Parece que en Costa Rica el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) únicamente asoma la cabeza cada cuatro años y que el resto del tiempo es el Registro Civil, donde-saco-la-cédula.
No muchos pensarían que es una institución crucial para la cotidianidad del costarricense. Sin embargo, en la medida que legitima cualquier proceso electoral del país, resulta ser una institución verdaderamente cotidiana.
Países como Nicaragua, Venezuela, más al otro lado, Filipinas, etc., dejan claro que cuando un proceso electoral no queda validado por alguna institución estatal independiente, el gobierno entrante se enfrenta a la inestabilidad social-política-económica, por ende la vida diaria de los y las ciudadanas se altera.
La historia nos enseña que Costa Rica no ha quedado exenta de irrespetos electorales. De hecho el último de ellos, aparte de desencadenar la Guerra del 48, hizo que el constituyente del 49 diseñara una institución independiente para vigilar que los procesos electorales fuesen legítimos: el Tribunal Supremo de Elecciones.
“El modelo de organización electoral costarricense constituyó un hito en el derecho público latinoamericano, pues en términos prácticos el TSE adquirió la condición de cuarto Poder del Estado, equiparándose al Poder Legislativo, al Ejecutivo y al Judicial”, según indica el mismo Tribunal.
Aunque el TSE tiene cuatro funciones señaladas en el ordenamiento jurídico nacional, la más importante es el proceso electoral, el cual se rige por la Ley 8765, mejor conocida como el Código Electoral.
Este Código vigente, promulgado en 2009 (el anterior era de 1953 con importantes reformas en el 96), si bien, significó un gran avance en materia electoral —al incluir la paridad de género y algunas modificaciones en cuanto a financiamiento partidario— resulta insuficiente para garantizar procesos electorales en igualdad de condiciones entre los partidos en contienda y sobre todo deja sobre la mesa una pregunta tan incómoda como urgente: ¿es suficiente la normativa del 2009 para que los partidos se lo piensen dos veces antes de incumplir la ley? No pareciera.
Luego de la reciente carrera presidencial ha sido evidente que, ya sea por novato o por mal intencionado, el Partido Restauración Nacional se ha visto envuelto en actos supuestamente irregulares. Su caso resuena por lo “fresco”, pero dista de ser excepcional.
¿Hasta dónde puede el Tribunal actuar contra los partidos políticos que infrinjan el Código Electoral?, ¿Cuál es la reforma electoral más importante que está pendiente?
¿Qué hay en el entramado electoral que aún no hemos entendido?, ¿por qué la Asamblea Legislativa aún no debate prioritariamente las reformas electorales pendientes del 2009?, ¿Entendemos, la ciudadanía, cómo nos afecta el trabajo del Tribunal?
Esto y más es lo que Gustavo Román, asesor político y de comunicación del TSE, intenta responder.
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“Mi cargo es de asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones. Mi trabajo sobre todo pasa por una asesoría de comunicación para la presidencia del Tribunal, procurando ser un puente entre lo que está ocurriendo en el contexto político costarricense y el Tribunal propiamente dicho. Es decir, el Tribunal no como institución sino en el pleno de los magistrados.
Procuro informarlos de qué está ocurriendo y, procuro ayudar a que se entienda de manera más clara lo que ellos deciden. Porque son decisiones, que a diferencia de las que toman otros tribunales de la República, con un impacto social y político de interés general y es necesario que se entienda, y que quede muy claro, qué es lo que están decidiendo y qué es lo que no están decidiendo.
Eso hace que mi trabajo está orientado a facilitar la comunicación del Tribunal en las dos direcciones, desde la sociedad civil, del sistema de medios en general con el Tribunal y del Tribunal con la sociedad costarricense”.
Ahora, en cuanto a la lectura que a usted le corresponde hacer, ¿cómo impacta lo que hace el tribunal supremo de elecciones en la vida cotidiana de los costarricenses?
—Pues depende del ámbito, por el lado específicamente electoral, que es sin duda por lo que más se conoce el trabajo del Tribunal y que para mí es fundamental, el hecho de que podamos resolver el tema de quienes van a ejercer el poder político desde diferentes espacios de poder del Estado durante los próximos años, de la manera civilizada, transparente, auditada, vigilada [tiene repercusión directa].
