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Los problemas económicos y ambientales deben de abordarse de forma eficiente y eficaz. Como se observa en el Capítulo 3 del Informe del Estado de la Nación de 2019, ambos problemas afectan nuestra competitividad:

  • La tasa de desempleo abierto no dejó de aumentar en 2019 hasta 11,4% el tercer trimestre de 2019, 1,2% más que el mismo período para 2018.
  • Entre 2016 y 2017, el crecimiento promedio de la economía costarricense se redujo de 4,2% a 3,4%. Esta desaceleración no se manifiesta con la misma intensidad en todo el país; las regiones más afectadas fueron la Huetar Norte y la Pacífico Central.
  • En las regiones Brunca y Central-Periferia la mayor parte de la producción se dedica al comercio y la agroindustria. A su vez, la Huetar Norte y la Huetar Caribe destacan por la mayor proporción de su actividad económica concentrada en el agro, especialmente en el cultivo de piña y banano.
  • Las empresas de las regiones Central-GAM, Huetar Norte y Huetar Caribe tienen las probabilidades más altas de sobrevida, con niveles superiores a 63% a los cinco años. Lo contrario sucede en el resto de las regiones, donde ese indicador está por debajo de 61%.

El país posee un problema de competitividad estructural y sus consecuencias se denotan en el desempleo, lento crecimiento económico y aumento de las brechas sociales.

Una de las formas de atenderlo es mediante las exportaciones como medida de reactivación de la economía, especialmente del sector agro, el cual sigue siendo un eslabón importante en la producción del país. Estos fueron los principales productos de exportación de Costa Rica para 2018:

La relación entre las exportaciones y la economía se puede explicar mediante el PIB. Se utiliza, para bien o para mal, para medir en algún grado el crecimiento de la producción de una economía.

Generalmente se calcula teniendo como referencia el anterior, pues lo más relevante corresponde a cómo y cuánto cambia en el tiempo más allá de cuánto es. Una de las expresiones matemáticas, basada en gasto, es la siguiente:

PIB = C + G + I + (X – M)

donde,

C = consumo de las familias

G = consumo del gobierno

I = inversión en nuevo capital

X = exportaciones

M = importaciones

Para que el PIB aumentara, una forma de lograrlo correspondería a exportar más e importar menos. El sector agro puede ser estratégico, ya que, si combinamos las contribuciones porcentuales de los productos 2, 3 y 5, obtendríamos 20,7% de las exportaciones totales de 2018 provenientes del sector agroindustrial.

Pero además, 3 tiene un problema enorme con el rastrojo, 5 una posibilidad con las aguas mieles y la pulpa de café, y 2 una oportunidad en el aprovechamiento del pinzote.

Quiere decir que existen toneladas de materias primas que actualmente representan un costo financiero directo, así como un costo y problema ambiental. Históricamente, hemos desarrollado agro únicamente a los mercados accesibles como commodity. Sin embargo, existe un sinfín de posibilidades para el aprovechamiento comercial los desechos de la agroindustria.

Esto termina siendo muy rentable ya que estas materias primas representan un costo ambiental que se evitaría además de la posible utilidad comercial. Pero para que exista factibilidad y sostenibilidad de nuevos negocios que utilicen los subproductos agrícolas, se requiere que el desarrollo de los proyectos de inversión que diversifiquen los riesgos. Generalmente, el mayor corresponde a la penetración y generación de nuevos nichos de mercado; esta situación debe de mitigarse para poder lograr el financiamiento de este tipo de proyectos.

Una forma es enfocando los desarrollos iniciales a aquellos nichos más sencillos de penetrar y de menor rentabilidad pero que, al resolver el problema ambiental, representaren proyectos rentables en sí mismos. Esto se puede lograr a través de la energía.

Esta generalmente el principal costo operativo para las empresas agroindustriales: si estas han tenido que cubrir ese gasto como parte de su operación, pero ahora se lo “ahorran”, el dinero disponible representa para el banco o inversor garantía de pago futuro, lo cual es sumamente relevante en los proyectos de inversión.

Sin embargo, actualmente la generación industrial de energía a partir de subproductos agroindustriales presenta rentabilidad solamente si se realizan a través de las mismas organizaciones que poseen problema. Esto debido a que la legislación actual no permite que haya acceso libre al autoconsumo y mercado de la energía, restringiendo la inversión privada.

Esta situación nos limita en nuestro desarrollo industrial y corresponde a un elemento de riesgo que debe ser diversificado. Una forma estratégica es mediante la figura de concesiones: una persona física o jurídica tiene el problema, y otra se lo “lleva” porque resolverlo en sí mismo es un negocio. Pero para lograr esto, el mercado de la energía debe de ser modificado mediante legislación nueva para facilitar su acceso regulado.

Nótese que esto no implica poner al ICE al competir o eliminar al CNFL, sino más bien ajustar los elementos del entorno mediante legislación que les permitiera a estas empresas comprar energía eléctrica exclusivamente a productores privados que la generaren a partir de desechos. De esta forma podríamos tener la producción de energía limpia solucionando los problemas ambientales, para que esta fuera vendida a las empresas del Estado las cuales se encargarían de distribuirla y exportarla. Es un ganar-ganar (especialmente para el ambiente), pero hay que abrir los ojos y tomar la decisión de cambiar las cosas. Se reactiva la economía y se solucionan algunos problemas ambientales.

Pero lejos de entrarle a estas cosas con seriedad, andamos hablando paja en el COP25 sin hacer nada, pasando legislación para reactivar la pesca de arrastre y haciéndonos de la vista gorda con los problemas ambientales que sabemos que existen.

Es hora de tomar el tema ambiental y económico con madurez, especialmente política.