El Estado Social que hemos construido por generaciones se mantiene robusto, aunque no sin retos apremiantes. Costa Rica se ubica entre los primeros lugares de la región con mayor inversión social por habitante según CEPAL. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) destaca el contrato social costarricense originado y fortalecido desde los años 40.

El Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) se creó en Costa Rica diez años antes que en otras economías latinoamericanas. Gracias a este fondo, las políticas para el combate a la pobreza han logrado tener un financiamiento creciente generando oportunidades para los sectores más vulnerabilizados. En los últimos cinco años, la pobreza multidimensional se redujo en 5 puntos porcentuales, y en el caso de la zona rural, se redujo en un 30%. La pobreza extrema también se ha reducido, sustantivamente en zonas rurales.

En octubre de 2009, se aprobó uno de los cambios normativos más importantes para el fortalecimiento de esos programas selectivos. Mediante una reforma integral a la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares se logró posicionar el enfoque de derechos en la política social, fortalecer el financiamiento del FODESAF e introducir mayor rigurosidad técnica en la ejecución de los programas.

En relación con el enfoque de derechos, la reforma introdujo la visión de la política social tiene razón de ser en tanto garantice derechos a las y los habitantes y ofrezca a las personas un piso de protección. Ejemplo de ello fue la incorporación de más recursos para la atención de personas con discapacidad.

Acerca del financiamiento del FODESAF, se lograron dos cometidos significativos: por una parte, el cumplimiento del aporte estatal al Fondo de forma que el Ministerio de Hacienda efectivamente presupuesta y traslada los recursos que debe girar para la atención de los sectores en situaciones de vulneración. Por otro lado, la introducción de herramientas para el cobro a patronos morosos dio garantía al modelo de financiamiento solidario de nuestro sistema de protección social.

Los cambios también giraron en torno a los principios de eficiencia, rendición de cuentas y transparencia. Se estableció por primera vez la obligación de contar con registros de personas beneficiarias, la importancia de la evaluación de los programas y el uso de los métodos oficiales de pobreza para la asignación de beneficios y programas. Esto motivó la creación de un sistema de control y seguimiento y el primer registro de beneficiarios, ubicado en la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.

Nuevos retos de los sistemas de protección social y su financiamiento

Diez años después de la aprobación de esa enmienda legislativa, presentada e impulsada por la exdiputada y exvicepresidenta Ana Helena Chacón, es posible poner en perspectiva los aciertos de esa gran reforma. También, evaluando el futuro del FODESAF y los retos que enfrentamos en la construcción permanente de una sociedad más justa, solidaria e inclusiva, es posible identificar nuevos desafíos para nuestro sistema de protección y promoción social.

La definición de nuevas formas de empleo producto de la innovación, la automatización y las cadenas globales de valor; las relaciones laborales asociadas a nuevos patrones culturales; y la inversión de la pirámide poblacional que genera mayor dependencia en una base de personas en edad activa más pequeña, no tendrán efectos menores sobre la capacidad de recaudación del FODESAF. Estos cambios suponen alteraciones en el sector formal del mercado de trabajo, eje central de nuestro sistema de seguridad social.

En este escenario, cobra importancia el uso eficiente de los recursos y continuar fortaleciendo los instrumentos de análisis avanzado de datos. Desde 2015, se ha trabajado en la creación del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE), actual centro de inteligencia del sector social. Este sistema identifica actuales y potenciales personas beneficiarias, evita duplicidades y facilita intervenciones integrales como la Estrategia Puente al Desarrollo. Las herramientas de gestión disponibles están permitiendo hacer política basada en evidencia; datos actualizados y precisos le permiten al Estado llegar a los hogares más pobres y no dejar a nadie atrás.

A pesar de que Costa Rica no ha resuelto los problemas estructurales que generan exclusiones, sería odioso negar, en tiempos de polarización y desencuentros, que ha habido avances que permiten mirar el futuro con esperanza. La esperanza de seguir construyendo una sociedad en la que quepan todas las personas.

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