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El proyecto de Ley de Cinematografía y Audiovisual propone impulsar la industria audiovisual en Costa Rica, para ponerla al día con las últimas tendencias del desarrollo mundial y provocar oportunidades de empleo y de emprendimientos. En esa ley, también se propone la reforma del Impuesto de Espectáculos Públicos, pero debemos tener claro que, aunque la ley sí es para el cine, el impuesto a espectáculos públicos no es para el cine exclusivamente. Aquí salgo al paso de algunas críticas ligeras y de otras hechas de mala fe.

El Impuesto a Espectáculos Públicos se creó por la ley 37 de 1943 para mantener el patrimonio cultura nacional. Durante los años sufrió varias reformas y desde 1947 estableció un impuesto sobre las entradas a salas de teatro y salas de cine, que es del 6% para los que están ubicados en cabecera de provincia y del 3% para los que están ubicados en otros cantones.

El ingreso del impuesto se destinó, como hasta hoy, al fortalecimiento de las actividades de extensión cultural, así: 50% para el mantenimiento del Teatro Nacional; 30% a la Compañía Nacional de Teatro; un 10% para el Museo de Arte Costarricense; y un 10% para el Instituto Nacional de la Música (programas juveniles de la Orquesta Sinfónica Nacional),.

El impuesto gravó el tiquete de entrada a los espectáculos públicos, que eran los teatros y los cines y otros. No existía Internet ni televisión por suscripción (cable y streaming como Netflix). Hoy, en cambio, las salas de teatro son escasas y con poco público y los cines, aunque siguen brindando la magia de la gran pantalla, han visto reducida sensiblemente su audiencia, contrario a lo que ocurre con la televisión por suscripción que, desde que apareció ha tenido un crecimiento sostenido y constante. Según el Informe de SUTEL del 2017, el crecimiento de ese mercado en los últimos 5 años, fue de un 4% anual en promedio. Mayor que casi todas las industrias costarricenses.

Por eso, la televisión por suscripción (tv por cable y por demanda) debe incluirse dentro del impuesto de espectáculos públicos, para que no recaiga solo sobre las salas de teatro y de cine (equidad tributaria); y, sobre todo, para garantizar que la conservación del patrimonio y la extensión de la cultura sigan recibiendo el ingreso que requieren, porque es peligroso que todas las artes dependan de una sola fuente. Además, por ser mayores los ingresos, se pudo reducir la tasa (actualmente del 3% y del 6%) a una tasa del 1,5%, que garantiza ingresos suficientes para las actividades de extensión cultural y reduce la carga impositiva actual.

Ahora bien, desde hace muchos años los distribuidores cinematográficos y las salas de cine han procurado que al menos una parte de ese impuesto se destine al fortalecimiento de la actividad cinematográfica, bajo la premisa de que “el cine debe financiar el cine”, pues hasta ahora el cine financió la cultura pero no el cine. Por eso, la reforma al impuesto de espectáculos públicos incluyó una rebaja de la tasa y la asignación de un 20% a la promoción de la actividad cinematográfica y audiovisual de Costa Rica. También se reformó la integración del Consejo del Centro de Cinematografía, dando participación a los productores, intérpretes, industriales de animación digital, exhibidores, etc., lo que permitirá una mejor orientación del trabajo y garantizará un uso eficiente de los recursos.

Estas reformas nos llenan de entusiasmo, al pensar que Costa Rica, con pocos recursos (poquísimos comparados con los que destinan otros países de la región) podrá enrumbarse en el desarrollo fortalecido de esta industria. Un estudio reciente del BID, (La Economía Naranja, una oportunidad infinita”) explica que la industria creativa y el mundo digital, son las áreas que ofrecen mayores oportunidades de crecimiento en el mundo y donde los jóvenes tienen óptimas posibilidades de realizar emprendimientos y encontrar empleos afines con sus habilidades. Explica que la industria creativa constituye la cuarta economía del mundo (mayor que Alemania) y que el 60% de ese mercado se concentra en Estados Unidos. La contribución del impuesto oscila entre ¢40 y ¢100 mensuales que deben ser asumidos por las compañías, pero ninguna va a quebrar por eso ni nos va a afectar. En el último año, las compañías aumentaron sus precios varios miles de colones, pero nada de ese aumento nos benefició y tampoco perdieron clientes. ¿Vamos a seguir dejando pasar estas oportunidades?