Este artículo representa el criterio de quien lo firma. Los artículos de opinión publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de este medio. Delfino.CR es un medio independiente, abierto a la opinión de sus lectores. Si desea publicar en Teclado Abierto, consulte nuestra guía para averiguar cómo hacerlo.

Toda huelga acarrea cosas negativas. Pero ¿por qué se producen? Las huelgas son movimientos de obreros que nacen posterior a la revolución francesa, paralelo a la revolución industrial, en donde los burgueses abusaban del pueblo, basados en la preponderancia económica. Después de tantos años, ¿por qué se siguen produciendo?

La corrupción de los políticos, el abuso de poder y una creciente desigualdad social son los principales factores que conllevan a este tipo de movimientos.

Los movimientos en el sector Salud siempre han sido los más sensibles, porque los sindicatos que se hacen llamar garantes de la salud del pueblo, abusan también del poder sobre el derecho fundamental de la vida.

Entonces tenemos dos bandos. Los que abusan del poder político y los que abusan del poder de la vida. ¿Quién es aquí el bueno? ¿Hay algún bando bueno?

Pelear por dinero en el sector salud, siempre ha sido satanizado. El buen trabajador es el que trabaja con vocación. Pero para el pueblo esa vocación se pierde cuando se pelea por salarios o derechos.

Según la Ley 9635 publicada en diciembre del año 2018, en el capítulo VII, en su artículo 56, dice textualmente:

Los incentivos, las compensaciones, los topes o las anualidades remunerados a la fecha de entrada en vigencia de la ley serán aplicados a futuro y no podrán ser aplicados de forma retroactiva en perjuicio del funcionario o sus derechos patrimoniales.

Por ende se sobreentiende que los derechos adquiridos de los trabajadores se mantendrán y la ley aplica de ahora en adelante. Entonces ¿de dónde viene todo el reclamo Sindical? Según esta ley los derechos adquiridos se van a mantener.

Para mantener la buena relación de patrono y empleados, los abogados de la institución, junto con los abogados de los sindicatos, se reunieron en febrero del presente año y bajo una revisión de la ley y apegados a la misma, acordaron:

  1. “(…) los derechos adquiridos que en este momento se devengan se seguirán, a pesar que al trabajador tenga un ascenso de plaza, descenso de plaza, permutas o cualquier cambio de puesto.”
  2. “(…) las futuras anualidades que las personas trabajadoras adquieran después de la vigencia de la ley 9635, serán calculadas con un monto nominal fijo.”

¿Por qué estos acuerdos?, simplemente porque si en este momento el trabajador esta de manera interina y lo ascienden a plaza en propiedad su salario puede bajar al disminuirle el monto de anualidad que ya poseía. Esto sigue estando dentro del marco de la ley. No se le está aumentando su salario, pero no se le está disminuyendo. En cuanto a los derechos adquiridos, también se acordó en apegó a la ley.

En mayo, la ministra de Hacienda y el presidente de la República presentaron el decreto ejecutivo 41729-MIDEPLAN-H. Que viene a derogar el acuerdo suscrito y en el tema de anualidades dice textualmente “Las anualidades ya recibidas previo a la entrada en vigencia de la Ley 9635, se conservan y mantienen en el tiempo como montos nominales fijos, producto de la forma en que se revalorizaban antes del 4 de diciembre del 2018.”

El 2 de julio la dirección jurídica de la CCSS, manda una nota al Dr. Roberto Cervantes, gerente general de la institución y anotan “…dichas disposiciones no tienen un alineamiento jerárquico, puesto que no respetan la fórmula de cálculo adquirida con la anualidad, que en acuerdo de febrero establecía el respeto a los derechos adquiridos y se respetaba el articulo 56 de la Ley 9635.”

Ese mismo día el Dr. Roberto Cervantes eleva esa nota jurídica al presidente Carlos Alvarado y no se conoce una respuesta formal de la misma.

Como la institución tienen un sistema tecnológico obsoleto para realizar los pagos a los 57.000 trabajadores, esta regla no podrá aplicarse hasta marzo del año 2021 (convenientemente ultimo año de gobierno), y esto significa que los trabajadores seguirán percibiendo el salario como lo venían devengando, pero entonces en el acuerdo que ahora la caja envía a los sindicatos, refieren que cobraran ese dinero según el procedimiento correspondiente. En otras palabras a partir del 2021, se le quitara dinero a los trabajadores por el dinero que “se pagó de más” durante los años mencionados. Y así lo dijo la ministra Rocío Aguilar en sus declaraciones al periódico La Nación el sábado 21 de julio.

Según lo expuesto, y según la constitución política en el título IV en el artículo 34, “A ninguna ley se le dará el efecto retroactivo, en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas.

Entonces si los sindicatos tienen razón y según lo expuesto están apegados a la ley, ¿por qué no acuden a los tribunales de Justicia?

El tiempo de diálogo que siempre han alegado los directivos de la Caja y el Gobierno se ha vencido desde diciembre que se aprobó la ley y que de buena fe quedó plasmado en el acuerdo firmado en febrero.  A raíz de la experiencia que nos ha dejado los casos de La trocha, cemento chino, Yanber, estafa del PAC al TSE,  Crucitas, y estafas de diferentes partidos políticos al Estado, en el cual se evidencia que el sistema judicial no solo es lento sino que ineficiente en toda la materia que tiene que ver con políticos, se tomó la decisión de entrar en huelga, en la cual el único perjudicado es el asegurado, y que los únicos culpables son ambos bandos, tanto el Gobierno por no brindar un acercamiento y decir verdades a medias, los trabajadores que se olvidan del imprescindible derecho a la salud de la población y los sindicatos que no informan bien a la población al no decir de manera directa y sin “tapujos” que esta huelga es por salarios.