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La Constitución Política de la República es un documento con normas, con reglas básicas, para la convivencia en una sociedad. Son los marcos que permiten constituir el Estado. En el caso de Costa Rica es un proceso que conduce a un Estado Social y Democrático de Derecho. La Constitución es un reflejo de la sociedad, de sus consensos y también de sus diferencias y contradicciones, de su economía, de su cultura política. Es además un acuerdo, un consenso alcanzado en un determinado momento histórico.

Con el final de la Segunda Guerra Mundial se inició la Guerra Fría. Se enfrentaron durante 45 años el capitalismo dirigido por los Estados Unidos y el socialismo que realmente existió en la Europa del Este liderado por la Unión Soviética. En el inicio de ese conflicto es que ocurre la guerra civil de 1948 en Costa Rica donde las fuerzas victoriosas representan a corrientes que son a la vez reformistas y anticomunistas.

Mientras en la primera Asamblea Constituyente, la de 1824-1825, había más sacerdotes que abogados, se dice que en 1949 los constituyentes, todos hombres y una buena parte reconocidos juristas, eran personas reconocidas por un alto nivel cultural y político, en su mayoría del Partido Unión Nacional, que optaron por tomar como texto base la Constitución de 1871 y mantuvieron en el nuevo texto los principios políticos liberales.

Las elecciones constituyentes dejaron por fuera a las fuerzas perdedoras en la guerra civil, tanto a los comunistas como a los republicanos, pero también permitieron la concurrencia de distintas opciones liberales y reformistas, incluyendo la naciente socialdemocracia que logró, a pesar de su pequeña representación, influenciar el proceso de debate intelectual y la construcción del nuevo texto fundacional.

La Constitución de la República que nace en 1949 es entonces resultado de una transacción entre fuerzas políticas y a la vez una condensación de relaciones sociales. Mantiene la impronta liberal de la Constitución de 1871, al mismo tiempo que incluye la intervención del Estado para regular el mercado, tal el caso de los bancos nacionalizados.

El reformismo, también llamado socialdemocracia, impulsa en el Occidente capitalista el Welfare State, conocido con ligeros matices diferenciadores como Estado del Bienestar o Estado Providencia o Estado Protector. Nos recuerda Ricardo Petrella que se trata de “la existencia de un sistema político y social fundado sobre principios, reglas e instituciones que aspiran a promover la realización del bien común”.

La Constitución de Costa Rica de 1949 nace entonces fiel a los principios de la Ilustración: libertad, igualdad y fraternidad; incorporando también contenidos de las corrientes socialistas (comunistas, socialdemócratas y socialcristianas) de justicia y solidaridad.

Los constituyentes mantuvieron las conquistas sociales y las reformas que impulsaron el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, Monseñor Víctor Manuel Sanabria y el Lic. Manuel Mora Valverde en la década de los cuarentas y también las de la Junta Fundadora de la Segunda República de don José Figueres Ferrer. Y crearon un marco que permitió en los años siguientes profundizar y mejorar la institucionalidad, democratizar el acceso a la educación y a la salud, incentivar la producción agrícola y permitir el nacimiento de la industria nacional.

Bajo el aliento de esta Constitución de 1949 y sus reformas el país prosperó durante treinta años, se hizo más igualitario, más fraternal, se redujo la pobreza y la desigualdad social. Los hijos de los peones, de los obreros y campesinos, de los empleados y las empleadas, estudiaron en los colegios, llegaron a la universidad y se hicieron profesionales. Surgieron y prosperaron los sectores medios, la clase media.

Y luego, durante la larga noche neoliberal —que inicia en los años ochenta del siglo pasado y todavía no termina— creció la pobreza, la desigualdad. La Constitución de la República y la institucionalidad creada se convirtieron en una especie de escudo, que al menos ha hecho más lento y menos profundo que en otros países el ajuste estructural que imponen los organismos financieros internacionales.

