El proyecto de ley para la adquisición solidaria de medicamentos y vacunas de alto impacto financiero para la Caja Costarricense del Seguro Social, número 20.144 trata de avanzar en su trámite legislativo, en medio de dudas que empañan una iniciativa que está a meses de caer en el archivo de la Asamblea Legislativa.

El impulso al proyecto se lo está dando su organización madre, la Asociación Nacional Segunda Oportunidad de Vida (ANASOVI), quienes desde hace varias semanas están realizando una campaña en redes sociales y en oficinas del Legislativo y del Ejecutivo, a fin de evitar la muerte de esta iniciativa de ley cuyo plazo cuatrienal vence el próximo mes de enero.

Este proyecto fue presentado por el despacho del exdiputado socialcristiano, y actual embajador en el Reino Unido, Rafael Ortíz Fábrega en conjunto con un grupo de legisladores el 26 de octubre de 2016, en el periodo legislativo anterior y tiene como objetivo imponer un impuestos las bebidas embotelladas a fin de dirigir esos recursos a la compra de medicamentos contra el cáncer.

La iniciativa busca tasar con 3.5 colones a las bebidas envasadas sin contenido alcohólico y otros dos colones a otras bebidas líquidas envasadas (excepto al agua envasada, a la leche y a todos los productos contemplados en el registro de bebidas terapéuticas y de uso médico) par recaudar un estimado de diez mil millones de colones anuales, que se destinarían a que la Caja Costarricense del Seguro Social compre medicamentos y vacunas de alto impacto financiero.

Según una conversación sostenida por Delfino.cr con la coordinadora de ANASOVI, Ana Gloria Romero la semana anterior, la vocera aseguró que:

No es que le estemos dando apoyo al proyecto, el proyecto lo formulamos nosotros junto con el área de Farmacología de la Caja, pero necesitábamos que un diputado que acogiera el proyecto. En aquel momento Rafael Ortíz nos dio su apoyo y nosotros le llevamos la propuesta del proyecto, para luego reunirnos con Hacienda y definir de dónde se podía sacar el dinero. Ya hace cuatro años estamos en esta lucha para que el proyecto se apruebe”.

Por ello la Asociación está buscando apoyo por parte de varios despachos legislativos y también del Poder Ejecutivo, para que el proyecto sea convocado a extraordinarias y que no sea archivado. El plazo de archivo vence el próximo 15 de enero, según consta en la página web de la Asamblea Legislativa.

Según Romero,

Estamos en esa lucha para que nos convoquen y lo dictaminen en el periodo de diciembre a marzo antes de que venza su plazo cuatrienal y estamos viendo cómo podemos moverlo para que vuelva a ser convocado por el Poder Ejecutivo. Nosotros estamos tocando puertas con diputados y estamos buscando una reunión con Casa Presidencial para que sea convocado el proyecto”.

La representante de ANASOVI señaló que el proyecto de ley ya había sido convocado en el pasado a sesiones extraordinarias: primero en periodo electoral 2017-2018 y posteriormente en el periodo de discusión del plan fiscal, el año pasado, por lo que ahora urgen el trabajo antes de su deceso.

Unir proyectos

En este momento existe otro proyecto de ley en esta vía en la Asamblea Legislativa. Se trata de la iniciativa 21.358, para reforzar la estructura financiera para la adquisición de medicamentos y vacunas de alto impacto financiero para la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) que fue presentada en abril del presente año por el diputado, también socialcristiano, Rodolfo Peña Flores.

Este segundo proyecto, muy parecido al anterior, lo que propone a su vez la imposición de un impuesto de 24.43 colones a las bebidas gaseosas y concentrados de gaseosas (casi 7 veces más que el anterior) y otro de 8.13 colones a otras bebidas líquidas, incluyendo el agua.

Además, el proyecto agrega un impuesto de 8.45 colones a las botellas de agua que se vendan en envases de 18 litros o más y otra carga de 0.3085 colones a cada gramo de jabón de tocador. Estos recursos también serían dirigidos a la adquisición de medicamentos y vacunas de alto impacto financiero por parte de la Caja.

ANASOVI señaló que aún no se han reunido con el diputado Peña para trabajar en su proyecto pero afirmó que ya solicitaron una reunión con el legislador para hablar del tema y que ya enviaron su opinión sobre el asunto, en su calidad de representantes de la sociedad civil.

