COVID-19".

Mora agregó que realiza la solicitud "con la finalidad de resguardar la salud y vida de las personas menores de edad y las mujeres, así como el interés superior de las primeras".

La jerarca aseguró que:

En el contexto de la pandemia por el COVID-19, varias mujeres han consultado a nuestros servicios sobre los regímenes de interrelación familiar y las visitas supervisadas que se realizan en despachos judiciales. Ellas aseguran están preocupadas de arriesgar a sus hijos e hijas, así como a sí mismas, al tener que salir de sus hogares y acudir a oficinas judiciales donde suele encontrarse grupos de personas en espacios pequeños".

El pasado dieciséis de marzo, el Poder Judicial emitió la circular 47-2020 en la que se ordenó suspender las audiencias y los juicios en todas sus oficinas (excepto en materia de violencia doméstica, pensiones alimentarias y medidas cautelares en materia penal); sin embargo, las visitas supervisadas de estos regímenes no se encuentran dentro de los supuestos de suspensión y por ello la misiva enviada.

De igual manera, y según consta en el oficio 129-STGAJ-2020 enviado por la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial al Consejo Superior del Poder Judicial este miércoles, la activista Larissa Arroyo Navarrete, y la Directora del Área de Violencia del INAMU, Ana Hidalgo Solís, también hicieron solicitudes por su parte en la misma línea.

En el documento se señala que las dos solicitudes entraron el martes y el miércoles pasado, debido a:

La preocupación de que las personas que acompañan a las niñas y niños para que asistan a visitas en régimen supervisado, se exponen a situaciones de riesgo de contagio de COVID-19, siendo la mayoría de acompañantes mujeres  y adultas mayores (sus madres y abuelas)".

Ahora habrá que estar pendiente a las decisiones que tomen Corte Plena y el Consejo Superior, pues serán estos órganos los que deban resolver el asunto.