1.
Sindicatos + Iglesia + Gobierno = nadito de perro
— Hoy se inicia el undécimo día de huelga. ¿Qué dejó el primer acercamiento entre sindicatos y Gobierno vía Iglesia Católica?
— El balance del Gobierno fue escueto, señalando que fue un encuentro preliminar y que continuarán conversando el día de hoy. Los Sindicatos por su parte señalaron que el primer encuentro se rompió a solicitud de los jerarcas del Gobierno —que pedían mejores condiciones— y que por eso las conversaciones no avanzaron mayor cosa.
— Mientras continúan los primeros encuentros para negociar eventuales conversaciones que permitan delimitar indicios de posibles acuerdos que den pie a preliminares soluciones el sector turismo —principal fuente de divisas en el país— no deja de sufrir pérdidas por los efectos de la huelga.
— Los ojos de muchos costarricenses empiezan entonces a voltear con impaciencia hacia los juzgados de trabajo pero el procedimiento para determinar si la huelga es legal o no parece que será cualquier cosa menos expedito... A ver Tiquicia, que tanto celebrás tu reforma procesal laboral: recordá que la huelga del Poder Judicial del año pasado fue declarada ilegal en primera instancia 3 semanas después de que se terminó y que a la fecha el fallo no se encuentra en firme por apelación del sindicato.
— A pesar de que existen 3 razones principales —que parecieran ser sencillas de comprobar— por las cuales la huelga podría ser declarada ilegal (no contar con la participación requerida de trabajadores, no haber cumplido con el procedimiento que establece el Código de Trabajo o realizarse en un servicio considerado esencial) el proceso de declaratoria de ilegalidad, aunque sea en primera instancia, podría durar varias semanas más.
— Además hay que recordar que mientras no se declare la ilegalidad de una huelga las instituciones no pueden tomar ningún tipo de sanción contra los trabajadores —eso sí lo hicimos bien—. Ahora bien, en caso de que se declare ilegal el patrono sí podría realizar la rebaja salarial a los empleados por los días de ausencia, pero al paso que se mueven los juzgados esas rebajas podrían eventualmente ejecutarse hasta algún momento del 2019.
— Los problemas que genera está situación, fueron reconocidos por el diputado y jefe de fracción del PLN, Carlos Ricardo Benavides, quien aseguró que promoverá una reforma al Código de Trabajo para que los procesos de declaratoria de la legalidad o ilegalidad de una huelga sean más ágiles.
Bonus Track: El sector educativo es de los que ha salido más afectados por la huelga. El MEP atrasó —a una fecha indefinida— los exámenes de bachillerato para colegios técnicos, lo que preocupa a los estudiantes. En la UCR se suspendió el examen de admisión que tenía programa para este sábado. Por cierto, en la UNA un grupo de estudiantes bloqueó la salida de los administrativos pues reclaman que les están tomando las ausencias mientras participan de la huelga, a pesar de que el rector de la institución les había dado permiso para tomar parte en el movimiento.
2.
Caso Las Olas: Costa Rica triunfa en arbitraje internacional
— El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) informó a Costa Rica que el Tribunal Arbitral del caso David Richard Aven et al c. Costa Rica (conocido como Las Olas) no solo absolvió al país sino que condenó a Richard & compañía —que pretendían más de 100 millones de dólares— a pagarle al país más de un millón de dólares por los costos del proceso.
— El arbitraje fue interpuesto por el grupo de inversionistas gringos en 2014 con amparo en el TLC. Los demandantes alegaban supuestas actuaciones arbitrarias del Estado luego de que se les suspendieron los permisos de viabilidad ambiental para un proyecto turístico de 39 ha ubicado en Esterillos.
— Costa Rica explicó que el permiso se retiró porque se detectó la afectación de diversos humedales y del bosque en el terreno a desarrollar. El tribunal dijo: “ciertamente, las obras realizadas por los demandantes afectaron dicho humedal, y por lo tanto ameritaban la reacción adoptada por el Gobierno de Costa Rica de conformidad con la legislación nacional, la cual es consistente con el derecho internacional”. Además, el tribunal tuvo por establecido que “las acciones adoptadas por la demandada no son arbitrarias ni incumplen las obligaciones en virtud del DR-CAFTA”.
— Lo más valioso del fallo no solo es evitar el pago de los $100 millones (oíme con este déficit...) sino que queda claro que el país —por lo menos en este caso— tiene un compromiso racional con el ambiente, sin pasarle por encima a la seguridad jurídica y respetando el Estado de Derecho. En palabras de Comex la resolución “confirma la calidad de Costa Rica como receptor de inversiones, honrando siempre los compromisos de brindar reglas claras que hemos contraído con nuestros socios internacionales en la atracción y protección de inversión extranjera”.