Que se haga a través de un proceso electoral como el costarricense, que además es el quinto mejor del mundo después de los países nórdicos según el ranking de la Universidad de Sidney y de la Universidad de Harvard, repercute directamente en que, como sociedad, no nos matemos y en que el proceso no genere el trauma ni la violencia que puede generar en otras sociedades. También puede repercutir en el clima de negocios de un país.
Luego, está por ejemplo todo el trabajo de administración electoral, más allá de las elecciones, esto tiene que ver con la vida interna de los partidos políticos. En el mundo las democracias liberales y representativas son democracias de partidos, con todos los problemas qué podemos estar de acuerdo usted y yo que tienen, pero no se ha inventado otra cosa que los pueda reemplazar, entonces el trabajo con los partidos políticos es fundamental y el Tribunal lo acompaña.
Acompaña los conflictos internos que surgen en los partidos políticos, que son constantes, los procesos de renovación de estructuras, porque para que sean democráticos todas sus estructuras internas tienen que estar constantemente renovándose, y renovando según procedimientos democráticos, y el financiamiento partidario, que es por ejemplo lo que en este momento nos está ocupando.
Porque en este momento todos los partidos con derecho a contribución estatal están en proceso de liquidación de gastos. Digamos que eso es también relacionado con los procesos electorales, pero no con la organización de las elecciones.
Un tercer gran ámbito es el servicio registral civil. Uno de los aciertos más grandes del Constituyente de 1949 fue poner al Registro Civil no bajo la órbita del Ejecutivo, cómo era lo normal y como es en otros países, sino ponerlo bajo la jerarquía del Tribunal Supremo de Elecciones.
Todo lo que tiene que ver con los hechos vitales de las personas desde el nacimiento hasta la muerte, pasando por matrimonios, divorcios, procreación y ahora también con el cambio de nombre según la identidad de género autopercibida, eso es trabajo del TSE.
Y, una cosa que se me queda es también la adquisición de la nacionalidad todo el proceso de naturalización de extranjeros.
Gustavo es un ávido asesor político y de comunicación. Sus palabras son interpretadas como la voz misma del Tribunal Supremo, no es cualquier responsabilidad la que carga y, tampoco a cualquiera le darían esa responsabilidad.
Su tono es conciliador y su cautelosa intencionalidad al contestar me hacen pensar en varias cosas.
Primero en lo hermética que es la institución. El TSE no sirve en la mesa la confianza de poder solicitar una entrevista con su magistrado presidente, Luis Antonio Sobrado, y ser fácilmente atendida. Claro que esto es únicamente una percepción, pues nunca he solicitado tal entrevista.
Pero eso de que para acceder al sexto piso, donde trabajan los y las magistradas electorales haya un ascensor exclusivo para ellos, que incluso se activa con huella digital, es un poco a lo que me refiero.
Por otro lado, pienso en el efecto dominó del trabajo del TSE sobre el sistema político, y por ende en la sociedad. “(...) que podamos resolver el tema de quienes van a ejercer el poder político, desde diferentes espacios de poder del Estado durante los próximos años (...)”, esta frase de Román expresa más de lo que dice.
Si hacemos el ejercicio de analizar que, la labor de legitimar el proceso electoral incluye, si miramos a profundidad, legitimar también la designación de ministros y ministras, presidencias ejecutivas, porque los nombra el presidente (a) de la República, y a magistrados y magistradas; contraloras, defensores, porque los o las nombran el Congreso, etc., el ejercicio nos lleva a darnos cuenta que, más allá del proceso registral y electoral, el Tribunal incide, indirectamente claro, en nuestra cotidianidad.
FINANCIAMIENTO Y EQUIDAD
Hablemos sobre uno de los pilares que usted acaba de mencionar que es precisamente el financiamiento partidario, y una de las reformas pendientes. Para empezar, para quienes no saben cómo se financian los partidos políticos, ¿cómo se financian los partidos políticos?
—En Costa Rica tenemos un financiamiento mixto, esto significa que los partidos se financian con recursos privados, donaciones particulares que tienen que ser de personas nacionales —no pueden ser sociedades anónimas ni extranjeros— y con recursos públicos es decir recursos del Estado.
