Hace calor. Bueno, no tanto como en la Corte Suprema de Justicia. Aun así en la mesa ofrecí un café o un vaso con agua al exmagistrado José Manuel Arroyo. Muy honestamente, y sin que signifique cosa del otro mundo, me dijo que con ese calor él hasta se podría pedir una cerveza, discretamente esperó por mi reacción.
Naturalmente no tuve inconveniente. Yo por mi parte pedí un refresco natural. De fondo suena el mítico disco Wish You Were Here de Pink Floyd y mientras a la mesa llegan nuestras bebidas, le expongo al ex alto juez de la República que mi interés es conocer su punto de vista sobre la posible procedencia del descalabro de la máxima Corte.
A la vez, le consulto cómo él siendo ex vicepresidente de esa misma Corte nunca expuso las irregularidades que ahora señala en la prensa. ¿Cómo es que nunca antes se escalaron estas situaciones? Si hay algo claro hoy día es que nuevas no son.
Shine on your crazy poder
Dejando lo político de lado, ¿cómo podríamos entender lo que ha sucedido en la Corte?
—Es difícil explicarlo sin entrar en el tema político. En primer lugar quiero decir que el Poder Judicial de Costa Rica ha sido un Poder Judicial con prestigio, tanto a nivel interno [en el país] como a nivel internacional.
La democracia costarricense tiene sus ventajas, una de ellas es un Poder Judicial respetado, en muchos sentidos líder en la región. Jueces y funcionarios del Poder Judicial costarricense durante mucho tiempo han sido capacitadores en escuelas judiciales de la región. Y sobre todo, después de los 80s con la pacificación de Centroamérica y con el renacer de la democracia en la región, siempre se tuvo a Costa Rica como referente de un Poder Judicial fuerte, independiente, bien financiado, con carrera judicial para los jueces, con salarios competitivos, y con un sistema de pensiones adecuado para que después de cumplir con la carrera judicial tener ciertas seguridades en la vejez. Ese es el esquema general.
Yo pienso que, desgraciadamente, se empezó a perder el norte desde hace mas o menos 20 años. Se empezó a perder el norte porque empezaron a ocurrir cosas de interés para ciertos sectores políticos que tenían en la Corte Suprema de Justicia momentos decisorios y trascendentes.
¿Cómo cuáles?
—Yo siempre he mencionado dos que me parecen de los más relevantes: el tema de la reelección presidencial [Óscar Arias] y el tema de los juicios contra los expresidentes de la República, los que se hicieron, Miguel Ángel Rodríguez y Rafael Ángel Calderón, y el que no se pudo hacer, José María Figueres.
Pienso que a partir de ahí la clase política de este país se equivocó estratégicamente en el sentido de querer mandar a gente con encomiendas, sobre todo a la Sala Constitucional y a la Sala Penal. Porque se dieron cuenta de que ahí se decidían cosas importantes en última instancia.
Con lo de [encomiendas a] la Sala Constitucional ¿se refiere a lo de la reelección presidencial?
—Sí, y a otro montón de asuntos de mucha trascendencia política, como fue la agenda complementaria del Tratado de Libre Comercio y de cómo toda esa legislación que tenía que interpretar normas constitucionales y emitir leyes de aplicación en última instancia se definían en la Sala Constitucional.
Entonces a partir de ahí, le repito, la clase política se equivoca en promover magistradas y magistrados ideológicamente afines. El corolario [la evidencia] de esta tendencia es la manifestación de un diputado que dijo [parafrasea] 'nosotros necesitamos magistrados que propicien un clima de negocios', es decir, atando al cargo de una propuesta económica a la Corte Suprema de Justicia.
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Si usted revisa con qué criterios se han nombrado defensores de los habitantes o contralores generales de la República, eso viene calentando muy fuertemente en los últimos 20 años, ¿qué le digo con esto? bueno que, ha habido una apuesta equivocada por tener algunos, no digo que todos, pero los suficientes amigos en la Corte Suprema de Justicia para propósitos más allá de lo que es la estricta aplicación del derecho y de la ley en temas de justicia. Eso le ha hecho muchísimo daño al Poder Judicial.
Hablemos de las reestructuraciones de fondo que necesitaría el Poder Judicial. De estos 20 años para acá, ¿cuáles diría usted que son las más urgentes?
