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Para el ciudadano común y corriente, sin vínculo alguno con los círculos de poder, resulta misión imposible conocer la intríngulis detrás del ejercicio del poder por parte de una élite política más que corrupta y no menos decadente.

Ahora estamos frente a un parlamento elogiado por el propio programa Estado de la Nación y algún periódico, siempre oportunista, sólo porque ha sintonizado con temas fiscales y de pensiones, pero que tiene una cara oscura que tal vez le haga más daño al país que el provecho que obtuvimos con la tan cacareada reforma fiscal.

Estoy convencido de que la institucionalidad del país está muy por encima de reformas económicas. El ciudadano común no sólo come, también necesita un Estado de Derecho.

Celebré en su momento, la ruptura del bipartidismo, en el que los dos partidos mayoritarios se repartieron magistraturas como les vino en gana.

Lamentablemente, recién se rompió, las viejas prácticas no cambiaron y se inauguró con el cuestionamiento del magistrado Luis Paulino Mora, en el 2005 cuando le correspondía su reelección. Luego del caso conocido como El Cementazo, pareciera que esa élite política que nos gobierna, se ha propuesto nuevamente, como en su momento lo hizo José Figueres Ferrer, controlar políticamente al Poder Judicial. Si el siglo pasado tuvimos una Corte verdiblanca, en este siglo podríamos tenerla multicolor pero absolutamente alineada políticamente. Otrora hubo juristas en la Corte. Hoy hasta muñecos diabólicos tiene...

El efecto cementazo desnudó una trama de poder asquerosa que creíamos haber superado. Escribimos algunos con la esperanza de que fuera este sismo ocasión propicia para la depuración del sistema, sueño que no fue más que eso. He hecho un recuento de las noticias que en relación con este tema han publicado diferentes medios nacionales y me parece haber encontrado la existencia de un entramado de relaciones oscuras y perniciosas.

Los magistrados señalados por la investigación del cementazo, son los siguientes:

  1. Celso Gamboa. Destituido y con causas penales pendientes. Amigo de Luis Fernando Salazar (con quien tuvo mucho contacto, según estudios del O.I.J).
  2. Carlos Chinchilla. Según reconoció la ex-diputada Paulina Ramírez los asistentes a la fiesta de celebración del nombramiento de Chinchilla pusieron una cuota para pagar el alquiler de la finca. Esta propiedad pertenecía a Marvin Herrera, relacionado con la empresa TUASA y Riteve. Igualmente, le acompañaron en esa fiesta Gonzalo Ramírez, entonces presidente del Congreso, así como los liberacionistas Ronny Monge y Paulina Ramírez. Como cereza en el pastel, también estuvo presente Alex Sibaja (ex-tesorero del PLN y miembro de una firma jurídica que le da asesoría a empresas autobuseras y cuya esposa -Herley Sánchez Víquez- es la jefa de despacho del Regulador General). Le acompañaron en el agasajo, los magistrados Luis Fernando Salazar y Celso Gamboa. Denunciado por el caso del cementazo y amigo de estos dos últimos magistrados. Renunció ante la presión que eventualmente podría devenir en serias responsabilidades;
  3. Luis Fernando Salazar. Es el curioso juez laboral que concursó para ser magistrado suplente y resultó electo como magistrado propietario de la Sala Constitucional. Se desconoce oficialmente el nombre del poderoso político que lo apadrinó, aunque a veces sea un secreto a voces. Pareciera que va a ser como el caso del narcotraficante Rafael Caro Quintero del que nadie supo quién autorizó su ingreso al país sin pasar un sólo control migratorio y que al final la Comisión Legislativa que investigó el caso se limitó a decir que se trató de una “autoridad política superior”. Durante la época en que se fraguaba la trama del cementazo el magistrado Salazar tuvo muchos contactos telefónicos con Celso Gamboa, aún y cuando son de Salas diferentes. Además, reconoció públicamente una amistad especial con el ex-presidente Carlos Chinchilla, en un actividad en el Colegio de Abogados y Abogadas (“El honor que me hace la Junta Directiva del Colegio de Abogados hoy es doble, al dedicarme el Congreso Jurídico Nacional, porque es el primer acto oficial en que participa don Carlos Chinchilla como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Mis inicios en el Poder Judicial coinciden con mi incorporación al Colegio de Abogados, allá por 1989. Desde entonces una amistad me une con don Carlos, le doy gracias a la divina providencia que me hiciera poderle dar el voto y que un hombre bueno, también, ahora que don Froylan habla de la parte espiritual de las personas, llegue a ocupar semejante cargo, la verdad es que nos debe honrar a todos. Don Carlos, aprovecho de nuevo para reiterarle que cuenta con un compañero en la Corte Suprema de Justicia que estará a su lado en las buenas y en las malas.”). Adicionalmente, tiene estrechos vínculos con el Opus Dei y su esposa es la directora del Colegio Iribó (“Los padres de familia y educadores que iniciaron Iribó School, se inspiraron en la vida y enseñanzas de San Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei”, cito su sitio web);
  4. Doris Arias. Se jubiló también con motivo del cementazo. Reconoció haber hecho lobby ante al menos veinte diputados, con motivo de su elección;
  5. Jesús Ramírez Quirós. La estrella del firmamento. No he conocido en mis más de tres décadas de ejercicio profesional a alguien que haya sido tantas veces cuestionado y aun así, haya permanecido en su cargo como si con él no fuera la cosa. No poco se le ha imputado, desde su amistad cercana con un cuestionado jefe departamental del O.I.J., haber ordenado el decomiso del libro conocido como El Caso Chemise, hasta de formar parte de quienes acogieron la solicitud de desestimación de la causa seguida contra los diputados Morales y Guevara por el caso del cementazo, entre otras.