Ahora, a ese financiamiento público no todos los partidos políticos tienen acceso, solamente los que en alguna elección nacional alcancen al menos el 4% de los votos válidamente emitidos o bien, que elijan a algún diputado.
Es entre todos ellos se reparte la contribución del estado, ¿cuánto contribuye el estado a esos partidos políticos? La Constitución Establece que no más de un 0,19% del PIB del año tras-anterior a la elección.
Sin embargo, de años para acá los diputados han tomado la decisión de bajar ese tope del 0,19% a un 0.11%. Hecho eso, que por cierto está dentro de las propuestas de reforma de ley electoral por el TSE, se establece el tope.
Esta transferencia de dinero a los partidos políticos, ¿cómo está regulada?
—Es una transferencia directa de la Tesorería Nacional. El dinero no lo administra el Tribunal Supremo de Elecciones, ese dinero se queda y sale de la Tesorería, lo que pasa es que es el Tribunal quién dice cuánto monto es, respondiendo al tope constitucional, y una vez pasada la elección al Tribunal también le corresponde decir cuáles partidos políticos tienen derecho a la contribución estatal y a cuánto dinero tendrían acceso dichos partidos.
El tribunal no establece cuánto dinero se les dará específicamente a cada uno, pero sí a cuánto tiene derecho como máximo cada agrupación, no todos, repito, sino los que lograron el 4% o hayan elegido un diputado como mínimo.
Luego, cada partido inicia un proceso de liquidación de gastos, es decir, inicia el proceso de demostrar que a lo largo de la campaña electoral gastaron N cantidad de dinero para que se les reembolse.
Ahí, en este sistema, ¿dónde está la trampa?
—Vamos a ver... este [sistema] tiene consecuencias negativas, y para explicarlo debo remontarme al año 1991, porque nosotros teníamos un sistema de financiamiento de los partidos políticos que le daba el dinero al partido con base en los resultados de la elección anterior, por ejemplo, para que gaste en campaña electoral del 2021, de cara a las elecciones del 2022 a Acción Ciudadana se le entregaría el dinero con base en el resultado de las elecciones del 2018.
Entonces, en 1991 la Sala Constitucional en el 91 dijo que ese mecanismo era inconstitucional, porque al atar, al vincular el financiamiento partidario el resultado de la lección anterior petrificaba las opciones partidarias ahora existentes, ¿me explico?, el financiamiento tenía que ser, no con base en el resultado de una elección anterior sino, con base en la elección actual.
Eso suena muy bien, ¿cuál es el problema entonces?
—El problema es que deja a los partidos sin financiamiento en el momento en el que necesitan el dinero. Porque, con todo lo rigurosa que es la liquidación de gastos, los recursos se entregan no antes de 6 meses después de la elección, y cuando más necesitan el dinero los partidos es durante la campaña.
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Dice Gustavo que la salida para solventar esto ha sido, en un pequeño porcentaje, el financiamiento anticipado. Los partidos tienen derecho a un 15% del total para financiarse anticipadamente.
Ahora, como en principio no sabemos si al final del proceso a ese partido le corresponderá financiamiento público, para que el Tribunal autorice a la Tesorería Nacional a girar dinero, requiere y exige garantías líquidas. Básicamente, como decía Villalta la semana pasada, lo que los partidos hacen es hipotecar y no todos los partidos pueden hacerlo. Además, es poco atractivo, interpreto de las palabras de Gustavo, porque el adelanto es únicamente del 15%.
En el Código Electoral que se aprobó en 2009, que es un proyecto del TSE, se había incluido que el anticipo fuera de un 50%.
¿Igualmente solicitando garantías líquidas?, le consulto al asesor.
—Sí porque es dinero público, y si al final el partido no va a obtener derecho a esa contribución del Estado por un mal desempeño electoral, debemos tener herramientas para recuperar ese dinero, por tanto, se requieren las garantías líquidas.
Aún así los partidos recurren poco a esto pomada, a lo que más recurren es a lo que popularmente se le conoce como los bonos.
