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— La semana pasada la Contraloría General de la República (CGR) entregó el informe DFOE-SAF-IF-00007-2019 sobre endeudamientos no registrados del Sector Público no Financiero.
— El problema identificado por la CGR es que no están utilizando la base del devengo, es decir reconocer las transacciones y otros hechos cuando ocurren y no cuando se efectúa su cobro o su pago. En total, solo por la no aplicación de esta regla contable la CGR identificó endeudamientos no registrados por al menos ₡129.656 millones.
— El informe también encontró posibles endeudamientos no registrados que ascienden a ₡120.659 millones de fideicomisos reportados por tres instituciones públicas (Universidad de Costa Rica, Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (JASEC) y el Cuerpo de Bomberos) no incluidos en la información reportada por la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda.
— Adicionalmente, la Contraloría encontró una diferencia de ₡190.116 millones de la deuda del Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), lo que quiere decir que la CCSS registra que el Gobierno le debe más de lo que aparece en los estados financieros del Estado.
— La CGR incluso señala que ese monto podría terminar siendo mayor, ya que la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda indicó que el saldo pendiente de pago de Hacienda a la entidad es de ₡157.118 millones pero la CCSS le comunicó a la Dirección General de Contabilidad Nacional que al 31 de diciembre de 2018 la deuda del Estado con la CCSS era de ₡1.455.139 millones, de los cuales ₡1.209.603 millones corresponden al Seguro de Salud y ₡245.536 millones al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte.
— ¿Por qué es esto importante? Bueno, en primer lugar porque no son montos menores, el total de las diferencias encontradas representa el 1,27% del PIB (₡440.603 millones).
— En segundo lugar porque la regla fiscal establece los criterios de reducción de gasto corriente basados en los montos de endeudamiento del Gobierno Central, y si ni siquiera hay claridad en cuál es la magnitud real de la deuda, pues se viene un problema, debido a que, según datos del Banco Central, la deuda del Gobierno Central proyectada para 2019 —que será la base para calcular el monto de crecimiento del presupuesto del 2021— estaría en 59,1% del PIB y si llegará al 60% el crecimiento del presupuesto 2021 podría ser solo 65% del promedio de crecimiento nominal del PIB.
— ¿Qué significa esto? Para poner un ejemplo, si en el 2019 el Gobierno Central cierra con una deuda menor a 60% del PIB y el promedio de crecimiento fuera 5% en 2021, el presupuesto tendría un tope de crecimiento de 3,75%, si el monto de la deuda llega a 60% el tope sería un 3,25%.
— Además, cuando la deuda del Gobierno supere el 60% empezarían a aplicar las medidas extraordinarias definidas en el artículo 13 del Título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que señalan que el Gobierno no podrá:
- Realizar ajustes a las pensiones, excepto en lo que corresponde a costo de vida.
- Suscribir préstamos o créditos, salvo aquellos que sean un paliativo para la deuda pública o estén destinados a ser utilizados en gastos de capital.
- Realizar incrementos por costo de vida en el salario base, ni en los demás incentivos salariales.
- Efectuar rescates financieros, otorgar subsidios de ningún tipo, así como realizar cualquier otro movimiento que implique una erogación de recursos públicos, a los sectores productivos, salvo en aquellos casos en que la Asamblea Legislativa, mediante ley, declare la procedencia del rescate financiero, ayuda o subsidio a favor de estos.
— Además, recordemos que la CGR mantiene una interpretación distinta a la del Ministerio de Hacienda en cuanto a la aplicación de la regla fiscal, ya que la Contraloría considera que se debe aplicar al presupuesto ejecutado, mientras que Hacienda ha señalado que es en relación al monto presupuestado inicialmente.
— ¿Cuánto es la diferencia? Alrededor de un 10% del gasto total es lo que queda sin ejecutarse, bajo el supuesto de la Contraloría por cada ₡100 presupuestados en 2019 deberían asignarse ₡94,5 en 2020, mientras que bajo el cálculo de Hacienda —que es el que se utilizó a la hora de presentar el Presupuesto Nacional 2020— se asignarían un máximo de ₡105 colones por cada ₡100 presupuestados en el 2019.
— La contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga, ha señalado la importancia de que la regla fiscal se aplique para poder contener el gasto, y por eso ha solicitado que la regla fiscal se aplique al presupuesto ejecutado.
— Aunque las manifestaciones de Acosta han sido ignoradas por Hacienda, y las proyecciones del BCCR señalaban que la deuda del Gobierno iba a sobrepasar el tope del 60% en 2020 (llegando a un 62,0% del PIB), los hallazgos y recomendaciones hechas por la CGR podrían terminar de inclinar la balanza para que eso suceda antes, y las medidas de contención de gasto más extremas inicien en 2021 y no en 2022 como estaban previstas.
— No es de extrañar, entonces, que, según indicó Hacienda a CrHoy el informe no fue aceptado por el Ministerio y este decidió recurrirlo (entiéndase apelarlo) y bueno, eso todavía está a la espera de ser resuelto... ya veremos.