Sin embargo, la Asociación sostiene su apoyo al proyecto presentado por Ortíz Fábrega, pues Romero asegura que:

El proyecto 20144 ya tiene todo un historial, ya tiene todo un estudio técnico y lo que quisiéramos es que se unan los dos, ya si el de nosotros no sale, tendremos que apoyar porque realmente lo que nos interesa es el objetivo”.

Actualmente los dos proyectos de ley se encuentran en la agenda de la Comisión de Asuntos de Discapacidad y de Adulto Mayor de la Asamblea Legislativa, según consta en el orden del día para la sesión del martes 5 de noviembre.

El proyecto de Ortiz se encuentra en el tercer punto de la agenda; mientras que el de Peña está en el punto 20, aunque su fecha estimada de dictamen es el próximo 5 de diciembre.

Oposición de la industria

Justamente este miércoles, el proyecto 20.144 encontró un nuevo escollo al ser estudiando en la Comisión de Asuntos de Discapacidad: allí los representantes de la Cámara de Industrias de Costa Rica manifestaron su rechazo a la iniciativa, al considerar que un nuevo impuesto tendría un impacto negativo en la generación de nuevos empleos.

Así lo aseguró a la prensa de la Asamblea Legislativa, el presidente de la Cámara Enrique Egloff, quien señaló que:

Hay que generar empleo y este proyecto golpea especialmente a las pequeñas y medianas empresas que son las que, a raíz de ese impuesto, se ven obligadas a encarecer los precios de los productos y afectar su competitividad en Costa Rica y ser menos accesibles a los costarricenses.

Según la Cámara, no hay certeza de cómo utilizaría la Caja esos recursos y además, señalaron que hay un "desorden económico" de la institución a lo interno, que no es culpa de la industria y que, por tanto, esta no debería cargar.

El ambiente legislativo está complicado respecto a la creación de nuevos impuestos tras la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el año pasado.

Medicamentos destino de los fondos

Al ser consultada al respecto, Romero fue enfática en afirmar que el proyecto de ley que apoyan, el 20.144, no menciona ningún medicamento específico para el direccionamiento de los fondos; sin embargo, en este tema tiene detalles a los que no puede obviárseles importancia.

Si bien los dos artículos de proyecto no mencionan que los fondos se destinen a medicamentos en específico, los Antecedentes del proyecto sí lo hacen.

En el texto previo al proyecto, la redacción menciona que dentro de los medicamentos que la seguridad social ha seleccionado para casos específicos de pacientes con enfermedades extrañas y cuyo costo es elevado para la institución (es decir, los que se comprarían si este proyecto se aprueba) se encuentran, por sus "innovaciones terapéuticas reales", el

(...) Trastuzumab para el tratamiento de cáncer de mama, con un costo/tratamiento anual de ₡14.837,780. El Imatinib para el tratamiento de la Leucemia Mielocitica crónica con un costo/tratamiento anual de ₡10.533,900.  El Factor VII recombinante humano para el tratamiento de los pacientes hemofílicos con inhibidores de alta respuesta, con un costo promedio anual de ₡111.498,945" (costos aproximados a la hora de redactar y formular el proyecto, en 2016).

El tema es que dos de esos productos mencionados en una redacción de la que ANASOVI reconoció haber formado parte, son de creación y distribución exclusiva de la casa farmacéutica Roche, tal y como consta en los catálogos y en comunicados emitidos por la empresa y que están colgados en internet para el Trastuzumab y para el Factor VII.

Esta medicación también se encuentra en el top 10 de los tratamientos de mayor costo por paciente de la Caja Costarricense del Seguro Social, según consta en información brindada por la institución ante una consulta realizada por este medio. Por tanto serían parte, en conjunto con otras cuatro medicaciones también realizadas por la empresa, de los productos que se comprarían con los ingresos del impuesto.

Apoyo millonario y lobby farmacéutico

Roche, justamente, es la empresa que desde 2014 contribuye con miles de dólares anuales para colaboración a asociaciones de pacientes en todo el mundo y entre ellas la que destaca es la organización costarricense ANASOVI, como una de las principales beneficiadas en el país. Así consta en los informes de ayudas de la institución, publicados en su página web.