—Vea, hay muchas y le voy a decir una advertencia preliminar: tal vez el frío no está en las cobijas. Tal vez el frío no está en los sistemas, en la estructura institucional. Tal vez el problema está en las personas y en los compromisos indebidos que puedan adquirir para poder llegar a ocupar un puesto jerárquico.
Dicha esta advertencia. por supuesto que la experiencia nos enseña que se deben corregir algunas cosas. Lo primero que hay que hacer es deslindar la función jurisdiccional de la función administrativa y de gobierno del Poder Judicial.
El modelo costarricense es un modelo que viene de Napoleón Bonaparte, del Siglo XIX, con una cúpula que concentra las decisiones de más alta jerarquía jurisdiccionales y a la vez es un órgano que administra y gobierna. Después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa y en las democracias nacidas de aquella hecatombe se procuró deslindar esos campos, de manera que una cosa son los tribunales superiores y otra cosa un órgano especializado en el gobierno y administración del Poder Judicial.
¿Qué significa administrar y gobernar el Poder Judicial?
—Significa, desde diseñar los presupuestos con las prioridades correspondientes, vigilar la ejecución de ese presupuesto, vigilar si, efectivamente, los recursos van dirigidos a lo que las prioridades institucionales fijaron.
Es que esto es un gran poder [el de administrar y gobernar], es más, yo le diría es EL poder. Porque cuando usted [la cúpula] define cuánto se va a gastar, en qué se va a gastar y cómo se va a gastar, pues tiene un enorme poder.
Entonces, ahora tenemos jueces que no son administradores, que no son economistas, que nunca en su vida han gerenciado nada decidiendo todo lo relacionado a la administración [del Poder Judicial]. La cuestión presupuestaria puede quedar en manos de un ente, de un consejo de administración que sea el que diseñe y el que vigile la ejecución y el que determine lo importante.
Otra cosa que tiene que dejar de hacer la Corte Suprema de Justicia es nombrar gente. Para eso se necesita un consejo de la judicatura que podría ser el mismo consejo administrativo ampliado con esa función, o podría ser un tercer órgano especializado que administre la carrera judicial, que saque los concursos y que por antecedentes y experiencia la gente acceda a un puesto o a un ascenso.
Otra gran tarea que debe quitársele a la Corte es la disciplinaria, que es la que ahora nos tiene con estos dolores de cabeza. Es decir, debería haber un tribunal constituido de jueces que pueda juzgar a otros jueces en general, y discutamos si también a la Corte Suprema de Justicia. Porque secuela de lo que está pasando es que la Corte no haya hecho un buen uso de la confianza que el Constituyente le depositó de disciplinar a sus propios integrantes, la misma Corte...
***
Estamos viendo que en efecto, el esquema descrito por Arroyo, tiene sus debilidades.
Según la Ley Orgánica del Poder Judicial le corresponde a la Corte Suprema de Justicia aplicar el régimen disciplinario entre pares, es decir, entre los mismos magistrados se sancionan, lo que en un supuesto de apego absoluto al espíritu de la ley no sería un problema, sin embargo, nos hemos damos cuenta de que aunque se quiera rectificar, el plato ya se rompió.
Artículo 59.- Corresponde a la Corte Suprema de Justicia:
[...] 12.- Ejercer el régimen disciplinario sobre sus propios miembros y los del Consejo Superior del Poder Judicial, en la forma dispuesta en esta Ley.
Entonces la confianza que se plasmó en la ley para que entre magistrados y magistradas se disciplinen entre sí ya está rota. ¿Qué hacemos? ¡A cambiar la ley se ha dicho! Al menos eso dicen los expertos... (No se pierdan la entrevista de la otra semana con el Foro de Justicia).
Usted me dice que este problema viene desde hace 20 años, pero usted se pensionó hace dos años. ¿Qué hizo usted durante su paso por la Corte para contrarrestarlo?
—Bueno, vea, yo entré en el 2001 y en el 2002 ya estaba conformando, junto con el entonces presidente, don Luis Paulino Mora, y don Orlando Aguirre [actual magistrado de la Sala Segunda], una comisión que trabajó constante e incesantemente durante ocho años, hasta decirle a la Corte “mire aquí están las reformas que hemos discutido hasta la saciedad entre nosotros y con todos los sectores del Poder Judicial”. Dígame, ¿qué caso le hicieron? Ninguno.
