El presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, dejó por fin en firme la norma técnica que regulará la implementación del aborto terapéutico en el país.

La firma se hizo este jueves, 12 de diciembre, luego que la Caja del Seguro Social no presentara objeción a la norma. De esta manera se le puso fin a la espera que desde principio de año sostienen los sectores, tras la promesa gubernamental de dejarla en firme antes de que finalizase el 2019.

En cumplimiento con el compromiso que asumí con la vida y la salud de las mujeres, junto al Ministro de Salud, he firmado la norma técnica.
-Carlos Alvarado.

Recordemos que desde enero pasado el ahora exministro de la Presidencia, Rodolfo Piza Rocafort, aseguró que el presidente firmaría la norma antes de que finalizara el 2019 y desde ese momento la oposición se ha levantado en armas al respecto.

El artículo 121 del Código Penal señala, desde su promulgación en 1971, que "no es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios". Esta técnica se conoce como aborto impune.

Sin embargo, y como a la fecha no había claridad jurídica sobre qué condiciones son las que se entienden como causas de peligro para la vida o salud de la madre, el país evidenció casos como el de Ana y el de Aurora, dos mujeres que fueron obligadas a continuar con sus embarazos hasta el final del proceso a pesar de saber que, en los dos casos, el embarazo era incompatible con la vida extrauterina.

Como ambas mujeres señalaron que la continuidad de dichos embarazos atentaba contra su salud mental, sus casos provocaron que las denuncias de ambas hayan avanzado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el incumplimiento de la disposición en el país.

Desde el gobierno anterior diversos grupos han presionado por la firma de una norma que dé claridad jurídica, sin embargo, en la administración Solís Rivera dicho documento no quedó en firme "por decisiones políticas".

La administración Alvarado Quesada, por su parte y a pesar que el tema fue promesa de campaña, no procedió con la firma hasta este jueves, 583 días después de haber llegado al poder.

¿Qué dice la norma?

Algunos aspectos importantes que incluye son:

  • El procedimiento para valorar si corresponde o no una interrupción al embarazo: cuando la salud o la vida de una mujer embarazada están en peligro, su médico o la misma mujer pueden solicitar que un grupo conformado por tres profesionales en medicina hagan la valoración para saber si procede. Una vez que estos emitan un criterio, la mujer decide si acepta la recomendación o no.
  • El lugar en que se pueden realizar: establece condiciones para definir cuales centros médicos pueden valorar una intervención de esta naturaleza.
  • El tiempo para emitir criterio: la norma establece que una vez solicitada la valoración, el grupo de médicos tiene 3 días para responder.
  • El proceso a seguir si el criterio es negativo: si la respuesta del grupo de médicos es que no procede la interrupción del embarazo, la mujer puede solicitar una nueva valoración por una única vez.
  • La información que debe recibir la paciente: el documento establece que durante todo el proceso la mujer debe contar con información comprensible, oportuna y basada en la evidencia científica para tomar una decisión.
  • El consentimiento de la mujer: la norma es clara en que una interrupción del embarazo no podrá aplicarse en contra de la voluntad de la mujer embarazada.
  • La atención integral: cualquier mujer que se someta a un proceso de este tipo deberá contar con una atención integral que garantice su salud y bienestar.
  • La objeción de conciencia: la norma respeta a las personas profesionales en salud la posibilidad de la libertad de la objeción de conciencia y asegura que esto no afecte la atención de las mujeres.
  • Fiscalización: el Ministerio de Salud es la institución responsable de vigilar que los centros médicos del país apliquen esta norma y sus protocolos.