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Desde hace más de tres años, un tema divide profundamente el Reino Unido, su Parlamento y hasta las familias de todo el país: el Brexit.

Para entender lo que está sucediendo, hay que retroceder al 23 de junio 2016. Después de una campaña con una rara violencia verbal entre los dos bandos, 52% de los británicos votaron en un referéndum por salir de la Unión Europea (UE). Es el Brexit. La nueva primera ministra, la conservadora Theresa May, y la UE se dieron hasta el 31 de marzo del 2019 para organizar la salida del país y negociar un acuerdo de divorcio.

Encontrar un acuerdo es fundamental para el Reino Unido, y, en menor medida, para la UE. En efecto, después de más de cuatro décadas de presencia del Reino Unido en la UE, miles de acuerdos comerciales, políticos, jurídicos y fronterizos rigen la relación entre ambas entidades. El acuerdo de divorcio tiene entonces que evitar que todos estos acuerdos se vuelvan caducos de un día para el otro, el día de la salida efectiva del país. Lo cual sería el caso si la negociación se termina con un no-deal, es decir la salida del Reino Unido sin acuerdo. Theresa May y la UE empezaron una negociación compleja, que tenía que resolver puntos como la deuda del Reino Unido o el futuro de los millones de europeos que viven en el Reino Unido. Pero los dos puntos más problemáticos fueron la futura relación comercial y la frontera con Irlanda.

La dificultad con la relación comercial es que, según sus promotores, el principal interés del Brexit era permitir al Reino Unido negociar como quiera sus relaciones comerciales bilaterales con otros países como Estados Unidos, India o Australia, sin depender de la voluntad de los otros países europeos y de la reglamentación de la UE. Lo cual implica, necesariamente, salir de la unión aduanera. Ahora bien, salir de la unión aduanera tiene un costo económico potencialmente enorme para el Reino Unido, cuyo principal asociado comercial sigue siendo la UE. En particular, porque la UE dejaría de facilitar el acceso de las empresas británicas a su mercado único y sus 400 millones de habitantes, para protegerlo de la competencia desleal.

La segunda dificultad es la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte. La isla de Irlanda está dividida entre Irlanda, que es un país soberano de la UE; e Irlanda del Norte, que forma parte del Reino Unido. Entre 1968 y 1998, la guerra civil en Irlanda del Norte entre los unionistas (pro-Reino Unido) y los republicanos (pro-Irlanda) causó más de 3000 muertos. Los acuerdos de paz firmados por el Reino Unido, la UE y los beligerantes, estipulaban la desaparición física de la frontera entre las dos Irlandas. Es decir, que desde hace más de 20 años, la frontera entre ambas partes es invisible, sin aduana ni control. Ni Irlanda ni la UE, quieren arriesgar la paz en la zona, por ello exigen que el Reino Unido encuentre una solución evitando el regreso de la frontera física. La dificultad es que, si no existe una frontera física, Irlanda del Norte tiene que respetar las mimas reglas comerciales que la UE para evitar los problemas de contrabando y de competencia desleal. Lo cual es inaceptable para muchos británicos.

En noviembre del 2018, después de meses de negociación, Theresa May y la UE encontraron un acuerdo. Que nunca fue firmado. Porque a esta negociación difícil con la UE, se añadió una negociación igual de compleja entre el gobierno de Theresa May y el Parlamento británico. En efecto, para poder firmar un acuerdo con la UE, el gobierno británico necesita el acuerdo de un Parlamento conformado por varias tendencias con respecto al Brexit. Los conversadores al poder se dividen entre los Hard-Brexiters, que quieren salir de la unión aduanera; y los Soft-Brexiters como Theresa May, que quieren salir de la UE pero no de la unión aduanera. La mayoría de la oposición, o son Remainers y quieren un nuevo referéndum para no salir de la UE; o son Soft-Brexiters pero no quieren votar por el acuerdo de Theresa May porque no aporta ninguna ventaja con respecto a la situación pre-Brexit. Sin olvidar Escocia, cuyos habitantes votaron masivamente para quedarse en la UE y cuyos dirigentes amenazaron con pedir un nuevo referéndum de independencia. El problema, es que ni los Hard-Brexiters, ni los Soft-Brexiters, ni los Remainers tienen la mayoría en el Parlamento.

Así que cuando Theresa May presentó su acuerdo en enero del 2019, el Parlamento británico lo rechazó. Tres veces. De igual manera, todas las otras posibilidades fueron rechazadas, desde salir de la unión aduanera sin acuerdo con la UE (no-deal) hasta la anulación del Brexit o la realización de un nuevo referéndum.

¿La situación se volvió insostenible? El Reino Unido quería salir, con acuerdo, pero no el de Theresa May que era, según la UE, el único posible. Después de meses de negociación en el Parlamento y de una primera prórroga otorgada por la UE, la nueva fecha de salida fue definida para el 31 de octubre 2019 y Theresa May renunció.

En julio, los miembros del partido conservador eligieron a Boris Johnson como primer ministro, con la promesa de salir el 31 de octubre, cueste lo que cueste. Es decir, con un nuevo acuerdo negociado en algunas semanas si se puede, sin acuerdo (no-deal) si no se puede. Una posición de Hard-Brexiters, que, todavía, no tenía la mayoría en el Parlamento. Para evitar una salida sin acuerdo, el Parlamento votó una ley obligando Boris Johnson a pedir a la UE una nueva prórroga del Brexit en ausencia de acuerdo. La semana pasada, Boris Johnson presentó a la UE su “propuesta final” de acuerdo, retomando propuestas ya rechazadas por la UE cuando estaba negociando con Theresa May.

Ahora, ¿qué puede ocurrir? Muchas cosas. Boris Johnson sigue asegurando que preferiría “morir en una zanja antes que pedir otra prórroga”. Sin embargo, es casi imposible que un nuevo acuerdo se firme antes del 31 de octubre. Así que, por ley, Boris Johnson —u otro primer ministro si Johnson decidiera renunciar— deberá pedir una prórroga de probablemente tres meses, a menos de que arriesgue la destitución y una pena de cárcel. Lo cual, en la situación surrealista actual, no es totalmente imposible. La decisión de prórroga se toma por unanimidad en la UE, Boris Johnson podría intentar convencer a un gobierno euroescéptico como el de Hungría que rechace dicha prórroga. Pero parece complicado que un país tome ese riesgo político. Finalmente, una nueva prórroga parece lo más probable.

Pero, una prórroga ¿para qué? Si Boris Johnson acepta ceder sobre los puntos más importantes, la UE podría ablandar un poco su posición antes del 31 de octubre y renegociar un acuerdo tomando como base la “propuesta final”. Porque si no lo hace, habrá nuevas elecciones parlamentarias en el Reino Unido. Con, por un lado, Boris Johnson, que hará probablemente una campaña defendiendo el no-deal. Y, por otro lado, una oposición dividida haciendo una campaña promoviendo un nuevo referéndum. Por el momento, los sondeos dan a los conservadores de Boris Johnson ganadores. El no-deal que nadie imaginaba en el 2016 y que nadie quiere, se volvería aún más probable. A menos de que se dé un nuevo rebote.