¿Esas reformas dónde están planteadas?
—Ahí están, en un documento. Yo se lo envío. El punto es que en realidad no se ha querido... no se ha tenido la voluntad política por parte de la Corte de hacer los cambios que en su momento señaló la comisión. Ahora habrá que profundizarlos pero en su momento fueron planteados y tenían que ver precisamente con estas cosas, con quitarle a la Corte una gran cantidad de tareas y especializar a órganos diferenciados para asumir las tareas que la Corte no puede seguir teniendo en sus manos.
Entonces, ahora se está hablando más claramente de que la Corte no se quede con nada de gobierno y administración, sino que la Corte Suprema de Justicia sean tribunales del más alto nivel, dedicados solo a juzgar y que conformemos un nuevo órgano constitucional que pueda encargarse del gobierno y la administración del Poder Judicial.
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¿Por qué cree que estas reformas no se han querido dar?
—Porque significa perder poder. Siempre lo he dicho caricaturescamente, darle trabajo a alguien, darle un puesto a alguien a usted se lo agradecen por generaciones enteras, y a ese poder es muy difícil de renunciar.
El poder de decir “nombro a este y no a esta”, en general, ese poder la gente (nombrada) lo aprecia mucho.
Wish you were un político que no vuelve a ver para otro lado
Si usted tuviera que sentar responsabilidades, de que estas reformas nunca se hayan acogido, ¿a quién o quienes señalaría?
—Mire, esto es una responsabilidad de una gran mayoría de la Corte. Por A o por Z, nunca quisieron poner[las] a discusión, claro ahora están corriendo y están desempolvando lo que se hizo en su momento, pero yo no creo que el país vaya a creer que la Corte, esta Corte, aunque amputara lo que está mal, aunque hubo 12 justos que quisieron sancionar como más grave... aunque hay [en la Corte] gente que yo respeto... lo cierto es que esto ya es un tema país, y me parece que será la Asamblea Legislativa la que tenga la última palabra, con el GRAN riesgo de que los políticos manoseen la justicia.
Pero si usted revisa las actas, desde el primer día dijimos “vean compañeros y compañeras este movimiento de reforma del Poder Judicial es para que después los políticos no nos vengan a imponer lo que quieran hacer con el Poder Judicial”.
Pero entonces, ¿usted cree que los magistrados de la Corte pensaron que eran super-poderosos y que ningún político les iba a imponer una línea?
—Es una manera de decirlo. Porque sí confiaron en que como algunos tenían amistades entre los políticos de un lado, y diputados de otro… probablemente creyeron que nunca iba a pasar lo que está pasando; con el agravante de que un juez no puede ser amigo, amigo de tragos ni de fiestas, de un político, porque en cualquier momento le toca juzgarlo.
Pero vamos a ver, ¿usted cree que ellos nunca pensaron que iba a salir a la luz pública que hubo prueba suficiente para no desestimar la causa? Es que parece que es algo muy obvio…
—Vea, quiero pensar bien. A pesar de que yo tengo muchas razones subjetivas, como que fui políticamente acosado en la Sala Tercera [por Celso Gamboa] hasta que me sacaron de presidente, y políticamente acosado como vicepresidente de la Corte, yo creo que la explicación está en una manera ligera de ver cosas y en la complacencia con el poder y una [manera de ver el poder] muy severa y despiadada contra el pobre imputado o imputada “de pata en el suelo”. Es una cuestión ideológica donde el principio de igualdad se desconoce.
Y tampoco tienen claro el papel de un juez del más alto nivel, entonces llegan a ejercer el poder con una incultura, porque piensan que llegar a magistrado o magistrada es tocar el cielo con las manos, tener un buen sueld, y tener carro y chofer y asistentes y letrados… y todo lo que usted se pueda imaginar, los vuelve inmunes al error… y bueno, a las acciones incorrectas.
Se dice que el funcionario judicial debe tener cierto divorcio con la parte política, pero aquí parece que precisamente por la incompetencia de la lectura de lo político se incurrió en un error que se pagó muy caro. En ese sentido, ¿cómo diría usted que están preparados los funcionarios judiciales en esta lectura?