La Constitución ha impedido que la contrarreforma neoliberal avance con la profundidad que lo hizo en otros países de la región. La llamada “Santa Trinidad del Dios Mercado”; liberalización, desreglamentación y privatización, han encontrado un obstáculo en la Constitución. Por eso siguen existiendo la Caja Costarricense del Seguro Social, el Instituto Nacional de Seguros, el Instituto Costarricense de Electricidad, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y otras instituciones.

No se puede dejar de decir que esta Constitución nace con una mancha imposible de dejar pasar en el 70 aniversario de su promulgación. Se trata del segundo párrafo del artículo 98, mecanismo antidemocrático que sirvió para proscribir la participación electoral y mantener en la clandestinidad y la ilegalidad a los partidos de izquierdas, en particular al partido comunista. El Partido Vanguardia Popular estuvo en la ilegalidad durante 27 años. Otras sociedades democráticas aún en el marco de la guerra fría no lo hicieron, no proscribieron a los comunistas, y les fue bien. Mantuvieron su talante democrático sin mancha.

Los constituyentes fueron previsores y contemplaron las reformas parciales y totales del texto fundamental que promulgaron. Eso ha permitido que el legislador derive en poder constituyente y que a través del tiempo la Constitución se haya ido ajustando a los tiempos y a las necesidades de una sociedad cambiante.

La creación de la Sala Constitucional en 1989 ha sido señalada como la reforma más importante. Desde entonces, como dijo don José Miguel Corrales, la Constitución dice lo que la Sala IV interpreta que dice. En lo fundamental esta Sala ha cumplido a través de 30 años con su tarea de tutelar derechos individuales y colectivos y de interpretación de la constitucionalidad de los asuntos conocidos, sin embargo, también se ha adaptado en algunas situaciones a la contrarreforma neoliberal debilitando el Estado Social y Democrático de Derecho.

Hay otras reformas que reflejan aspiraciones de la sociedad aun cuando no se concretan realmente todavía o solo lo hacen parcialmente.  La Constitución nos habla de una República multiétnica y pluricultural, pero la población originaria sigue luchando para recuperar sus tierras sin respaldo suficiente del Estado, no se reconoce su autonomía, sus líderes son asesinados como Sergio Rojas; y sigue habiendo racismo contra las poblaciones afrodescendientes o chinas.

La Constitución nos dice que el gobierno es participativo, sin embargo, a veces se trata como se dice popularmente sólo del derecho al berreo. Ni siquiera en las Municipalidades existen los presupuestos participativos. Las consultas para el aumento de tarifas del transporte son una burla ya que el ciudadano no cuenta con la información técnica explicada para poder defenderse. La democracia participativa es una deuda con la nación.

El derecho de los habitantes de la República a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado a veces es contrariado por decisiones como las de dar el agua potable a los mega proyectos turísticos de Guanacaste, mientras se descuida el abastecimiento a las poblaciones de la provincia.

Los seguros sociales y la Caja Costarricense del Seguro Social se ven amenazadas por los procesos de privatización vía tercerización. La educación pública dejó de ser gratuita y costeada por el Estado, haciendo que parte de los gastos los tengan que cubrir madres y padres de familia. Como hemos visto, repetidamente no se cumple con el precepto constitucional de dedicar el 8% del PIB a la educación estatal.

Los artículos 56 y 57 de la Constitución tienen un contenido potente y hermoso, pero son casi letra muerta porque una gran cantidad de compatriotas reciben menos que el salario mínimo y doce de cada cien personas en edad de trabajar, y con deseo de hacerlo, ni siquiera tienen empleo, negándoles así el derecho a una remuneración justa y a una vida digna.

Desde el Frente Amplio saludamos este 70 aniversario de la Constitución de la República esperando que esas aspiraciones justicieras contenidas en su texto, que aspiran a la defensa y promoción del bien común, se conviertan en realidades, que no se siga deteriorando el Estado Social y Democrático de Derecho, que los valores y principios de la democracia, la libertad, la igualdad, la fraternidad y la justicia social sigan guiando a la Costa Rica del futuro.