Este artículo representa el criterio de quien lo firma. Los artículos de opinión publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de este medio. Delfino.CR es un medio independiente, abierto a la opinión de sus lectores. Si desea publicar en Teclado Abierto, consulte nuestra guía para averiguar cómo hacerlo.

Las elecciones municipales del pasado domingo culminaron con un serio déficit democrático, que de ninguna manera debe pasar desapercibido. La participación protagónica de las mujeres quedó disminuida, como resultado de decisiones tomadas desde el centro mismo de nuestra institucionalidad electoral: el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), con el muy conveniente beneplácito de los partidos políticos, que tampoco comprendieron que, sin mujeres, no hay democracia.

Hasta hace muy pocos años, la democracia paritaria por la que las mujeres hemos luchado por casi dos siglos en nuestro país, finalmente, empezaba a rendir frutos y avanzar -a paso lento, pero firme- en los gobiernos locales. Los Concejos Municipales era donde mayor crecimiento venía presentando la participación de las mujeres. Las alcaldías, por otra parte, seguían siendo territorio de hombres. En el 2002 tan solo siete mujeres alcanzaron la alcaldía de su cantón; en el 2006, la cifra aumentó a nueve; diez en el 2010 y doce en el 2016.

En este marco, pese al gran reto que esto suponía, había un panorama prometedor de cara a las elecciones municipales del 2020 respecto a la participación de más mujeres en las jerarquías municipales, debido a la sentencia de la Sala Constitucional del 2015 y a las resoluciones del TSE que obligaron a los partidos políticos a aplicar la paridad horizontal en la formulación de las candidaturas diputadiles del 2018. Se esperaba que lo mismo aplicara en la conformación de candidaturas a alcaldías en el 2020; sin embargo, esta reivindicación de los derechos políticos de las mujeres se vio truncada por la decisión parcialmente inconstitucional que tomó el TSE de posponer la paridad horizontal hasta las elecciones del año 2024, en el caso de los comicios locales (Resolución N° 1724-E8-2019).

Con excepción del Partido Acción Ciudadana (PAC), que sí aplicó la pararidad vertical y horizontal en la formulación de sus candidaturas cantonales, todos los demás partidos políticos aprovecharon la postergación legitimada por el TSE, para ceder a las mujeres únicamente un promedio de dos de cada diez candidaturas a alcaldía. Más del 80% de las personas aspirantes fueron hombres.

Los resultados preliminares del proceso electoral del pasado domingo, evidencian las consecuencias de tan desafortunada resolución. La cantidad de mujeres electas en la alcaldía bajó de doce a nueve, alcanzando tan solo el 11%. Otra hubiera sido la historia si la paridad horizontal que los partidos políticos respetaron en la conformación de papeletas diputadiles, se hubiera aplicado en estas elecciones municipales. Gracias a esa paridad horizontal en la postulación de diputaciones, actualmente la Asamblea Legislativa cuenta con el mayor número de mujeres diputadas que Costa Rica ha tenido hasta ahora, y por lo tanto, logramos constituir el Parlamento con la mayor paridad y solides democrática de nuestra historia.

¿Por qué en los comicios locales no se hizo así? La triste respuesta es que el TSE y la mayoría de partidos políticos decidieron perpetuar la premisa machista de que las comunidades no están listas para tener a una mujer al mando, o, que son las mujeres las que no quieren participar en política.

Tres cosas quedaron claras: 1.- Son los hombres los que no están listos para abrir los espacios de poder a nuevos liderazgos a nivel local. Posiblemente por eso, los partidos políticos no se han ocupado en capacitar, empoderar y formar cuadros de mujeres que postulen su nombre al servicio del país y las comunidades. 2.- Posponer la paridad horizontal en las elecciones municipales, solo contribuyó a proteger los derechos de los hombres que ya estaban en el ejercicio de las alcaldías, respecto a los derechos políticos de las mujeres que hubieran podido aspirar a esos puestos. 3.- Es el derecho de los hombres el que queda protegido si no se pone limite a la reelección en las elecciones municipales.

Como bien lo reconoció la propia Procuraduría General de la República (PGR), a propósito de la acción que las diputadas del PAC presentamos contra dicha resolución del TSE, el Código Electoral incorpora la paridad de género desde el 2009, por lo que los partidos políticos han tenido 10 años para incluirla en sus reglamentos y estatutos como un principio de riguroso acatamiento. No había excusa política o legal a la cual ampararse para seguir tratando a las mujeres como ciudadanas de segunda categoría, pero así ocurrió, como un claro síntoma de la violencia política y estructural que se da contra las mujeres en nuestro país.

El costo lo asumirán, por cuatro años más, las comunidades que no tendrán la oportunidad de incluir la visión de las mujeres en la conducción del desarrollo local desde la alcaldía, a pesar de ser nosotras más del 50% de la población, así como las que presentamos los índices más altos de formación universitaria y asistencia a las urnas para emitir el voto.

Al TSE y los partidos políticos, que quizá nunca admitan su responsabilidad, les queda el reto de fortalecer los mecanismos de participación política de las mujeres en los espacios de toma de decisión a nivel local, de cara al 2024, y deben darse prisa. Finalmente, el tiempo pasa rápido; no vaya a ser que lo que no han podido hacer en 10 años, tampoco lo puedan hacer en cuatro.

En este sentido, la Organización de los Estados Americanos (OEA), que en su informe preliminar sobre este proceso electoral también expresa su preocupación por los efectos que ha tenido la resolución del TSE, nos recomienda avanzar en la elaboración de una ley sobre violencia político-electoral contra las mujeres, conforme a las obligaciones de derecho internacional asumidas por Costa Rica orientadas a la prevención, investigación, sanción y reparación de todo tipo de violencia y discriminación contra las mujeres.

También nos señala la necesidad de revisar la legislación vigente a fin de limitar la reelección de las autoridades municipales, con el objetivo de fomentar un relevo generacional en los cantones, con nuevos liderazgos que vengan a remozar y fortalecer la gestión municipal. De ser así, las mujeres y las personas jóvenes, tendrían mayor oportunidad de llegar, al fin, a esos espacios de toma de decisión que, debido al modelo actual, fácilmente terminan siendo acaparados por muy pocas personas -predominantemente hombres- durante décadas. Reitero, mantener las reelecciones municipales a la libre, solo protege el derecho de los hombres y garantiza su permanencia por los años que quieran.

Las Municipalidades no son  parcelas repartidas entre alcaldes vitalicios. No son territorio de hombres. Este es un tema de desarrollo, de democracia y del derecho que tenemos todas las personas a elegir, y también a ser electas, sin discriminación por condición de género. Mi llamado a las diferentes Fracciones Legislativas, a los partidos políticos y al propio TSE, para que hagamos conciencia y tomemos cartas en la tarea de fortalecer el Estado de Derecho y la democracia paritaria en los gobiernos locales. Las mujeres en cada territorio lo merecen. Costa Rica nos lo demanda.