— Dyalá Jiménez, ministra de Comercio Exterior expresó que “este es un resultado muy positivo, fruto del trabajo tenaz y de excelencia de un equipo interdisciplinario liderado por COMEX que se pudo constituir gracias la defensa de la firma legal contratada, al esfuerzo de funcionarios de muchas instituciones del Estado, profesionales y peritos que, desde diferentes áreas, colaboraron para llevar a cabo la defensa de nuestro país en este proceso. Con esta resolución se confirma, que nuestro país está comprometido con un Estado de Derecho respetuoso de los derechos de nacionales y extranjeros, manteniendo nuestros estándares ambientales que siempre nos han caracterizado a nivel nacional e internacional”.
— COMEX trabajó la defensa del caso junto a la firma legal Herberth-Smith Freehills. La defensa también recibió el respaldo de funcionarios del MINAE, de la Procuraduría General de la República, del Poder Judicial, de la Municipalidad de Parrita, del Ministerio Público y de la Defensoría de los Habitantes así como de peritos expertos en diversas áreas como humedales, suelos, e ingeniería ambiental. Delfino.CR confirmó que la Iglesia Católica, a pesar de ser la pomada canaria para resolver toda crisis criolla, no formó parte del equipo de defensa de Costa Rica.
3.
Diputado Viales denuncia al ministro de Comunicación ante la PEP [Presentado por Barra de Prensa]
— Gustavo Viales (PLN) puso en aprietos al ministro de Comunicación, Juan Carlos Mendoza, tras presentar una denuncia ante la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) en su contra, alegando un posible conflicto de intereses porque Casa Presidencial contrató (y prorrogó) los servicios de una empresa de monitoreo de medios de comunicación, donde figura como propietaria la prima-hermana del jerarca.
— Ante el Plenario de la Asamblea, Viales acusó que la administración de Luis Guillermo Solís (primer contratante de la empresa COES Comunicaciones S.A. el 23 de noviembre de 2016) prorrogó el contrato hasta el 31 de agosto de 2018, a tan solo horas de pasarle el Gobierno a Carlos Alvarado, momento para el cual ya se sabía que Mendoza sería la cabeza de la cartera de Comunicación.
— Asimismo, denunció que durante la actual administración, el contrato se prorrogó durante dos meses más, por lo que Mendoza pudo haber incurrido en una falta al deber de probidad debido a que la fiscalización, administración y recibo a satisfacción de los servicios que brinda la empresa debe emitirlos la Dirección de Información y Comunicación de Casa Presidencial, sobre la cual él ejerce la jefatura inmediata y directa.
— El verdiblanco reprochó que Mendoza defendiera en la Comisión de Hacendarios, “con mucha vehemencia” ante las preguntas de dos diputados, una partida contenida en el plan de Presupuesto 2019 del Ministerio de Comunicación, superior a los 8 millones de colones y destinada al pago de “monitoreo de medios de comunicación”.
— Según se aprecia en el vídeo de la audiencia de ese día, Mendoza señala que el gasto es necesario porque de lo contrario tendrían que tener a todos los funcionarios del Ministerio de Comunicación monitoreando todas las emisoras de radio, televisión y redes sociales, para ver qué se dice de la acción gubernamental.
— Dado que eso era imposible y podría hasta salirles más caro, dijo que era necesario contratar a una empresa especializada que lo hiciera y ante la pregunta de si había compañías que hicieran ese trabajo respondió: “Lo hace una sola empresa”. “¿Cuál lo hace?”, preguntó la diputada Silvia Hernández del PLN: “COES Comunicaciones”, respondió el ministro.
— El inconveniente para Mendoza no es legal, porque el 6 de junio del 2018 preguntó a la Contraloría General de la República si tenía algún tipo de incompatibilidad o prohibición dado que la empresa es propiedad de su prima-hermana Rebeca Knohr Mendoza (cuarto grado de consanguinidad) y la institución le respondió el 17 de julio que no había ninguna, aunque debía respetar el deber de probidad consagrado en la ley.
— El problema podría más bien ser ético y moral porque a sabiendas de que el dato de que la empresa en cuestión, única que hace el trabajo que Presidencia está contratando, es propiedad de una familiar, obvió mencionarlo ante los diputados de la Comisión de Hacendarios.
— Casa Presidencial reaccionó rápidamente y tras señalar que la contratación inicialmente la hizo la administración Solís Rivera, dijo que solo hizo una prórroga de dos meses para poder ganar tiempo y sacar una nueva licitación abierta y pública donde pueda haber oferentes para ese servicio específico. La prórroga no la firmó Mendoza, sino su jefe de despacho, Alex Astorga Monge.
