Tres nuevas leyes
El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate tres proyectos de ley, incluido el Presupuesto Nacional del Gobierno Central para el año 2019, que asciende a casi 11 billones de colones.
El plan de gastos incluye rebajas por 15 mil millones de colones de la propuesta inicial, incluyendo 10 mil millones de rebaja al crecimiento del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
Un hecho relevante fue que el bloque de diputados leales a Fabricio Alvarado cambió su voto negativo (primer debate) a positivo. Lo mismo ocurrió con Dragos Dolanescu del Partido Republicano Social Cristiano.
Como dijo la diputada Zoila Volio Pacheco, citando a un expresidente tico, "solo los ríos no se devuelven".
De seguido, los diputados aprobaron por unanimidad una ley que le garantizará a los menores de edad dos espacios, con voz y voto, en los Comités Cantonales y Comunales de Deportes y Recreación.
La iniciativa tramitada en el expediente 19.708 hace la salvedad de que esos dos integrantes no podrán ostentar la representación judicial o extrajudicial del comité, ni podrán contraer obligaciones a nombre del comité.
Finalmente, el Pleno le dio segundo debate a una reforma a la ley que convirtió a Río Cuarto en el cantón 16 de la provincia de Alajuela, tramitada en el expediente 20.787.
El propósito de este proyecto es que en febrero de 2019, —un año antes de celebrarse las elecciones municipales—, se pueda realizar una consulta popular para elegir la cabecera del cantón de Río Cuarto de entre las cabeceras de sus distritos. Dicha consulta sería organizada y financiada por el Tribunal Supremo de Elecciones.
De igual forma, se establece que la Municipalidad de Grecia transferirá a la nueva Municipalidad de Río Cuarto los recursos que se hayan generado por recaudación de tributos municipales o nacionales recaudados por el Gobierno Local, dentro del territorio del nuevo cantón durante el año 2020.
Nuevo proyecto sobre teletrabajo
Diputados de los partidos PUSC, PAC, PLN, PREN, el bloque de diputados independientes, el Poder Ejecutivo y representantes de cámaras empresariales presentaron este martes un nuevo proyecto de ley relacionado con el teletrabajo, que consta únicamente de ocho artículos.
En conferencia de prensa, los actores anunciaron que esta iniciativa fue consensuada y tiene como propósito adaptar la normativa nacional a las nuevas modalidades de trabajo y economía que están en auge, además que traerá beneficios por la reducción de los vehículos que transitan por las calles nacionales.
A grandes rasgos, el proyecto establece que el empleador estará obligado a proveer a su empleado los equipos necesarios para desempeñar el teletrabajo, además de que negociará con este un reconocimiento por el costo de la energía necesaria para que esos equipos funcionen.
Asimismo, la jornada será de mutuo acuerdo y el lugar donde trabajará el empleado podrá ser cualquiera que reúna las condiciones necesarias para la efectiva prestación del servicio.
Le llueve a la vicepresidenta y canciller
El anuncio de que la Procuraduría General de la República emitió una opinión jurídica que pone en entredicho la legalidad de algunos nombramientos realizados en la Cancillería, terminó de agitar los ánimos de los diputados que demandan la salida de la vicepresidenta Epsy Campbell como cabeza al mando de la Casa Amarilla.
Ana Karine Niño, diputada liberacionista que formuló la consulta ante la Abogacía del Estado, solicitó a Campbell detener "la maquila de nombramientos ilegales".
"Es hora de que la Cancillería se ordene y apegue sus decisiones a la legalidad. Devolver la credibilidad en la función pública es pasar del discurso a los hechos y no solo en palabras por cálculos electorales", dijo la diputada.
Jonathan Prendas, diputado fabricista, señaló que la Canciller está incurriendo en prácticas que denunció cuando era diputada.
"No se vale que se juegue de esa manera con los recursos públicos, no se vale tener dobles discursos, ella debe renunciar a su cargo y permitir que continúen las investigaciones que iniciaron a raíz de sus decisiones", dijo Prendas.
Por su parte, Ivonne Acuña le pidió a Campbell que cumpla con su palabra de revocar los nombramientos irregulares, como afirmó lo haría en caso de que la Procuraduría señalara que no estaban apegados a derecho.
La cosa parece estar lejos de terminar. Diputados y diputadas de la Comisión de Control del Ingreso y el Gasto Público presentaron mociones para que comparezca tanto el procurador general de la República, Julio Jurado Fernández; como el garante de la ética del Gobierno, José Manuel Arroyo, quien en un criterio semanas atrás señaló que las designaciones hechas por Epsy Campbell estaban apegadas a la ética y a la legalidad.
Terna para magistrado de la Sala IV ¡sin sorpresa!
¿Por qué la insistencia de algunos diputados y diputadas de preguntar a los candidatos a magistrado propietario de la Sala Constitucional sobre su posición sobre el matrimonio igualitario, el aborto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la globalización y temas similares?
La respuesta pareciera haber quedado reflejada en los resultados de las evaluaciones a los candidatos hechas públicas este martes por la Comisión de Nombramientos del Congreso: los más conservadores conforman la terna, mientras que quienes externaron posiciones progres quedaron con las peores notas.
Los seleccionados como preferidos a ocupar la vacante dejada por Ernesto Jinesta en el alto tribunal constitucional son Anamari Garro, María del Rocío Carro y Hubert Fernández. Todos emitieron respetuosas conservadoras a los temas anteriormente mencionados.
Cabe señalar que tanto Garro como Fernández son magistrados suplentes de la Sala IV en la actualidad. Inclusive, este último fue uno de los siete que declaró que el plan fiscal no tenía vicios de fondo ni de procedimiento.
Por el contrario, Hubert May, quien lanzó duras críticas a la Corte y a la Sala Constitucional durante su audiencia, expresó su apoyo al matrimonio igualitario, la Fertilización in Vitro, el aborto y la Corte Interamericana, fue el segundo peor valorado por los diputados.
El criterio de la Comisión de Nombramientos no es vinculante para el Plenario.