¿Cuál es la posición del tribunal al respecto de los bonos? Porque se sabe que los bancos ofrecen comprar dichos bonos basados en lo que sale en las encuestas. Y, las encuestas se ven como herramientas poco confiables hoy en día... Entonces, la lógica de que el Tribunal quiere garantizar un proceso horizontal y democrático para todos los partidos no necesariamente se cumple, porque no todos tienen garantías líquidas, no todos pueden hipotecar ¿queda este financiamiento en manos de los que más tienen?
—Los bonos son papel, no valen nada en sí mismos. Los partidos los colocan como una expectativa de cara a la posibilidad de obtener financiamiento estatal, quienes reciben esos bonos son personas físicas nacionales… medios de comunicación, es decir, cualquier medio puede recibir, como pago por 20 cuñas de cualquier partido, tanta cantidad de bonos; también los pueden recibir los bancos como garantía de créditos otorgados a esos partidos políticos.
Como la idea es hacerlos atractivos, los bonos se pueden ofrecer con un descuento. Porque quienes los compran están asumiendo un riesgo, porque no se sabe si al final a ese partido le va a ir como un quebrado en la elección, y no pueda pagar el crédito...
¿Cómo funciona lo del "descuento"?
—Por ejemplo un bono que cuesta $100.000 lo compro en 50,000. Es decir, lo que doy [se presta] al partido son 50,000, pero si al final el partido tiene derecho a los 100 mil, se cobran los 100 mil.
De este mecanismo usted se podrá encontrar, no una sino, muchas declaraciones del presidente de este Tribunal, desde hace muchos años, advirtiendo este es un mecanismo perverso. Perverso.
Primero, porque el problema que no está saldado es el de inequidad en la contienda, y ya usted lo apuntó, uno de los criterios que se utiliza en el sistema bancario nacional para decidir si le reciben a los partidos políticos los bonos es la posición que tienen en las encuestas. También utilizan otros criterios pero el criterio fundamental es la posición en las encuestas.
Es también un criterio que utilizan los medios de comunicación para decidir si invitan o no a un candidato a sus debates. ¿Cuál es la consecuencia de esto? La especulación.
Ya las encuestas, que son herramientas demoscópicas valiosas en todas las democracias, en algunos casos hechas con rigor científico en otros casos no, pero aún las realizadas con rigor científico, no pronostican el resultado, sobre todo frente a electorados tan volátiles.
Recordemos que los eventos que ocurren a lo largo de la campaña pueden incidir en el curso de la contienda. El pronunciamiento de una Corte Internacional puede incidir en el hecho de que dos candidatos que ni siquiera aparecían en las encuestas terminen en segunda ronda. Pueden incidir las declaraciones de un líder religioso vinculado a uno de los candidatos. Es decir, pueden ocurrir muchas cosas que le cambien a usted sus expectativas de cuál sería ese resultado.
Lea también: el TSE no decide si a un partido “se le permite” o no “seguir en campaña”.
Todo esto, para decir que ni siquiera las encuestas científicamente rigurosas anticipan con seguridad cuál será resultado. Esto es positivo porque en los procesos electorales verdaderamente democráticos existe una verdad máxima: reglas ciertas, resultados inciertos.
Añade Gustavo que el TSE ha pedido la supresión de los bonos y el adelanto del 50%. Sin embargo, los partidos optaron por rechazar ambas propuestas.
Entonces, ¿cuáles son las modificaciones urgentes?
—¿Qué es lo que nos han dicho las misiones internacionales que observan nuestras elecciones? Miren, los felicitamos, sus procesos de elecciones son impecables, aquí se viene a aprender más que observar... Pero tiene un déficit importante en equidad en la contienda”.
¿A qué nivel?
—Sobre todo en el acceso a los medios de comunicación. Si usted tiene una competencia con 13 o 14 candidaturas y en el proceso sólo se visibilizan 3 o 4, ese proceso electoral está fallando en mostrarle a la ciudadanía todo el menú de opciones.
Y por un principio básico de derecho a la información la gente tiene derecho a conocer todas las opciones que hay.
¿Desde hace cuánto tiempo ha planteado el tribunal la discusión de las franjas electorales?
—Desde la propuesta de 2001 ya hay algo parecido a las franjas electorales.
Pero, ¿parecido es igual o qué es?
