"Lo que pasa con la Caja depende también de lo que la ciudadanía activa puede hacer para defender sus intereses. Si este proceso avanza y estas 18 personas se ven en la situación de salvarme yo o salvarte vos, podremos conocer exactamente qué ha ocurrido y también le transmitiremos a la población, la idea de que el que habla gana y no que el que habla pierde".
Con estas palabras la experta en políticas sociales y exintegrante de la Comisión de Notables que analizó la crisis de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Juliana Martínez, se refirió a lo que está pasando con la institución actualmente, luego de que ayer trascendiera que la Fiscalía Anticorrupción ya tiene listas las acusaciones contra 18 personas funcionarias de la Caja, acusándoles de haber sido responsables de la crisis de la institución y de poner en riesgo los fondos del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
La lista de acusados es larga y en ella destacan altos funcionarios, exgerentes y exmiembros de la Junta Directiva, que están acusados de haber aprobado el aumento de salarios y cesantías a altos funcionarios de la institución que fueron pagados entre el período del 2006 y el 2010, a pesar de que las finanzas de la Caja no podían soportar esos gastos.
Por ello, según señala la acusación, se habrían utilizado presuntamente, fondos del fondo de pensiones del seguro social para subsanar estos huecos, en un claro detrimento del régimen.
La denuncia ante el Ministerio Público fue interpuesta por el economista de la institución, Daniel Muñoz, quien lleva años denunciando las irregularidades del sistema contra el seguro social desde 2012, en denuncias que están a punto de tocar las puertas de los juzgados, una vez que la Procuraduría General (abogada del Estado) indique si va a presentar querella y acción civil, para pasar al juzgado penal.
El camino que la causa ha tomado en la Fiscalía es de profunda alegría para los demandantes, así lo manifestó Juliana Martínez en la entrevista telefónica concedida el día de ayer a Delfino.cr.
Para la investigadora que, además de participar en la Comisión de Notables que vio el tema de la Caja en el gobierno de Laura Chinchilla —el posterior a la época donde se habrían cometido los hechos denunciados, en el periodo de Eduardo Doryan en la presidencia de la Caja y Óscar Arias en la de la República)— es investigadora del tema en la Universidad de Costa Rica, hubo esfuerzos invisibilizadores por parte de los dirigentes de la institución para que los malos manejos del fondo no salieran a la luz.
Por ello, dice Martínez, hay dos tipos de funcionarios aquí: los que trataron de tapar el sol con un dedo y los que denunciaron lo que acontecía, entre ellos, Daniel Muñoz.
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La denuncia planteada por Muñoz señala que la política salarial de la Caja, adoptada durante la administración de Eduardo Doryan, se habría adoptado con datos maquillados, datos que eran erróneos y "a sabiendas erróneos", aseguró Martínez para, entre otras cosas aumentar el tope de cesantías y la contratación de nuevos funcionarios que, en ese momento, era inviable pagar para las finanzas de la institución.
Los hallazgos del economista demostraron que en ese momento no se estaba en "vacas gordas" y que las consecuencias de tomar las decisiones que a la postre se tomaron, iban a poner en graves problemas al régimen. Sin embargo, esos datos reales no fueron los que la Junta Directiva de la institución utilizó cuando se decidió seguir con la política y por ello en determinado momento fue necesario tomar fondos del régimen de atención a enfermedad y maternidad para salir aflote y de ahí, escalar al IVM.
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Para Martinez el tema es que actualmente, la situación continúa, pues aún muchísimos de los funcionarios que tomaron las decisiones hoy denunciadas —muchos de esos nombres entre las causas que se abrirán— siguen en los puestos de toma de decisión de la Caja.
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Martínez asegura que el problema de la Caja son las personas que toman decisiones en ella y por ello señala que el avance de esta denuncia marcará un precedente que podría devolver la autonomía a la institución que señala que hoy se ha perdido, trabajando contra el miedo a denunciar que afirma, existe en la institución.
En esta línea señala las situaciones que tras la denuncia han sufrido Muñoz y la doctora Sofía Bogantes, que en 2015 alertó sobre irregularidades en el área de cardiología del Hospital México que habrían provocado decenas de muertes por atrasos en operaciones y listas de espera.
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Las decisiones y los motivos de las decisiones que se toman a lo interno de la institución y que luego se pretenden encubrir, comprenden el eje de la cuestión aquí, señala Martinez.
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¿Qué es lo que queda ahora? Seguir con atención el proceso que por fin llega a la Fiscalía 7 años después de que empezara la investigación, pues como señaló la fiscala general, Emilia Navas, en una conferencia de prensa este martes, es uno de esos casos que estaban sin resolver en la Fiscalía de la gestión pasada y habría que preguntarle a los que eran responsables del caso.
En la causa que está por presentarse, pero que ya se comunicó a las partes y a la Procuraduría, según señaló la Fiscalía Anticorrupción, hay 18 personas acusadas bajo los delitos de influencia contra la hacienda pública —que consiste en un menosprecio de los fondos públicos—, fraude de ley y de administración fraudulenta pues, aunque el Fiscal Adjunto del tema, Glen Calvo, aseguró que no puede dar montos específicos de cuánto es de lo que estamos hablando, sí subrayó que es de “un monto bastante alto” de recursos del IVM que fueron mal manejados.
