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El artículo 18 de nuestra Constitución Política demanda el deber de todos los ciudadanos a contribuir con las cargas públicas. Dicha colaboración no deviene en una contraprestación directa sino que parte de un principio de solidaridad. Es el precio que pagamos para vivir en sociedad, y acceder a servicios públicos e infraestructura. La importancia de contribuir no está en duda, así como tampoco la de los funcionarios públicos misma.

La Sala Constitucional ha dicho que la solidaridad conlleva el cumplir con deberes en favor de los demás, sin que necesariamente recibamos una contraprestación previamente definida, sea a través de impuestos o contribuciones a la seguridad social. Es decir, contribuimos a tener un Estado donde el menos favorecido reciba apoyo por parte del Estado para que pueda realizarse.

La solidaridad nace en relación con los trabajadores que no tienen garantías laborales, como seguro social, pensión, salarios mínimos, entre otros, lo cual afecta sus oportunidades y las de sus hogares.

Sin embargo, “para Álvaro Santos Pereira, director del Departamento de Economía de la OCDE, uno de los factores que influye en el aumento de los recursos de las personas de más altos ingresos es el crecimiento en los salarios del sector público, en especial, en instituciones públicas fuera del Gobierno Central”. Según el director, Costa Rica es el país de la región que más paga en salarios en el sector público respecto a los ingresos por impuestos que el Gobierno es capaz de recaudar.

Dicho factor, unido al incremento en la informalidad laboral, son los dos elementos que más han hecho aumentar la desigualdad en Costa Rica entre el 2010 y el 2015, según Santos. Es decir, debemos abocarnos en reducir la informalidad y controlar el gasto en salarios, antes de pensar en aumentar impuestos.

El debate no debería girar en torno a la igualdad (recompensas iguales para todos) sino en torno a la equidad (posibilidades iguales para todos) sentencia el Banco Mundial.  Sin embargo, eso es difícil cuando el Estado no se encuentra enfocado en sus deberes y la solidaridad se transforma en injusticia. Costa Rica mantiene un enorme sector público. Según el Ministerio de Planificación y Política Económica, sobrepasa las 330 entidades y dependencias. Todas y cada una se han inventado mil y un argumentos carentes de sentido para crear aumentos en sus salarios, todos a cargo del contribuyente y ninguno aparejado a la mejora de servicios o eficiencia.

Dichos aumentos, perpetúan aún más la desigualdad social y la injusticia, dado que no solo en etapa laboral disfrutan de beneficios salariales abusivos, sino que lo trasladan a su pensión, recibiendo montos por los cuales nunca cotizaron, y de nuevo, a cargo de un pueblo que no recibe ni un 50% de esos montos, aún y cuando en algunos casos aportaron más.

La solidaridad debe ir al régimen no contributivo de la seguridad social que hoy otorga pensiones de 78 mil colones mensuales, y no a pagar Mercedes-Benz y vacaciones a los Alpes de ex funcionarios públicos.

Es cierto es que el salario que deban percibir los funcionarios públicos debe ser acorde con sus funciones, responsabilidades y rendimiento, pero no para hacerse literalmente millonarios como está sucediendo en este país en un grupo realmente importante del sector público. Y cierto es también, que existe un sector público con salarios paupérrimos que son usados como peones a sacrificar por las cúpulas para perpetuar privilegios a costa de la injusticia con estos. Por ello, la discusión sobre privilegios no puede ser generalizada, debe ser vista caso por caso, dado que hay funcionarios con salarios acordes y otros por debajo de lo que debería.

Sin ponerle coto al gasto público, no existe reforma fiscal que financie el despilfarro, pero sin solidaridad fiscal no hay Estado que logre acometer sus fines. Por ende, todos tienen que ceder, y dichosamente, la Ministra de Hacienda viene haciendo las cosas como corresponde para caminar en esa dirección.