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En las últimas dos semanas se ha desatado un polvorín mediático a raíz de un proyecto de ley conocido como “Ley de Cine”, que fue revivido en el Congreso. Aunque algunos han interpretado este nombre como si fuera una “ley para el cine”, lo cierto del caso es que este tipo de legislación existe en 15 países de Latinoamérica y sus beneficios para esas economía ya se han ido evidenciando. 

Este tipo de leyes forman parte del corpus para fomentar lo que se conoce como “Economía Naranja”, un término aún poco conocido en Costa Rica, que hace referencia a todas aquellas actividades que utilizan la creatividad como base y que interesa fomentar, entre otras razones, porque los empleos que genera son reconocidos como los empleos del futuro, pues son a los que ninguna máquina podrá reemplazar (si les interesa este tema, les recomiendo ver este TEDx de don Leonardo Garnier).

Por esta economía han apostado países como Inglaterra o Colombia. Este último país tiene incluso la “Ley Naranja”, que impulsa toda esta potente industria. Su propio Presidente, Iván Duque, ha sido su principal impulsor, pues como él mismo cuenta en un libro que coescribió, en su país, el de García Márquez, Carlos Vives, Botero y Shakira, este sector representa casi el 3% del PIB, ni más ni menos que tres veces lo que aporta el café

Pero si todo parece tan bueno, ¿por qué tanto alboroto con esta Ley de Cine? Fácil: porque las empresas de cable no quieren pagar un impuesto que no es nuevo. En nuestro país existe desde hace muchísimos años un impuesto llamado de Espectáculos Públicos (IEP), que actualmente es del 6% y cuya recaudación se destina a importantes instituciones culturales del país, como el Teatro Nacional, el Museo de Arte Costarricense y el Instituto Nacional de la Música (responsable de la Sinfónica Juvenil, por ejemplo). Quizás usted no lo sabía, pero los teatros, los cines y los conciertos SIEMPRE han pagado este impuesto (y otro más) por cada entrada que venden. 

El proyecto de Ley de Cine lo que hace es modificar ese impuesto de dos maneras: primero, bajándolo del 6% a 1,5% y redistribuyendo su recaudación, pero además, cobrándoselo a otros que hasta el momento no lo han pagado a pesar de que también tienen al arte y el entretenimiento como materia prima: las empresas de cable y los servicios de streaming como Netflix. Aunado a esto, a los beneficiarios de ese impuesto se le sumará uno más: el Centro de Cine, institución encargada de fomentar la industria audiovisual del país mediante varios programas, entre ellos un fondo que funciona realmente como un préstamo sin intereses y no como un regalo, el fondo El Fauno, que actualmente existe por decreto (es decir, que en cualquier momento se puede eliminar). 

De esta manera, con esta reforma se ampliará la base de ese impuesto y las entidades que reciben ese dinero percibirán más, pues aunque la tasa impositiva baje ahora serán más los contribuyentes. 

¿Y para los que solo son consumidores? Los cines ya dijeron que de aprobarse el proyecto evalúan bajar el precio de las entradas, algo que nos beneficiará a todos los que gustamos de ir a comer palomitas frente a la gran pantalla. En cuanto a las cableras, estas han decidido trasladarle ese impuesto a sus clientes, aunque bien podrían haberlo absorbido. Aún así, si los abonados lo pagamos el monto sería muy bajo: entre 80 y 230 colones más por Netflix y 200 colones por televisión por cable, aproximadamente. 

Todo esto para poder fomentar al sector artístico y al audiovisual como parte de él.  

“Entonces que me aporten a mí. Por qué privilegiar un sector sobre otro”, me dijo alguien en Twitter uno de estos días. Para empezar, no sería un privilegio lo que se le brindará al sector, es apenas un empujón para que pueda crecer (hacer cine es tan caro que el costo de hacer una sola película necesitaría de todo el fondo que se creará). Y ¿por qué a este sector y no a otro? Porque, como dije antes, este es el sector del futuro. 

Para muestra hay muchos botones. Sólo en República Dominicana, tras la aprobación de su ley de cine en 2011, se han generado inversiones por $82 millones. En Colombia la ley de apoyo al sector se aprobó en 2012 y se pasó de generar 350 empleos antes de la ley, a 6362 empleos después de su aprobación.

Al país le sirve que el cine y las industrias culturales en general crezcan, pues generan trabajo a muchísimos profesionales, así como encadenamientos productivos en muchos sectores (alimentación, hospedajes, alquileres, seguros, servicios contables y legales, etc.), e inversión extranjera directa. Además, cuando una película se filma, hay toda una economía local que se activa, y ni hablar de que las películas se vuelven un excelente medio publicitario del país. 

¿Qué pasa en un país sin Ley de Cine? Que no hay incentivos suficientes para ir a producir una película a ese destino, por más paraíso natural que este sea. Que perdemos oportunidades de coproducción (y con ellas más 70 millones de dólares hasta el momento, según se registra) con otros países, pues prefieren irse a coproducir a Panamá o a cualquier otro país que sí tenga esta legislación. 

Esta ley de cine no es la ley perfecta, sin duda pudo haber sido mejor. Pero es un inicio y quizás es hasta el momento la mejor oportunidad que Costa Rica ha tenido para fomentar la economía naranja. Sentaría un precedente para que sigamos desarrollando a las industrias culturales en el país. ¡Aspiremos a más! ¡No dejemos pasar esta oportunidad!