Costa Rica, probablemente con una sana intención, decidió implementar una fórmula única en el mundo, dejar dentro del ministerio encargado de velar por el ambiente (MINAE), a la entidad encargada de velar por el desarrollo y generación de recursos: la Dirección de Geología y Minas.
Bajo una misma decisión, permitió que la valoración y posible desarrollo posterior y aprovechamiento de nuestros recursos, estén bajo un mismo ministerio, el cual además ha venido siendo tratado como un ministerio de segunda categoría por las últimas administraciones gubernamentales del país.
Esta situación ha provocado que un mismo ministro tenga que decidir lo que conviene o procede valorar y desarrollar. Además, como en la administración actual, un ministro tal vez muy preparado en su campo, pero sin la formación adecuada puede tener la mejor de las intenciones, pero alejado del criterio técnico está destinado al fracaso, con un gran damnificado: el ambiente mismo y consecuentemente la calidad de vida del ciudadano.
La lógica y la práctica sobre todo en países donde si existen desarrollos mineros muestran que las fuerzas se nivelan cuando ambos campos luchan desde sus trincheras con la fuerza de su razón de ser. Por ejemplo, Estados Unidos y Canadá con normas ambientales muy estrictas, mantienen la mayor producción de oro del mundo, y jamás la administración del ambiente y sus normas compartirían ministerio o entidades con el área de la producción.
La exploración y el desarrollo minero pertenecen a ministerios industriales y productivos, puesto que los impactos ambientales hasta ese momento son puras especulaciones y no tienen nada que ver con el ministerio encargado de establecer políticas ambientales cada vez más agresivas y restrictivas.
Por su afinidad con el desarrollo y generación de recursos, no es de sorprender que la Dirección de Geología y Minas naciera en el Ministerio de Industria y Comercio, a donde pertenece, pero que con el tiempo algún genio moderno decidió reunirla con el ambiente para poder financiar los parques nacionales y las onerosas consideraciones ambientales muchas veces sin sentido.
El MINAE ha venido incumpliendo sus obligaciones para con la investigación y aprovechamiento minero, con su aparente política de disminución de la DGM (poco presupuesto, poco personal, etc.) con la que cree que está disminuyendo la minería misma. Sin embargo, esto solo ha provocado la descontrolada minería artesanal y las extracciones ilegales, mientras que para quienes tratan de operar dentro del margen de la ley, se ven aplacados con trámites eternos que solo han conseguido afectar al ambiente mismo, nuevamente por falta de criterio técnico.
En conjunto el Colegio de Geólogos y la DGM, han redactado innumerables documentos con políticas mineras claras, pero ignoradas por una decisión de escritorio del ministro de Ambiente en turno. Por ejemplo, en un intento por reunir criterio nacional alrededor de la obtención y desarrollo de nuestros recursos, se creó el Consejo Técnico Asesor de la Minería, en el cual se incluyeron representantes del Ministerio de Obras Públicas, Setena, DGM, la municipalidades y la Organización Latinoamericana de Minería (OLAMI), pero el ministro lo engavetó con la mira siempre puesta en desaparecer la minería, lo cual ha mostrado que solo consigue la extracción ilegal.
En cuanto a la opinión pública, es comprensible que los ciudadanos crean que si el gobierno no ve en el aprovechamiento de nuestros recursos minerales una solución fuerte a la crisis fiscal y al desempleo, es porque ya se evaluó esta opción y se decidió que no era responsable. Sin embargo, la realidad es que lo anterior nunca ha sucedido, y por el contrario, se ha prohibido más bien la investigación y el diálogo con los expertos del ramo; y los intereses personales han privado sobre el bienestar general, lo que ha sometido a Costa Rica al subdesarrollo por ideologías y dogmas injustificados.
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