Los diputados tuvieron una jornada bastante tranquila en Cuesta de Moras, a pesar de que el segundo día de huelga indefinida convocada por los sindicatos concluyó, nuevamente, ante el Primer Poder de la República.
La mayor parte de la sesión del Plenario se fue en recesos mientras se negociaba lo que sería el trabajo de la tarde, el cual finalmente desencadenó en la aprobación de dos nuevos proyectos de ley en segundo debate.
El primero de ellos declara el 27 de febrero como Día Nacional de los Héroes de la Guerra de Coto, mientras que el otro es la Ley Orgánica del Colegio Profesional de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.
Este martes el sistema de voto electrónico no le dio inconveniente a los diputados, por lo que pudieron aprobar estas iniciativas haciendo uso de él.
Sala Constitucional ¿y el voto para cuando?
Los diputados José María Villalta (FA), Nielsen Pérez (PAC) y Shirley Díaz (PUSC) protestaron en el Plenario porque la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sigue sin notificar su opinión sobre el expediente 19.010.
Se trata de la iniciativa que pretende garantizar la paridad horizontal en todas las nóminas de los partidos políticos, de cara a procesos electorales municipales y nacionales.
Aunque la consulta fue planteada desde el 22 de junio del 2017, a la fecha el Congreso no ha recibido notificación de ninguna resolución en la que se deje resuelta la interrogante de si el proyecto es conforme al Derecho de la Constitución, o no.
Para José María Villalta, el tiempo que ha transcurrido es excesivo y violenta la Ley de la Jurisdicción Constitucional en su artículo 101, el cual dispone:
Artículo 101. La Sala evacuará la consulta dentro del mes siguiente a su recibo, y, al hacerlo, dictaminará sobre los aspectos y motivos consultados o sobre cualesquiera otros que considere relevantes desde el punto de vista constitucional.
El dictamen de la Sala sólo será vinculante en cuanto establezca la existencia de trámites inconstitucionales del proyecto consultado.
En todo caso, el dictamen no precluye la posibilidad de que posteriormente la norma o normas cuestionadas puedan ser impugnadas por las vías de control de constitucionalidad.
Uber a 30 días de espera ¿o no?
Los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos habían acordado con los taxistas congelar durante 30 días el trámite de los proyectos de ley que pretenden traer seguridad jurídica a las miles de personas que trabajan con Uber, para darle tiempo al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) de presentar un nuevo proyecto que regule el tema.
Pues bien... los taxistas anunciaron que ese acuerdo se rompía porque Pablo Heriberto Abarca, representante del PUSC en esa comisión, recibió en su despacho a representantes de Uber. Por ende, hicieron un llamado a sumarse a la huelga de este miércoles en San José.
A los rojos hay que aclararles varias cosas: en primer término, los proyectos que pretendían fueran "retirados" no son del Poder Ejecutivo ni de los actuales diputados, por lo que no pueden ser sacados de la corriente legislativa; en segundo lugar, no estamos en periodo de sesiones extraordinarias, así que el Gobierno no puede sacar esos proyectos de la agenda de los diputados; y, en tercer lugar, es muy poco probable que la Asamblea vaya a aprobar una ley con sus exigencias.
Prohibir Uber e "indemnizar a los taxistas que se han visto afectados" desde la entrada en funcionamiento de la empresa no es algo que se vea remotamente cerca en el Congreso, especialmente porque la plataforma la usan hoy más de 22 mil personas, que esperan seguridad jurídica para su fuente de ingresos.










