Esta semana conmemoramos el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; hito oportuno para reflexionar sobre los grandes retos que aún hoy, siete décadas después, continúan pendientes de cara a la materialización de esos derechos, a partir del diseño y desarrollo de ciudades inclusivas.
El concepto de ciudades inclusivas implica múltiples factores espaciales, sociales, culturales y económicos. Tiene que ver con el acceso a la vida cultural, a las actividades recreativas, al esparcimiento y el deporte; a la participación política, así como a la educación, a la salud, a la habilitación y rehabilitación, al empleo y a la protección social.
Sin embargo, todos estos se vuelven simples ideales cuando en la realidad el acceso a los servicios y a la institucionalidad correspondiente a esos derechos, está truncado para ciertos sectores de la población debido a una serie de barreras físicas, actitudinales y socioeconómicas, siendo las personas con discapacidad y las personas adultas mayores de las poblaciones más vulneradas.
El rápido crecimiento de las ciudades en el mundo moderno, así como el aumento de la migración del campo a la ciudad, ha provocado que las desigualdades se profundicen. Los Gobiernos y las municipalidades luchan por absorber el aumento demográfico, sin embargo, la pobreza se concentra en los espacios urbanos, mientras las grandes inversiones siguen sin impactar las zonas rurales. Así pues, el desarrollo no llega igual para todas las personas.
Ante este panorama, hablar de ciudades inclusivas con un enfoque de derechos humanos de las personas con discapacidad y personas adultas mayores, nos obliga necesariamente a articular esfuerzos a partir de los lineamientos del diseño universal, el cual parte de la base de que todas las personas somos diferentes pero iguales en derechos.
Lo anterior, tiene que ver con el reconocimiento de la diversidad de capacidades, habilidades y limitaciones de las personas, así como los posibles cambios que estas tengan con el paso del tiempo, a fin de promover la inclusión de todas. Pasa por el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado.
En suma, las ciudades inclusivas son el reto que debemos asumir con normas y acciones de política institucional que permitan implementar cambios en los modelos de gestión, que van incluso más allá de la mera aplicación de la Ley 7600.
En este sentido, el compromiso del presidente de la Republica Carlos Alvarado Quesada y la labor que estamos impulsando desde la Asamblea Legislativa es por una Costa Rica más accesible y solidaria, en la que cada persona pueda desarrollarse con igualdad, dignidad y libertad.
El plan de trabajo que nos hemos propuesto incluye avanzar en la garantía de un sistema de educación inclusivo, facilitar el acceso al trabajo digno e inclusivo, incluir en los programas de educación sexual a las personas con discapacidad, ser vigilantes y garantes del respeto a las dimensiones de la accesibilidad en el transporte público, y otros espacios para así generar proyectos culturales que apoyen a las personas artistas y artesanas con discapacidad, entre otros aspectos igualmente vitales.
Para materializar esta agenda, estamos fomentando una articulación mucho más amplia y consolidada entre las instituciones públicas, Municipalidades, empresas privadas, sociedad civil y organizaciones no gubernamentales, para afinar los mecanismos e instituciones de denuncia y demanda de servicios inclusivos y para la exigibilidad de derechos. Sin embargo, estos avances seguirán siendo lentos si no sumamos aún más voluntades y esfuerzos.
De cara al 2019, construyamos juntas y juntos ciudades inclusivas en cada cantón, en cada provincia. La Costa Rica del Bicentenario, lo urge y amerita.
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