—Es que las franjas no son iguales en todo el mundo por eso dudo al decirle si las llamaría franjas o no.
¿Qué es lo que plantearon?
—La [propuesta] del 2001 en este momento no la preciso. La del 2013, que luego se replica con algún matiz en 2015, consiste en entregarle a todos los partidos políticos una franja horaria en radio y en televisión, en pie de absoluta igualdad, para visibilizar sus propuestas.
En esa propuesta se establecía que ese espacio fuera cedido gratuitamente por los medios de comunicación como una contraprestación a la democracia, frente al uso que hacen del espectro radioeléctrico del Estado, por el que básicamente no pagan nada y qué es un bien público.
Ajá...
La reacción fue virulenta. La reacción fue muy seria. Un periódico importante de este país básicamente editorializó que la acción del Tribunal era de corte chavista, CANARA hizo una editorial de casi 16 minutos en contra de la propuesta, incluso se solicitó que se iniciaran procedimientos sancionatorios contra los dos funcionarios del TSE que se encargaron de ir a los diferentes medios de comunicación hablar a favor de la propuesta.
Del periódico, ¿estamos hablando de La Nación?
—Sí. Aun así la propuesta [de reformas pendientes] no incluía únicamente eso, esa era la parte estrella de la propuesta, pero también incluía a mayor equidad en la contienda.
Por ejemplo, exoneración del impuesto de la renta a pequeños contribuyentes de los partidos políticos, esto dentro de la filosofía de que queremos partidos políticos financiados por muchos pequeños contribuyentes y no por pocos grandes contribuyentes, etc.
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Otras de las propuestas que Gustavo Román me cuenta que el TSE hizo ante la Asamblea Legislativa fue que, en lugar de que los partidos políticos tengan que publicar sus estados financieros en medios de comunicación nacional —con el costo que ello conlleva— se publicaran sin costo en el sitio web del Tribunal, propuesta que tampoco fue aprobada por los legisladores... ?
Luego de un breve suspiro, el funcionario electoral señala que ante estos escenarios de inequidad financiera, mediática y de contienda partidaria, el Tribunal lo único que puede hacer es aplicar estrictamente aquello para lo que está explícitamente autorizado.
"Eso tiene un nombre y se llama principio de legalidad. Los particulares, entre ellos los candidatos, pueden hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido", dice.
Entonces por ejemplo, recuerdo que en el caso específico de Fabricio Alvarado cuando se refirió a que había alguna desconfianza en cuanto a la función del tribunal, ¿el Tribunal no puede hacer nada al respecto de esas manifestaciones?
—El tribunal puede hacer específicamente lo que hicimos. En el momento en el que cualquier candidato o actor en general expresara cualquier tipo de duda el Tribunal salió a ofrecer información veraz y verificable que llevara tranquilidad a la ciudadanía.
Después de la elección hubo algunas vocerías que manifestaron que había habido fraude y que se habían adulterado cuestiones de las mesas electorales, ¿que hicimos? Lo primero que hicimos fue un video, una cosa casera y rápida, explicando lo que había ocurrido.
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Ante la irracionalidad emocional que aflora durante las campañas electorales, factor con el que se deberá aprender a lidiar de ahora en adelante, menciona Gustavo Román que, ambos lados de la campaña solicitaron acciones no solo inexistentes sino ilegales, como sacar de la contienda al Partido Restauración Nacional y, por el otro, exigir que el ex presidente Luis Guillermo Solís, no inaugurara obras durante el proceso electoral.
Las conclusiones de Román son que, en cuanto a la transparencia financiera que exige el Código Electoral nuestro sistema es robusto, no así en materia de equidad ni en el tema de bonos de financiamiento.
ENCUESTAS
“Hay mucha preocupación con el tema de las encuestas. Para el Tribunal las encuestas no son el horizonte. La preocupación no es regular las encuestas, la preocupación del Tribunal es cortar la relación entre las encuestas y el financiamiento partidario”, señala Gustavo.
Y en el caso de que esto no sea tan sencillo de aprobar en el Congreso, ¿tiene el Tribunal alguna manera de regular a las casas encuestadoras?, es decir, que no solamente tengan que inscribirse...