Según los datos de la compañía para el año 2018, Roche entregó a ANASOVI un total de $24.845,41 en apoyo económico para su funcionamiento en general. Estas ayudas iban dirigidas a apoyo a realización de charlas, a apoyo al equipo de trabajo y logística para reuniones con instituciones (se citan a la Caja y al INAMU) y también como ayuda para la realización de reuniones a lo interno del país y para asistencia a foros internacionales.

Si a eso le sumamos la colaboración de un total de $15 mil que la organización recibió por parte de Roche para un programa de prevención del cáncer de cérvix (y de cuya cuenta Roche hizo referencia aquí) estamos hablando de una ayuda que asciende casi a los $40 mil, solo el año anterior.

De hecho, y volviendo al punto de los foros internacionales, ANASOVI también forma de la International Alliance Of Patients' Organizations (IAPO), una alianza que ofrece a las asociaciones parte, una serie de cursos que son patrocinados por farmacéuticas y donde se abarcan módulos como asociaciones para la influencia política, tácticas de influencia política, entre otros. 

Cabe resaltar que IAPO tiene como patrocinadores 12 de las más grandes empresas farmacéuticas del mundo: AbbVie, Amgen, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson y su subsidiaria Janssen, Eli Lilly, Medtronic, Merck Serono, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer y Sanofi.

De hecho, el medio de comunicación peruano, Ojo Público, realizó en 2017 un reportaje titulado "El lobby farmacéutico detrás de un grupo de asociaciones de pacientes" donde menciona a las doce farmacéuticas que financian la IAPO para su trabajo lobbysta en todo el mundo y en el que agregó que esta organización incluye a 65 colectivos de América Latina dentro de su red.

El medio, además, presentó un historial de multas y juicios de trece de las más grandes empresas farmacéuticas del mundo, donde figura el nombre de Roche.

Desde Delfino.cr tratamos de ampliar en la versión de ANASOVI respecto a por qué se colocaron dos productos de la empresa que les patrocina en la redacción del proyecto que defienden y, a su vez, ampliar sobre cómo se desarrolló y desde hace cuánto, el convenio con Roche; sin embargo, al cierre de esta edición no habíamos recibido respuesta por parte de la Asociación a esta segunda consulta.

Criterio contralor

Desde 2017, la Contraloría General de la República (CGR) emitió el criterio técnico DFOE-SOC-0418 respecto a el proyecto que se encuentra en el expediente legislativo N° 20.144.

En él, el ente contralor aseguró que si bien la Contraloría apoya que la iniciativa este enfocada en dotar a la Caja de mayores recursos financieros, hizo una serie de observaciones que solicitó a la comisión valorar "en procura de que los recursos públicos que con el incremento se pretenden crear, se utilicen de la manera más eficaz y eficiente posible. antes de aprobar el proyecto".

Entre ellos, el órgano criticó que se pretenda destinar el millonario monto de hasta diez mil millones de colones anuales, para que sean utilizados específicamente en la compra de medicamentos y vacunas de alto impacto financiero, asegurando que ya existe el Fondo Nacional de Vacunas que está estipulado en la Ley Nacional de Vacunación y que ya tienen un fondo específico, destinado para ello.

Además, la Contraloría registró que éste ya tiene registrado un superavit millonario desde 2016 y, como el criterio agrega que los fondos en materia de medicación se han ejecutado casi en su totalidad, la Contraloría un fondo adicional no sería necesario.

Sin embargo, el criterio agregó que en que no se realizaron estudios para determinar la insuficiencia de este fondo para medicación y por eso el tema se quedó en ese punto.

La CGR también cuestionó el hecho que el incremento propuesto podría no ser suficiente, pues el impuesto tendría "una vigencia de sesenta meses a partir de la fecha en que entre a regir” y eso generó el temor de que las eventuales ayudas a las personas enfermas se queden en nada cuando se venza ese plazo.

El ente contralor señaló que el proyecto no resuelve por qué se toma la decisión de la temporalidad del proyecto ni qué pasará a partir de esos cinco años si la reserva ya no es necesaria, así como tampoco se establece qué pasaría con los medicamentos y vacunas que se hubieran venido adquiriendo con esos recursos.

Estos aspectos, así como el destino específico de los fondos adquiridos, deberán resolverse en el paso del proyecto por la Comisión Legislativa, en vista de que no lo ha hecho en los 3 años anteriores. A estar atentos.