Tenían razón ayer las y los magistrados cuando decían que estaba en riesgo el Poder Judicial. Pero la amenaza no venía del proyecto de ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que estaban discutiendo, sino de la miopía que evidenciaron sus máximos jerarcas, incapaces de ver más allá de su propio ombligo.

La independencia del Poder Judicial no se iba a ver amenazada por lineamientos generales para que apliquen su propia evaluación de desempeño a los empleados judiciales. El artículo 46, tan mencionado el día de ayer por establecer la "Rectoría de Empleo Público" en un ministerio de Gobierno, fue razón suficiente para convertir el proyecto en el "coco" y decir que afectaba la independencia judicial.

Ignoraron los magistrados que el artículo siguiente señala que se aplicaran "las salvedades respectivas", frase ambigua pero que al lado de la independencia constitucional garantizada a los supremos poderes y las instituciones autónomas, no podría entenderse como una carta blanca para violentar la independencia judicial. No existe un intento de injerencia en las evaluaciones de los empleados judiciales, solamente se piden que se hagan, cada quién definiendo lo necesario que se acomode a las características e independencia de cada institución.

Al final del día, ¿no son los jueces quienes deben interpretar que las leyes cumplan su propósito verdadero y no se perviertan? ¿De dónde surge el temor a injerencias externas, si ante la duda serían los mismos tribunales los que podrían detener cualquier acción que, "disfrazada de evaluación" sobrepasara la independencia del Poder Judicial?

Comparar la ambigua redacción del artículo sobre rectoría de empleo público con un intento oscuro de debilitar el Poder Judicial fue la excusa que necesitaba la Corte Plena para defender los beneficios de los suyos. Como buenos dioses griegos, protegieron a los suyos por encima del resto.

Ademas, alegar que la imposición de limites a pluses y salarios del Poder Judicial, —como si al final todos estos no salieran de las arcas comunes del Estado y no se vieran tan afectados como los demás ante una crisis— debilitaría la independencia e idoneidad de quienes aspiren a ser jueces, fue otro de los argumentos que les quedó fácil utilizar ayer, porque solo un juez mal pagado se vería expuestos a caer en las garras de la corrupción...

Pero, olvidaron aquí también que los altos salarios no son garantes éticos de la función en el servicio público, menos aún en la función judicial. Esto lo sabemos todos, pero debería saberlo mejor que nadie la misma Corte Plena, ¿o acaso ya olvidaron El Cementazo? ¿En serio no tienen presente dónde está parada la reputación de la Corte en este momento? No recuerdan que —a punta de sanciones y pensiones— El Cementazo dejó a la Sala Penal con únicamente un magistrado propietario (¡y ese!). ¿Creerán realmente en la Corte Plena que sus compañeros ganaban “cuatro pesos” y por eso se vieron tentados a actuar de maneras más que dudosas?

Si no existe en el país una institución mas en riesgo por estar deslegitimada que el Poder Judicial no ha sido porque sus funcionarios no posean altos salarios (¡y aquellas pensiones!) sino porque la justicia en Costa Rica tiene 2 niveles: el Olimpo y el resto. Recordemos que en Corte Plena fueron incapaces de sancionar como correspondía a los suyos, cuando todo el mundo sabía que habían firmado una sentencia —probablemente sin siquiera revisar el expediente— con afirmaciones que contradecían la evidencia del caso.

Los discursos que se dieron el día de ayer dejaron mucho que desear de la Corte. No solo por la forma descarada en que defendieron sus propios intereses hablando de otras cosas en lugar de referirse a las bases jurídicas, sino porque fueron discursos populistas que esperamos oír en el Plenario Legislativo, pero no de boca de los máximos jueces del país. La discusión de ayer —más allá del cuestionado informe inicial que presentó la Dirección Jurídica y la amplía respuesta de la magistrada Iris Rocío Rojas a dicho informe— nunca fue técnica, sino política y gremial.

Esto quedó demostrado, cuando el magistrado Cruz dijo “¿Y por qué no aumentamos el impuesto directo a las personas jurídicas un 3%? ¿Por qué, si es tanto el problema que tiene el país? ¿Y la pobreza, que no se resuelve? ¿O es que nosotros, clase media, vamos a resolver la pobreza del país?”. Con ese comentario, casi digno de un lapsus freudiano, Cruz evidenció que no era el presidente de la Corte el que estaba pronunciando un discurso, sino un representante más del gremio sindical judicial. No se estaba defendiendo la independencia judicial, fueron los intereses gremiales los que primaron el día de ayer.

El mensaje que envió la Corte Plena al país fue alto, claro y descarado: ¡Qué alguien más pague la crisis! Y que pague pronto, porque acá en el Olimpo estaremos esperando nuestros salarios y nuestros pluses.

Si la Corte lleva rato en una espiral de decadencia no ha a sido por injerencias externas sobre su independencia. La caída de la Corte nace en el Olimpo.

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