Además del vínculo directo de estos magistrados con el caso del cementazo, hay otros magistrados que aún con un currículum judicial cuestionado, han contado con importante apoyo político para llegar a ese cargo. Tenemos a Luis Porfirio Sánchez, con grandes cuestionamientos. Absolvió en primera instancia al diputado arista Federico Tinoco, dentro de un proceso por acoso laboral, cuando aquél era diputado, sentencia que por cierto le fue revocada por su superior jerárquico. Fue acusado por prevaricado, causa en la que figuró como abogado el Lic. José Pablo Badilla, cuñado de Héctor Blanco, excluido posteriormente de la lista de candidatos a suplentes de la Sala II. En la absolutoria de esta causa penal participó directamente el mismísimo Celso Gamboa, a quien reconoció luego como su amigo, llegando incluso a excusarse de conocer en Corte Plena procesos contra Gamboa. A su fiesta de elección fueron los magistrados Carlos Chinchilla, Luis Fernando Salazar (también ex-juez laboral) y al menos 5 diputados del PLN (entre ellos Aracelly Segura que incluso utilizó un carro oficial para asistir), 2 del PUSC, 1 del movimiento libertario y 1 del partido Accesibilidad sin Exclusión;

Ahora bien, aparte de estos magistrados, que funcionan a manera de grupo de interés, se han dado otras tramas que tienen que ver directamente con el cementazo y el debilitamiento institucional:

Caso de Laura Chaves Lavagni. Fue directora del despacho del presidente de la Corte, cuando el cargo lo ocupó Carlos Chinchilla. De ahí pasó a ocupar una silla de suplente en el Consejo Superior del Poder Judicial. Ocupando ese cargo en forma interina votó una resolución que afectaba la permanencia de los peritos contables del O.I.J. que atendían la investigación del cementazo, votación en la que debía haberse abstenido. Actuando como magistrado instructor, Fernando Castillo Víquez solicitó la apertura del proceso disciplinario contra la señora Chaves, sin embargo, luego Corte Plena desestimó la causa por no haber cargos y hechos claros, precisos y concretos. Me cuesta creer que el presidente de la Sala Constitucional sea incapaz, como abogado, de confeccionar un requerimiento de instrucción con semejante defecto.

¿Qué tiene todo esto que ver con el actual Parlamento? En una segunda entrega lo analizaré.