—Aquí hay que hacer una distinción entre el grueso de los funcionarios judiciales, de los jueces incluso nivel 5, y la cúpula. Ciertamente, para llegar a magistrado hay que tener apoyo político, pero una cosa es buscar ese apoyo legítimamente y otra cosa es venderle el alma al diablo.
El constituyente del 49 quiso reforzar la condición de juez, donde no solo le dio un periodo muy largo [de ejercicio de magistratura], incluso gente como Rodrigo Facio abogó por el sistema norteamericano [vitalicio], pero ese modelo se ponderó aquí con dos medidas: ejercer por ocho años, que son bastantes años, y reelección indefinida. Y solo si una mayoría calificada de diputados está en contra de la reelección no se reeligen, cosa que nunca ha llegado a pasar en Costa Rica, como tampoco se había destituido a un magistrado, hasta el caso de Celso Gamboa.
Entonces vea usted que tenemos un sistema razonable, el problema son las personas. El problema es cuando los diputados no se dan cuenta que hay que nombrar gente independiente, lo suficientemente formada y respetable que diga que no cuando haya que decir que no. Cuando eso no ocurre, usted puede diseñar el sistema más perfecto de elección de magistrados, pero si estas cosas no están sentadas en las personas, entonces el sistema va a fallar.
Bueno, entonces qué complicado… la gente.
—Que estas experiencias no pasen en vano. Aunque me entierren en cajita blanca, yo le diría a los diputados y diputadas actuales que vean las consecuencias de nombrar amigos, de nombrar a gente incondicional a uno, o gente que solo piensa como uno… vean las consecuencias de eso.
La democracia republicana debe integrar diferentes maneras de ser y de pensar y más en un tribunal de jueces. Porque si no empiezan a haber sesgos, desviaciones que terminan en las crisis que estamos padeciendo hoy día.
Ahora que sucedió lo de la jubilación del expresidente de la Corte, Carlos Chinchilla, y lo del ex fiscal general, Jorge Chavarría… que fácil encuentran irse, ¿qué hacemos el resto de costarricenses al respecto?
—Respecto a sus derechos laborales, difícilmente algo se pueda hacer, puede que pierdan algunas prestaciones, pero el derecho a la pensión es un derecho que no puede burlárseles.
Lo que el resto podemos hacer es intentar no cometer los mismos errores, aún así nunca estaremos vacunados. Yo conocí a un Jorge Chavarría digno de todo mi respeto y confianza y a otro Jorge Chavarría cuando tuvo el poder de jefe del Ministerio Público, dos personas absolutamente distintas. Y aquí corre aquello de que “si quieres conocer a una persona dale poder”. Nadie sabe quién es quién hasta que tiene poder.
Sí, pero bajo ese razonamiento, siempre habrá un riesgo muy alto al nombrar a alguien…
—Es muy alto, por eso hay que ser muy cuidadoso [al nombrar], ver quién fue tal persona como juez o como jueza, qué ha resuelto, qué consideración tiene ese o esa candidata a magistrada entre sus pares.
¿Cree usted que los diputados llegan a saber qué piensan otros compañeros o compañeras de esa persona candidata a una magistratura?
—Nunca lo llegan a saber, ni les ha interesado en muchos casos.
Apuntes subjetivos de libreta
Al editar la entrevista y con el paso de las semanas, el exmagistrado no me contactó, como dijo que lo haría luego de un par de insistencias mías, para entregarme copia de las reformas propuestas durante su paso por la Corte. Según él, estas propuestas solo las tiene en papel, se disculpó por no tenerlas en digital, “perdone-mis-limitaciones-tecnológicas”.
Aunque no pude leer personalmente las propuestas hechas por la Comisión de Reforma Judicial que él coordinó, hurgando un poco en Internet pude encontrar algunos destellos de las reformas señaladas.
Según el Observatorio Judicial, del Poder Judicial, dicha Comisión, entregó en 2005 un informe titulado “Acuerdos sobre Reforma Judicial”, señala el texto que durante tres años participaron más de 500 empleados judiciales en “talleres”, de los cuales salieron, entre otras, las siguientes recomendaciones:
- Deslinde claro de la Corte Suprema como órgano de gobierno del Poder Judicial con tareas concretas de definición estratégica y control político general.
