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Se complica el panorama en la Cancillería

No existe ningún criterio jurídico, hasta el día de hoy, en que se establezca esa interpretación [que los directores deben tener rango de embajadores], que podría ser válida, pero no existe ni en la Procuraduría General de la República, ni el departamento jurídico de la propia Cancillería, no existe en servicio civil. Así que me parece valida la posición que tienen, pero no existe un solo documento jurídico, pero sí existen documentos jurídicos que respaldan que los directores son puestos de confianza.

— Esas fueron las declaraciones que la canciller Epsy Campbell ofreció en la comparecencia a la que fue citada el pasado 25 de octubre en la Comisión de Ingreso y Gasto de la Asamblea Legislativa, tras las críticas por los nombramientos realizados a lo interno de la Cancillería.

— En aquel momento dicha afirmación era correcta. Sin embargo, el día de ayer se dio a conocer la Opinión Jurídica 115-2018 de la Procuraduría General de la República (PGR) en el cual —de forma general y no vinculante— se establece que en el caso de la Cancillería debería prevalecer la normativa específica (del servicio exterior) por encima de la normativa general (del servicio civil), y que por lo tanto los puestos de dirección del Ministerio de Relaciones Exteriores no clasifican como nombramientos de confianza.

— Siendo así, las cosas se complicaron para Campbell y el Gobierno, ya que no pueden continuar aduciendo la inexistencia de una opinión jurídica contra su accionar. Incluso, a la luz de la reciente opinión de la PGR, tendrían que sustituir a tres directores nombrados en esta administración y cuatro que permanecen de administraciones pasadas, que no cumplen con el requisito que solicita la PGR.

— Habiendo conocido la respuesta de la Procuraduría, la diputada Karine Niño, quien solicitó la consulta a la PGR, no se guardó nada en un mensaje a la canciller:

Yo le digo a la sra. Epsy Campbell, vicepresidenta de la República, canciller de Costa Rica, detenga ya la maquila de nombramientos que resultan ilegales. Ya es hora de que la Cancillería se ordene, y que las decisiones se apeguen a la legalidad. Elevar el perfil del funcionario público, de la función pública, depende de pasar del discurso a los hechos y no solo de cálculo político, como usted lo conoce.

— Además, en conferencia de prensa, la diputada liberacionista pidió al presidente Alvarado reconsiderar la continuidad de Campbell en la Cancillería, petición que ya había sido realizada desde antes de conocerse el fallo de la PGR por parte de diputados de cuatro bancadas legislativas y el grupo de independientes.

— Por parte del Gobierno, Rodolfo Piza, ministro de la Presidencia, afirmó en conferencia de prensa que el Ejecutivo esperaría a realizar su propia consulta a la PGR antes de tomar cualquier decisión que apunte a remover a los funcionarios de sus puestos.

— La pregunta que probablemente se están haciendo es ¿por qué realizar la consulta nuevamente si ya la PGR se pronunció sobre el tema? Sucede que para que la consulta sea vinculante, es necesario que venga del jerarca de la institución. Naturalmente el Gobierno pudo haber tomado la medida de cambiar a los funcionarios sin necesidad de realizar una nueva consulta...

—Sin embargo, Marvin Carvajal, asesor jurídico de Casa Presidencia, justificó la decisión señalando: "Cuando se realizan estos nombramientos la señora canciller lo hace a partir de un criterio de su departamento legal y de un criterio de su departamento de recursos humanos. Habiendo criterios contradictorios con lo que sostiene la PGR en la OJ-115-2018 entonces es conveniente plantearle la consulta a la PGR para obtener, ojalá en el plazo más corto posible, un criterio que dilucide definitivamente este tema. (...)". Mientras, tanto, Piza añadió "mientras no haya una consulta de criterio vinculante, podría haber de por medio algunos derechos que podrían reclamarse".

