El Plenario arrancó los trámites para analizar una reforma constitucional que modificará la forma en que se escogen a los diputados de Costa Rica, pasando del modelo de listas cerradas propuestas por partidos políticos, al Sistema Mixto Proporcional (SMP), mediante el cual se escogen diputados por distrito electoral y por listas nacionales propuestas por los partidos.
Se trata de la iniciativa 20.127, la cual reforma los artículos 96, 106, 107, 108, 110, 116 y 117 de la Constitución Política. Si se aprueba, la reforma incrementaría de 57 a 84 la cantidad de diputados en Costa Rica, habilitando futuros incrementos vía ley.
Los diputados se escogerán 42 por voto popular directo en cada distrito electoral y 42 por voto popular de la lista de candidatos de los partidos políticos inscritos a escala nacional, la cual debe estar conformada por 84 postulantes, pudiendo repetir nombres de candidatos inscritos para competir por la curul en su distrito electoral.
Los diputados de distrito electoral serán electos por simple mayoría, mientras que los diputados de lista nacional resultarán electos proporcionalmente a la cantidad de votos obtenidos por su partido en las elecciones.
Otra reforma que dispone el proyecto es habilitar la reelección sucesiva de diputados, limitando las veces que pueden llegar al Congreso a tres veces. También pasa de cuatro periodos de sesiones por año legislativo a solo dos, de seis meses cada uno; y dispone que el Tribunal Supremo de Elecciones podrá destituir a un congresista si incurre en las causas que una ley especial aprobada para tal efecto disponga.
Finalmente, se establece que para iniciar las sesiones del Plenario se requerirá mayoría simple de la totalidad de miembros (29 en caso de 57 o 42 en el caso de 84), sin embargo, para las votaciones se requerirá que esté presente al menos dos tercios del total de miembros (38 en caso de 57 o 56 en caso de 84).
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Estos son los trámites que seguirá la reforma:
- El texto del proyecto debe leerse íntegramente en el Plenario tres veces como trámite de admisibilidad (este miércoles se dio la primer lectura). Cada lectura debe darse en intervalos no inferiores a los seis días (la segunda lectura se programó para el 11 de febrero).
- Después de realizada la tercera lectura, el Plenario votará por mayoría simple si admite la reforma para estudio o no.
- Si la reforma es admitida, se conformará una comisión especial encargada de dictaminar la reforma. Para la conformación se requiere una votación afirmativa de 38 diputados como mínimo.
- Cuando la Comisión Especial termine el análisis, rendirá el dictamen al Plenario, donde se discutirá y votará en primer debate.
- Si la votación en primer debate es afirmativa, el proyecto pasa a la Comisión de Redacción para que prepare el texto final de la iniciativa.
- Una vez listo el texto final, esa versión debe votarse en el Plenario (debate de forma).
- Si el texto final es aprobado, los diputados deben votar de nuevo el proyecto, esta vez, en segundo debate.
- Si el resultado de la votación es afirmativo, el texto es enviado al Poder Ejecutivo para que lo recomiende o lo devuelva con observaciones.
- El Poder Ejecutivo debe recomendar la aprobación de la reforma constitucional en el mensaje presidencial del 2 de mayo.
- Si el proyecto fue recomendado, los diputados deben discutir y votar el proyecto en tres debates más para su promulgación definitiva.
Préstamo a proyectos fantasma
La diputada Ana Karine Niño del Partido Liberación Nacional denunció que el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) otorgó un crédito de 4.500 millones de colones a la Municipalidad de Escazú, en condiciones irregulares, para construir la "Clínica de Escazú", un proyecto que ni la propia Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) tenía pensado.
En conferencia de prensa, la congresista señaló que el crédito tenía como fin comprar un terreno donde se ubicaba el antiguo Country Day, para hacer allí las instalaciones del centro médico. Fue en octubre de 2016 que la alcaldía de Escazú presentó al Concejo Municipal el proyecto para pedir los recursos al IFAM.
Aunque los trámites hasta ese momento se realizaron de forma expedita, el objetivo final del dinero no corrió la misma suerte.
Según la denuncia, el IFAM aprobó y depositó los recursos del crédito, pero además cobró más de 20 millones por fiscalizarlo, pese a que la CCSS no tenía ni tiene pensado hacer ninguna clínica en Escazú, ni tampoco registra solicitud, prevista ni consulta sobre esa materia.
"Es decir se le dio plata a una municipalidad porque la hablada sonó muy bonita, le prometieron al pueblo una clínica fantasma que hoy es usada como el parqueo más caro del mundo para camiones de basura", denunció la diputada.
Niño también reveló que la Notaría del Estado advirtió en dos ocasiones las irregularidades en torno al crédito, por el cual los contribuyentes de Escazú han tenido que pagar, a la fecha, 332 millones de colones al IFAM.
Entre los yerros se encuentra que el área técnica de la municipalidad incurrió en un error material en el avalúo administrativo, pues el monto pactado con el dueño del terreno no coincidía con los montos estipulados en el evalúo que ya se había hecho. La diferencia entre ambos números es de 100 mil dólares menos respecto al precio acordado con el dueño, lo que desencadenó que el tema llegara hasta el Tribunal Contencioso Administrativo.
Por otro lado, el Municipio debía entregar al IFAM un avance del proyecto a más tardar el día 45 de realizado el desembolso, sin embargo, no fue sino hasta el día 137 que se cumplió.
