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— Hace dos semanas el diputado Enrique Sánchez Carballo, como parte de la delegación de Costa Rica que rindió el tercer Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, señaló que el país estaba discutiendo un proyecto de ley para prevenir las situaciones de discriminación en el país.

— El proyecto, que se tramita bajo el expediente 20.174, busca eliminar cualquier forma de discriminación dentro del territorio costarricense. Sin embargo, ha recibido críticas por su redacción. Por ejemplo, el día de ayer La Nación hizo una recopilación de las opiniones y críticas al proyecto, que hay que señalar no son pocas.

— Según menciona LN opinaron en contra —por diferentes motivos— la Procuraduría General de la República, el Director General del OIJ, el Ministerio Público, el Ministerio de Planificación y el Ministerio de la Presidencia, entre otros.

— Hay que señalar que todas las opiniones se recabaron durante la pasada administración, pero, más allá de ese detalle, las críticas al proyecto van principalmente en dos líneas:

  1. La inclusión de sanciones penales por temas de discriminación que rozan la libertad de expresión, así como la falta de claridad en cuáles serían las conductas sancionadas.
  2.  La creación de un Consejo Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Intolerancia, por el gasto que representaría para un Estado abarrotado de instituciones y en crisis financiera.

— Las críticas por las sanciones penales aluden a las que se proponen para el artículo 380 del Código Penal, pues se habla de una pena “de seis meses a tres años de cárcel a a la persona que aplicare cualquier medida discriminatoria directa”. Si bien se señala que el juez puede imponer otras medidas correctivas deja la definición de discriminación directa demasiado abierta a la interpretación, ya que se describe como cualquier situación donde se presente “un trato menos favorable” que sea resultado de las condiciones que incluye el proyecto.

– Por otro lado, la inclusión de los delitos por “incitación al odio” y “pertenencia a organizaciones de odio” no está tampoco exenta de mejoras, ya que, a como está redactado actualmente el proyecto, podría ser una limitación desproporcionada a la libertad de expresión, principalmente por imponer sanciones de prisión en lugar de sanciones monetarias.

— Uno de los aspectos donde sí hay un consenso favorable es en incluir la discriminación como un factor que agrava un homicidio a la categoría de homicidio calificado (aumentando la pena de 18 a 35 años de cárcel), ya que actualmente en el país no hay legislación que atienda esta problemática.

— Por otro lado, el proyecto sería un avance en temas de lucha contra la discriminación en tanto incluye apartados para garantizar la obligación de no discriminar en diversos espacios, tanto públicos como privados (ámbito laboral, educativo, servicios de salud, así como los servicios sociales y económicos que brinda el Estado).

—  Está claro que el proyecto en su versión actual necesita modificaciones; no se puede negar que requiere una revisión de las sanciones propuestas y que falta claridad en lo que se está tipificando, pero tampoco cabe duda de que hay mucho que rescatar en la propuesta.

— A pesar de esto quienes se oponen al proyecto no han querido tomarse esa oposición en serio y prefieren hacer un circo del tema, como por ejemplo (¡otra vez!) sucede con la diputada Ivonne Acuña, quien en lugar de presentar mociones para arreglar el proyecto prefiere ser "sarcástica" y solicitar que el proyecto en su artículo 1 (objeto de la ley) termine diciendo: "implantar como ideología oficial del Estado la visión particular del Partido Acción Ciudadana". También presentó otra moción para que el artículo 10 (discriminación en el ámbito educativo) del proyecto prohíba el uso de métodos educativos "contrarios a las apreciaciones particulares del Partido Acción Ciudadana". Sí, es en serio, eso hizo.

— También se puede señalar lo que nos dejó la exdiputada fugaz Alexandra Loría, quien en su breve paso por la Asamblea en 2018 aprovechó para dejar una moción que elimina de los tipos de discriminación la que sea por motivos de orientación sexual, identidad y expresión del género. Sí, también es en serio.

— Las mociones de las diputadas claramente no tienen ninguna función real más que el filibusterismo legislativo, pero, recordemos que ya en diciembre del año pasado habíamos expuesto el “comunicado” que los exrestauradores estaban circulando para atacar esta propuesta...

— El proyecto es necesario ya que el país tiene serias deudas pendientes con múltiples minorías que han vivido y siguen viviendo situaciones de discriminación en múltiples espacios. Su discusión es vital. Su mejoramiento, sin duda, clave. Pero acciones como las descritas son solo un ejemplo de la “calidad” de oposición que una y otra vez atestiguamos en el Congreso: en lugar de proponer las mejoras necesarias y pertinentes prefieren “burlarse” del proyecto con ese tipo de mociones... por eso estamos como estamos.

Esta nota es parte del Reporte: Educadores con discapacidad: MEP sigue en deuda.