— El razonamiento de Carvajal es de recibo tomando en cuenta que ante una nueva consulta específica —y vinculante— esta podría ser tomada por otro funcionario de la PGR —como por ejemplo el mismo procurador general Julio Jurado— quien podría tener un criterio distinto al analizar el caso en específico y darle el visto bueno a los nombramientos. O bien, podría de una vez por todas resolver este tema para que, precisamente: nunca vuelva a ser un tema.

Dato D+: El nombramiento del Procurador General es realizado por el Consejo de Gobierno, y debe ser ratificado por la Asamblea Legislativa por periodos de 6 años con posibilidad de reelección.

— No podemos dejar de señalar, eso sí, que el razonamiento de Piza no se sostiene, ya que si los nombramientos de las direcciones son puestos de confianza —como ha sostenido el Gobierno— no existe ninguna limitante ni derecho laboral adquirido que pueda detener la remoción del cargo de manera inmediata cuando así lo consideren los jerarcas.

— Campbell, quién ya había informado —pero no consultado— a la PGR y la Procuraduría de la Ética de su accionar,  recordó que la opinión de la PGR representaba un cambio en la interpretación que existía hasta el día de ayer de que todas las direcciones de la Cancillería —al igual que en los demás Ministerios— eran puestos de confianza, por lo que la consulta específica es necesaria para para poder aclarar la situación con dichos puestos.

— Mientras tanto, la diputada Niño celebró en sus redes sociales que el Gobierno decidiera realizar la consulta vinculante a la PGR para avanzar con el tema. Estaremos atentos a qué sucede con esta segunda consulta.

Bonus Track: La opinión de la PGR es, además, un golpe a la credibilidad de José Manuel Arroyo, quien en su rol de “garante ético” había realizado un informe justificando el accionar de la Cancillería: “Respecto de cada uno de los nombramientos hechos (…) no he encontrado actuación alguna que riña con la estricta legalidad. Por el contrario, encuentro que los procedimientos de designación se han realizado de conformidad con las pautas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes”, dijo Arroyo a inicios de este mes.

Hidden Track: Hay que recordar que la Fiscalía General mantiene abierta una investigación por el delito de nombramientos irregulares y el informe de la PGR —si bien no es vinculante— sí le da herramientas jurídicas para avanzar con una posible acusación.

Barbas en remojo

Parece increíble, pero el Gobierno no logra amarrar una buena semana. El mismo día en que la Administración Alvarado Quesada se apuntó una victoria en la Sala Constitucional, con el visto bueno al Plan Fiscal, aparecen los rumores de que la ministra de Salud no dejaba el Ministerio por razones de salud, sino que habían sido presiones externas —de las tabacaleras— las que habrían forzado la salida de Guiselle Amador.

Como suele suceder en los gobiernos PAC, los problemas se originan en su incapacidad de comunicarse efectivamente, y ya parece que esto no es solo hacía la ciudadanía, sino que se ha extendido a lo interno del propio gabinete.

Sobre los rumores de las razones detrás de la salida de Amador de Salud, Rodolfo Piza señalaba en conferencia de prensa “No conozco los detalles, pero efectivamente como fue comunicado y así lo hemos entendido, y así lo entendió el presidente de la República, el tema era las razones de salud"… ¿¿¿???

Entonces, ¿se supone que debemos creer que la ministra de Salud entendió que le estaban solicitando que dejara el puesto, cuando no era así, y que el presidente entendió que la ministra tenía problemas de salud, que ella niega haber tenido?

Hemos reiterado que el Gobierno tiene amplios problemas de comunicación, empezando por Juan Carlos Mendoza, ministro de Comunicación y ausente el día de ayer de la conferencia de prensa, pero aceptar que hemos llegado al punto en que la explicación que nos dan de una salida del Gobierno es que "así lo entendió el presidente" es un nuevo punto bajo para esta —y cualquier— administración.

Mientras tanto, como pudieron leer en el punto 2, las fallas al comunicar aumentan —las ya de por sí abundantes— teorías de la conspiración y continúan metiendo piedras innecesarias al camino de un Gobierno, que si algo necesita es claridad absoluta.