—Lo que existe en nuestra legislación actual es un requisito de inscripción y una veda temporal, que es tres días antes de la elección y el propio día de la elección.
El requisito de inscripción nos garantiza que esa empresa tienen la capacidad de hacer estudios demoscópicos serios, no así la fiabilidad de los estudios que efectivamente haga, no sé si me doy a entender.
¿Qué es lo que ha optado el Tribunal Supremo Elecciones? como medida reglamentaria, porque aunque no podemos dictar leyes podemos hacer reglamentos, la obligatoriedad de que las empresas encuestadoras nos envíen las fichas técnicas de las encuestas que salen publicadas en los medios de comunicación.
Porque esta es otra cosa que a veces no queda clara, las empresas encuestadoras se inscriben para que puedan publicar sus encuestas en medios de comunicación, es decir, cualquier empresa puede realizar una encuesta electoral sin inscribirse ante el Tribunal y pueden ser usadas para venderlas a los partidos políticos, para fines académicos, etc.
Y, además de que se inscriban ante el Tribunal, existe la obligatoriedad de que guarden durante los 6 meses posteriores a la campaña los recursos que utilizaron para elaborar los estudios de opinión, frente a la posibilidad de que se presenten denuncias.
Por ejemplo, usted no me va a creer lo que le voy a decir pero, a pesar de la resonancia mediática que tuvieron en su momento los estudios de opinión de Opol, nosotros no recibimos ninguna denuncia contra la fiabilidad de esos estudios.
¿Está el TSE interesado en solicitar otro tipo de regulación a las casas encuestadoras?
—El tribunal se planteó como objetivo, en el segundo semestre de este año, entrar en un proceso de reflexión y de análisis de lo ocurrido en las elecciones anteriores, que tiene que ver con la evaluación y mejoramiento del proceso electoral a lo interno de la institución.
Esto que usted propone es de carácter más político y se podría entrar a discutir propuestas que tengan que ver más con algún tipo de reforma, que podría ser desde algo pequeño como una reforma reglamentaria implementada por el Tribunal, hasta propuestas de reforma constitucional, eso dependerá de las consideraciones que se tomen en cuenta.
En este proceso podría entrar el tema de las encuestas pero no le podría decir que sí o que no. Lo que sí le puedo decir es que la preocupación del Tribunal desde hace algunos años y en este momento es la equidad en la contienda y que, en este tema las encuestas juegan un papel secundario, en la medida que lo que queremos es desvincularlas del financiamiento de los partidos políticos.
Bueno, pero desde el sentido común las encuestas no juegan un papel secundario puesto que en este momento la realidad es que sí están vinculadas, es decir, hasta que no se desvincule no podría pasar a ser un tema secundario...
—Cuando digo secundario no quiere decir menos importante, lo que quiero decir es que, el objetivo de la reforma no es, al menos en la intención política del Tribunal, tener mejores encuestas sino tener procesos electorales más equitativos.
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Luego de una larga, pero provechosa, conversación con Gustavo Román, queda señalada la transversal y urgente reforma electoral más importante del momento: equidad en la contienda.
Tal reforma tiene dos filos, el partidario y el ciudadano. Por el lado del partidario, este se traduce en la equidad en cuanto al financiamiento político y por el lado ciudadano respecta a la equidad para que los ciudadanos podamos informarnos mejor y más oportunamente: las franjas electorales.
Mientras, el Tribunal en su posición salomónica, a veces, parece una institución estática ante eventos graves, como el cuestionamiento público sobre su imparcialidad como máximo órgano electoral durante las últimas elecciones o las irregularidades financieras de algunos partidos políticos.
Al mismo tiempo, el TSE se blinda completamente alegando que, el monopolio en materia penal es exclusivo del Poder Judicial y que bajo el ordenamiento jurídico nacional, el TSE hace únicamente lo que explícitamente se le permite.
Ante este escenario, tampoco se puede obviar, lo que a mi parecer, es la complicidad de algunos medios de comunicación y algunos y algunas legisladores que no han dado al tema electoral el eco necesario en el Congreso.
Así las cosas, tal parece que, otra vez, esta será una “bronca” que la ciudadanía tendrá que comerse. ¿Empezamos?