- Definición de órganos a cargo de tareas y competencias claras y especializadas como un Consejo de Administración, para lo propio; un Consejo de la Judicatura encargado de regir la carrera judicial; un órgano disciplinario general (con algunas reservas a favor de la Corte Plena para la disciplina, en última instancia, de jerarcas).
- Fortalecimiento de los órganos auxiliares jurisdiccionales (Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial y Defensa Pública) bajo el concepto de máxima desconcentración, lo que asegura su permanencia en el ámbito del Poder Judicial, pero apuntando a una mayor autonomía.
Ciertamente, las recomendaciones señaladas por Arroyo fueron de conocimiento de la cúpula de la Corte, sin embargo la voluntad política fue escasa. Incluso, se podría decir que, la del mismo ex presidente de la Corte, el muy bien recordado Luis Paulino Mora. De 2005 al 2013, que falleció, no se implementaron ninguna de las más importantes (como separar las funciones jurisdiccionales de las administrativas).
Tal parece que la Corte, sus magistrados y los mismos ciudadanos y ciudadanas pecamos de ingenuos e ineptos, creyendo que porque las reformas están planteadas, el papel las hará realidad.
Vale la pena remitirse a las palabras del ex magistrado José Manuel Arroyo, el día que entregó el informe Arroyo expresó:
“En el futuro, quienes tengan la enorme responsabilidad de conducir los destinos de la administración de justicia en Costa Rica, no podrán alegar que no fueron visualizados los problemas y debilidades centrales a los que había que poner atención y darles respuesta.
Sin planificación, sin claridad de metas y sin definición de rumbos, no sería de extrañar que el Poder Judicial costarricense, se contagie de la enfermedad que ya padecen otros importantes componentes de nuestro diseño republicano”.
Sin duda fueron palabras pertinentes y visionarias, pero al leerlas me resulta imposible no sentirme contrariada. Pienso que por un lado no se puede pretender el bien común mediante reformas judiciales y por otro defender un sistema de jubilación escandaloso. Hay que cuestionar hasta dónde llega la voluntad política; al ex magistrado Arroyo no le cuestioné sobre las pensiones del Poder Judicial, pues durante la entrevista, con sutileza pero ahínco, señaló que el régimen es legal. Claramente mi pregunta estaba de más.
Sin embargo, en off, con Pink Floyd de fondo y antes de que se terminara su cerveza, con todo respeto le recalqué preguntando: don José Manuel pero, ¿usted sí está consciente que reciben pensiones por las que no cotizaron?
Lentamente sus tupidas cejas se arquearon, sus manos se movieron y de inmediato corté el momento incómodo: ¿me regala unas fotografías don José Manuel? Amablemente asintió y nos movimos de asiento. Sin mayor reparo lo retraté.
***
El sufrido vendaval judicial que ya descuenta un año podría despedirse de la concentración de poder que tantos pies han hecho despegar del suelo. De cara a un nuevo gobierno judicial, a cargo del magistrado de la Sala Constitucional Fernando Cruz Castro, parece que la voluntad política de pronto asoma la cabeza. No en vano es el magistrado disidente.
En una publicación, del 2003, titulada Reforma del Poder Judicial, la supervivencia de un ideario autoritario, el propio Cruz apunta que:
El autogobierno judicial, es un tema que no se ha discutido satisfactoriamente. No ha sido una prioridad política, porque no parece ser una necesidad visible del usuario.
La buena atención, la prontitud, son objetivos importantes, pero también lo es la democratización del sistema judicial que permita fortalecer la independencia real de cada uno de los jueces.
Existe la idea arraigada que el tema de la independencia sólo interesa a la institución y a los miembros de la cúpula judicial. (...) Existen pocas voces dentro o fuera del Poder Judicial que señalen la necesidad de introducir una reforma estructural del Poder Judicial que reduzca su verticalidad y propicie una mayor participación de todos los sectores de la judicatura.
Veremos cómo nos va y si se cumple lo que dijo Arroyo durante esta entrevista: nadie sabe quién es quién hasta que tiene poder.
