Este artículo representa el criterio de quien lo firma. Los artículos de opinión publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de este medio.

Durante el debate legislativo y la debida discusión ciudadana respecto la pasada y necesaria reforma fiscal, se dieron una serie de argumentos a favor y en contra de la reforma, muchos cargados de enormes falacias o en el mejor de los casos, de atrevida ignorancia, máxime ante la proliferación de “expertos” en materia fiscal.

Lo anterior derivó en que el debate fiscal fuera, en una importante medida, conducido con un alto grado de irresponsabilidad, y con intereses políticos por encima del interés nacional. Ahora, la necesidad de hacer aclaraciones respetuosas y fundadas sobre el tema fiscal vuelve a ser una necesidad, dada la lamentable noticia de que el déficit fiscal aumentó al cierre del 2019, rondando el 6,96% y siendo el más alto de los últimas décadas. Lo anterior aún y cuando la recaudación creció un 8,1%. A este respecto, podemos comentar los siguientes puntos:

La reforma fiscal no sirvió para nada: Falso. Para empezar, las cifras dadas por el Ministerio de Hacienda son con respecto al cierre del 2019, eso implica que la reforma fiscal solo incidió en 5 meses en cuanto al IVA y 5 meses parcialmente en renta, dado que alguna normativa en cuanto al impuesto sobre la renta no podía tener efecto sobre el periodo fiscal 2019.

Es decir, es muy temprano para sacar conclusiones definitivas sobre la reforma fiscal, pero la lógica demanda que, sin reforma, el déficit sería peor.

De acuerdo con Hacienda, los ingresos totales crecieron 8,06%. Lamentablemente los gastos también crecieron, pero al 12,65% interanualmente, siendo que un importante componente de dicho gasto Hacienda lo adjudicó a una mayor inversión en infraestructura y en gastos imprevisibles.

Sin reforma fiscal, es decir, sin ese 8,06% adicional y la contención del gasto asociada (con algunas rebeldías) el déficit fiscal sería muy superior, pero más importante, la deuda alcanzaría el 59% en relación con la producción. La reforma era necesaria y sus efectos podrán medirse en los años venideros, pero será infructuosa si se gasta en desmedida o la economía sigue deprimida.

La mejor reforma fiscal es un mayor dinamismo económico en el sector privado formal.

El Estado apenas recauda un 13% en tributos: Relativo. La recaudación fiscal como porcentaje del PIB en Costa Rica es cercana al 24%, tal cual muestra la OCDE:

Con la reforma fiscal, es muy probable que dicho porcentaje aumente. El 13% que tanto se pregona, lo obtenemos de solo medir los ingresos tributarios del Estado Central, los cuales alcanzan un 13,6%. Sin embargo, los contribuyentes SI sacan de sus ingresos para aportar el 24%. Que el Estado haya decidido asignar una parte de su ingreso a destinos específicos o que sean recaudados y administrados directamente por un ente estatal, como el ejemplo de la CCSS, no hace que no sea un costo que debe asumir el contribuyente.

Las contribuciones a la seguridad social son tributos a cargo del contribuyente que, dicho sea de paso, su alto costo incide directamente en la alta informalidad y en la competitividad del país, dicho por la propia OCDE.

“A diferencia de la mayoría de países del mundo, en Costa Rica las autoridades tributarias no tienen acceso a información bancaria de los contribuyentes”:  Falso. De conformidad con lo definido en los artículos 106bis y 106 ter del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, la Administración Tributaria SI puede tener acceso a la información bancaria de los contribuyentes cuando sea necesario, demuestre ese interés tributario y, sobre todo, tenga autorización de un juez de la República. En ese sentido, el artículo 106bis expresamente señala:

Las entidades financieras deberán proporcionar a la Administración Tributaria información sobre sus clientes, incluyendo información sobre transacciones, operaciones y balances, así como toda clase de información sobre movimiento de cuentas corrientes y de ahorro, depósitos, certificados a plazo, cuentas de préstamos y créditos, fideicomisos, inversiones individuales, inversiones en carteras mancomunadas, transacciones bursátiles y demás operaciones, ya sean activas o pasivas (…).

Para ello, la ñey define un procedimiento determinado donde un juez de lo contencioso autoriza, en un plazo máximo de 5 días, para que la información sea entregada. Lo anterior garantiza que, ante comprobados manejos dudosos de información sensible, el acceso a la información financiera no sea utilizado para otros fines.

Así las cosas, no es cierto que la Administración Tributaria no tenga acceso a la información. Que el procedimiento sea el adecuado o no, de cara a la lucha contra la evasión, es algo completamente distinto y merece ubicarlo en dicho escenario. Aunado a lo anterior, nuestro Estado cuenta con la normativa interna suficiente para dar acceso a la información financiera, así como la normativa internacional para el intercambio automático de información con otras jurisdicciones.

Tan es así, que dicha normativa para el acceso a la información financiera y el intercambio con otras jurisdicciones fue avalada por la OCDE.

Entonces, ¿de qué hablamos? Hoy, con la legislación actual, existen los elementos para que la Administración Tributaria pueda acceder, en un plazo en tiempo bastante rápido, a la información, con lo cual queda la duda puntual:

¿Cuál es el problema de seguir el procedimiento? Si los hay, pues se exponen, se discuten y se avanza, pero no podemos seguir partiendo de premisas falsas.

El manejo de datos privados financieros se puede prestar para ataques políticos e incluso en beneficio del crimen organizado, por ello, la discusión debe partir de la realidad actual, con criterios técnicos y objetividad.

Regla fiscal: La regla fiscal debe ser implementada de forma estricta. Tenemos años financiando gasto corriente con deuda, lo cual per se es una violación a una regla fiscal constitucional. No podemos seguir flexibilizando las reglas fiscales, necesitamos acatarlas. Hace bien el señor Ministro de Hacienda en rechazar reformas para flexibilizarla o endurecerlas, dado que las explicaciones de quienes proponen cambios han sido políticas y no técnicas.

Lo que deben hacer las autoridades es a mantener la deuda por debajo del 60%.

La situación nacional actual requiere de un altísimo esfuerzo por reducir el desempleo y dinamizar la economía. Necesitamos más inversión, dado que crea empleo y, por ende, hace aumentar la recaudación de impuestos. Y para ello, urge reducir la burocracia y la terrible tramitología que agobia al que quiere generar riqueza.

El sector privado formal, no puede seguir soportando aumentos en los tributos con menor dinamismo económico. Las siguientes medidas en este año, serán determinantes en la salud financiera de nuestro Estado y sus ciudadanos.