El Plenario realizó una maratónica sesión este miércoles para conocer cuántas mociones de reiteración fueran posibles, pues se era la última posibilidad en la que los proponentes podían defender sus iniciativas, dado que a partir de este jueves las mociones se votarán de inmediato, sin uso de la palabra previo.
La sesión arrancó a las 9:15 a.m. y se extendió hasta las 19:00 horas, con una hora para almuerzo, y cancelando la sesión ordinaria donde se conocerían reformas constitucionales, como es común los miércoles.
Esa extensión no se dio sin una polémica previa, pues en la mañana, apenas iniciando la sesión, se dieron dos recesos de media hora, lo que causó malestar en algunas fracciones de la oposición, que recordaron que este miércoles era la última oportunidad de hablar por las mociones antes de votarlas.
Para apaciguar los ánimos y en aras de construir acuerdos, los jefes de fracción firmaron una moción para en primera instancia extender la sesión hasta las 14:00 horas, pero después lo hicieron hasta las 19:00 horas.
Lo anterior permitió al Plenario conocer 68 mociones de reiteración, de las cuales 4 fueron retiradas y 2 fueron aprobadas de modo que se entró a conocer la moción de fondo correspondiente.
Dato D+: Faltan 160 mociones de reiteración por conocerse en el Plenario. Dada la velocidad a la que se conocerían estas mociones, es probable que se concluya su conocimiento este mismo jueves. Pueden encontrar todos los registros de votación hasta el momento en nuestro álbum de Facebook.
Ese fue el caso de la moción 968 de fondo, que según sus proponentes hacía una precisión en la redacción del proyecto para cerrar portillos a eventuales interpretaciones que pudieran servir para evadir el pago de impuestos.
La explicación fue muy técnica, al punto que pocos la entendieron y por ende no se arriesgaron a apoyarla. Sin embargo, obtuvo los votos necesarios (29) para ser incorporada al texto del plan fiscal.
La segunda moción de fondo en conocerse fue la 14, presentada por José María Villalta y cuyo propósito, según él, era cerrar el portillo para quienes eluden el pago de impuesto sobre los dividendos usando sociedades de papel.
Aunque la reiteración logró los votos necesarios para aprobarse, a la hora de conocerse por el fondo no fue así, pues se realizó un intercambio de opiniones entre Villalta y legisladores del PLN que señalaron la no-necesidad de esa modificación, pues es algo que ya está incorporado en el texto.
Posteriormente se conoció la tan esperada moción de la socialcristiana María Inés Solís para que las cooperativas pagaran el impuesto sobre la renta.
Hay que recordar que fue sobre esta moción que el movimiento cooperativista realizó un intenso lobby para oponerse, al punto de que llegaron a ocupar asientos en la barra de prensa del Congreso, pese a la inconformidad que eso ocasionó entre quienes cubrimos el acontecer legislativo.
Aunque Solís pudo defender su moción, solo logró el respaldo de otros 9 diputados. Al final 44 integrantes de las bancadas de Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Integración Nacional, Restauración Nacional, Frente Amplio y Republicano Social Cristiano votaron en contra.
Pese a que pareciera ser el fin infructuoso de una demanda que tomó fuerza en las redes sociales, exigiendo que todos los sectores contribuyeran ante la situación fiscal del país, lo cierto es que las cooperativas grandes pagarán impuesto sobre la renta muy pronto, si los diputados mantienen su palabra.
Los jefes de fracción del Partido Liberación Nacional, el Partido Acción Ciudadana, el Partido Restauración Nacional, el Partido Frente Amplio y los diputados Eric Rodríguez Steller y Otto Roberto Vargas Víquez firmaron y publicaron un acuerdo donde se comprometen a redactar, presentar y votar positivamente un proyecto de ley que obligue a las grandes cooperativas a pagar impuesto sobre la renta.
En su conjunto, el acuerdo lo respaldan 44 diputados y establece que se le aprobará una dispensa de todo trámite para ser votado en el Plenario inmediatamente después del plan fiscal.
¿Pero por qué se rechazó la moción de Solís? Las diversas bancadas señalaron que la moción, aunque con un propósito loable, empleaba una mala técnica y tenía como consecuencia ser regresiva, confiscatoria y causar una antinomia (contradicción entre normas jurídicas), pues es otra ley la que establece que las utilidades de las cooperativas no se consideran rentas, sino excedentes.
Cabe señalar que el PUSC no suscribió ese acuerdo multipartidista, pues la diputada Solís está preparando su propio proyecto de ley para presentarlo a la corriente legislativa en los próximos días.
Pese a lo anterior, el Congreso tiene consenso de que las cooperativas grandes deben pagar el impuesto sobre la Renta, por lo que será cuestión de tiempo para que ello pase.