— Zapote también negó las acusaciones de Viales de que los documentos de los oferentes eran confidenciales, afirmando que los mismos podían ser consultados por cualquiera en el sitio web del SICOP. Sin embargo, el legislador mostró un pantallazo que demuestra que sí aparecían como secretos.
— Según una verificación que hizo Delfino.cr, durante la noche del miércoles en el SICOP los documentos presentados por la empresa podían ser consultados, sin embargo, la prueba de Viales subida a Twitter muestra sin lugar a dudas de que en un determinado momento eran confidenciales.
— La pelota le queda ahora a la Procuraduría de la Ética Pública, entidad que tanto ha criticado Liberación Nacional por su papel en la investigación contra el expresidente Luis Guillermo Solís por su papel en El Cementazo.
4.
Barra de Prensa
Además de la denuncia de Gustavo Viales al ministro de Comunicación, el jefe del PLN anunció que presentará una reforma para que los tribunales sean más rápidos a la hora de declarar si una huelga es legal o ilegal, porque la reforma procesal laboral terminó siendo, definitivamente, un fraude. Todos los detalles en Barra de Prensa (exclusivo para suscriptores de Delfino +).
5.
Barbas en Remojo
Hoy nos vemos a las 8 en Café para Tres. Les tendremos un programa muy, muy interesante, en versión XL. Podrán seguirlo en fb.com/delfinocrc. Entre otras cosas les voy a comentar por qué elegimos esta foto para la portada de hoy. Por lo pronto me daré gusto dejándolos alimentar todas las teorías de conspiración usuales.
6.
Palabras Prestadas
“Han estado publicando en las redes sociales, fuera de contexto, unas palabras mías respecto a las acciones ilegales de algunos huelguistas.
Estoy adonde mi hija Ana Elena en los Estados Unidos, pues ella necesitaba por unos días que atendiera a mis nietitos. Una amiga de ella estaba criticando lo que consideraba falta de acción del gobierno para impedir las acciones ilegales de los huelguistas, y de forma coloquial -como correspondía- le expresé mi posición a Pamela.
En resumen y más formalmente es la siguiente:
Los empleados públicos tienen derecho a la huelga legal y a manifestar sus posiciones y defender sus intereses. Eso nadie debe coartárselos.
Pero es claro que no tienen derecho a impedir el funcionamiento de los servicios públicos protegidos por la ley contra esa eventualidad, y la calificación de una huelga que afecte esas prestaciones esenciales para los habitantes deben darse en muy pocos días mediante un procedimiento sumarísimo. Tampoco tienen derecho los huelguistas a impedir las libertades y derechos de otras personas, como la libertad de libre circulación de ellas y de sus bienes. Menos tienen derecho alguno a la violencia contra la policía ni contra ninguna persona, ni pueden propiciar ni cobijar acción delictiva alguna.
Pero el uso de la fuerza por la policía, aunque sea legítimo, debe ser evitado al máximo para no herir apreciadas susceptibilidades de nosotros los costarricenses, que somos un pueblo de paz y nos disgusta profundamente el uso de la fuerza. Por eso las autoridades deben ser en extremo prudentes y solo recurrir a la fuerza en casos extremos.
Pero evidentemente deben las autoridades evitar los delitos que se estén cometiendo”.
– Miguel Ángel Rodríguez
“Sin pluses, hay salarios de ingreso al sector público q son de hambre, pero eso se corrige aumentando ese salario base, no poniéndole de muleta una anualidad que al ser porcentual incrementa más a quienes más tienen y dispara presupuestos”.
“¿Dónde está el vicepresidente sindicalista? Qué papel juega en este gobierno?”.
7.
Botonetas
— En Teclado Abierto seguimos discutiendo sobre la reforma fiscal, esta vez David Zumbado respondé al artículo publicado por Sofía Guillen.
— ¡Felicidades María Laura Bonilla Acosta! Joven farmacéutica de la UCR recibe premio internacional por estudio sobre medicación múltiple.
— Resulta que don Ottón Solís sí se animó a decir algo a pesar de que está en el BCIE. Pero... #HayTruco. Léanle con atención.
— Sony presentó su PlayStation Classic. Acepto donaciones.
— Escuchen: Hasta La Raiz |Mix| Matanza ▪ Gustavo Cerati ▪ Nicola Cruz ▪ Natalia Lafourcade ▪ Carla Valenti Late el corazón.
—Ayer me recordaron la genialidad de Tim Minchin. Disfruten. :)
